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La Municipalidad de La Molina inició un procedimiento administrativo sancionador contra Leonardo Zeus, un estudiante de enfermería de 23 años que voluntariamente dicta clases de baile a personas de la tercera edad, desde febrero de 2026, en los exteriores del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), en un espacio conocido como “la esquina de la dignidad”.
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La Municipalidad de La Molina inició un procedimiento administrativo sancionador contra Leonardo Zeus, un estudiante de enfermería de 23 años que voluntariamente dicta clases de baile a personas de la tercera edad, desde febrero de 2026, en los exteriores del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), en un espacio conocido como “la esquina de la dignidad”.
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La comuna entregó una notificación del proceso que establece un plazo de cinco días hábiles para que el profesor pueda presentar sus descargos, antes de ser multado con S/ 8,250 soles, equivalente al 150% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
La situación de Leonardo Zeus quedó expuesta luego de que se hiciera viral un video que muestra cuando un ciudadano, identificado como Jorge Ugarte, interrumpe las actividades y emplea calificativos denigrantes hacia el instructor de baile, quien denunció la agresión como una campaña de odio que habría provocado la cancelación de sus contratos laborales en colegios y gimnasios locales.
Luego de arengar contra la gestión municipal, vecinos de Miraflores participaron de una clase de zumba en el parque Itzhak Rabin. Foto: Jesús Saucedo. Foto: Jesús Saucedo
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO
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El subgerente de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad de la Molina, Jhorlan Nestares, precisó que la intervención responde a llamadas recurrentes de los residentes de la zona. “Los vecinos se quejan por la bulla, se quejan porque no pueden transitar libremente por las veredas, se quejan porque realizan actividades en los estacionamientos, no tienen dónde estacionar, entonces se está realizando un inadecuado uso del espacio público. Las actividades nosotros las medimos constantemente con el sonómetro y superan ampliamente los decibeles permitido”, aseguró.
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Nestares rechazó que se trate de una medida aislada o dirigida contra el joven y detalló que “anteriormente había una profesora y esta profesora también ha sido notificada y también se encuentra dentro de un procedimiento… de poco más de 6 meses”. Asimismo, desmintió las versiones sobre presuntos cobros arancelarios de entre 30 y 80 soles para acceder a las instalaciones del CIAM, calificando la denuncia como “totalmente falsa”.
El funcionario aseguró que los talleres del CIAM se brindan de forma gratuita al 100% y que, personalmente, intentó mediar con el grupo antes de proceder con las acciones regulatorias. “Se brindan talleres de taichí, de baile, de tejido a mano, tenemos talleres de natación… nunca se les ha limitado, personalmente yo he ido a la vía pública a invitarlos porque, previamente, a las notificaciones siempre hay una exhortación, y ellos se han negado y no han querido acatar las disposiciones municipales”.
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Por su parte, el instructor Leonardo Zeus manifestó su rechazo a las imputaciones de alteración del orden vecinal y sostuvo que siempre ha mantenido una actitud coordinada con el entorno urbano. “Vengo enseñando desde finales de febrero y nunca he tenido un problema, solo una vez una vecina dijo que estaba muy alto, se arregló con ella, se solucionó el problema con ella, se bajó el volumen y no hubo otros problemas”.
El abogado penalista Kevin Herrera, encargado de la defensa legal del afectado y de la Asociación del Adulto Mayor de La Molina, contradijo la versión de la Subgerencia de Fiscalización y aseveró que la notificación presenta vicios de nulidad de origen debido a que “no ha sido emitido por un ingeniero… no ha sido medido mediante un sonómetro para establecer si está fuera o no de los límites permitidos”.
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Por último, el abogado informó que la Municipalidad de La Molina enfrenta un juicio por presuntas irregularidades en el funcionamiento del CIAM, que devino en el cierre del centro.
El abogado defensor confirmó que el caso ya se encuentra judicializado ante la Corte Superior de Lima Este y precisó que “la audiencia preliminar es el 22 de julio a las 3:30 de la tarde”, instancia donde se evaluará la legalidad de las operaciones y las tasas del centro municipal.
