Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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El amanecer del 25 de abril fue diferente para Ricardo Acuña. A sus 19 años conoció dos expresiones que suelen pronunciarse sin pensar demasiado en ellas: correr por la vida y esconderse bajo una piedra. Aquella madrugada tuvo que hacer ambas cosas. Lo que debía ser una mañana de fútbol terminó convirtiéndose en una carrera desesperada para escapar de las balas.
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Los proyectiles impactaban la unidad desde direcciones imposibles de identificar para sus ocupantes, quienes no escucharon una orden de alto ni advirtieron la presencia de militares. Creían que se trataba de un asalto.
Los primeros disparos alcanzaron a Nilson, quien conducía el vehículo. Gravemente herido, perdió el control de la camioneta. La unidad se despistó y avanzó algunos metros más hasta quedar inmovilizada al borde de un precipicio. Pese a ello, los disparos no cesaron.
Cristian Vilcatoma Águila intentó salir por la puerta del copiloto, pero fue rápidamente alcanzado por la ráfaga de disparos. Murió casi de inmediato a consecuencia de heridas mortales en el tórax.
Al otro extremo del vehículo, en la tolva, viajaba Ricardo Acuña. Cuando comprendió que se encontraba en una situación de vida o muerte, decidió saltar de la unidad y correr hacia un barranco.
Los militares advirtieron el movimiento de Acuña y no dudaron en seguirlo: a pie y con balas. Mientras corría, escuchaba los disparos detrás de él, uno tras otro. En su desesperada huida atravesó la vegetación y llegó hasta una zona cubierta por plantas de penca. Los disparos continuaron y dejaron entre ellas el rastro del ataque. El joven, por fortuna, logró ocultarse detrás de una roca. Días después, los peritos encontrarían catorce perforaciones de bala en aquella penca.
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En la camioneta, al borde de la carretera, aún permanecían personas con vida que, al igual que Acuña, buscaban desesperadamente una forma de sobrevivir a un ataque tan letal.
Jhonatan Águila Gutiérrez decidió fingir que estaba muerto. No tenía posibilidad de correr ni de pedir ayuda; cualquier movimiento podía empeorar su situación. Creyó que lo matarían si descubrían que seguía respirando. Por eso permaneció inmóvil entre los cuerpos de sus compañeros mientras los militares se acercaban al vehículo.
Eber Soto Quispe tampoco entendía qué estaba ocurriendo. Estaba dormido cuando comenzaron los disparos. Despertó sobresaltado y preguntó a Jaime Bendezú Paraguay qué sucedía. La respuesta fue tan breve como aterradora:
—Nos están disparando por todos lados.
El otro extremo de la masacre
Al otro lado del camino, ocultos entre la vegetación y distribuidos estratégicamente en distintos puntos de la carretera, se encontraban ocho integrantes de la Compañía Especial de Comandos “Pachacútec” N.° 31 del Ejército del Perú. Aquella madrugada esperaban el paso de una camioneta que, según información de inteligencia, transportaba droga procedente del VRAEM.
Hoy, los ocho son investigados por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Se trata del capitán EP Luis Joel Montenegro Pardo, identificado como jefe de patrulla, así como de Brayan Antony Fernández Dett, Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Edis Marcos Guerra, Andy Jesús Sánchez Ríos, Jorge Luis Aguilar García, Américo Carlos Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano.
Según la tesis del Ministerio Público, a la que accedió en exclusiva El Comercio, los ocho militares participaron de manera conjunta y coordinada en un operativo antidrogas durante el cual se empleó fuerza letal de forma arbitraria, innecesaria y desproporcionada, ocasionando la muerte de cinco personas y dejando gravemente heridas a otras dos. Un tercer ocupante logró escapar del lugar.
Abuso del uso de la fuerza.
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Los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2026, aproximadamente a las 4:14 de la madrugada, en la carretera Ayacucho-Colcabamba, a la altura del Puente Milenio, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, Huancavelica. De acuerdo con la investigación fiscal, la zona no se encontraba bajo ninguna declaratoria de estado de emergencia.
La operación militar se originó a partir de información de inteligencia que alertaba sobre el presunto traslado de droga procedente de la zona del VRAEM. Como parte de las coordinaciones previas, el mayor José Carlos Alberto se trasladó desde la Comunidad Nativa San Antonio de Sonomoro hasta Jauja el 22 de abril de 2026. Antes había gestionado en Huancayo el apoyo de la 31.ª Brigada de Infantería, a través de la Compañía Especial de Comandos “Pachacútec” N.° 31. Una vez en Jauja tomó contacto con el capitán Luis Joel Montenegro Pardo para la ejecución del operativo.
La patrulla se movilizó con armamento de guerra, entre el que figuraban ametralladoras, lanzagranadas, granadas explosivas, granadas lacrimógenas y abundante munición. Todo ello sustentado, según la investigación, en la sospecha de que una carga de estupefacientes sería transportada por la ruta.
Militares salieron a realizar maniobras con más de 3.200 municiones, las mismas que gastaron en solo dos días.
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Aquella madrugada, una camioneta recorría la carretera transportando a Nilson Eduardo Montenegro Valencia, Cristian Vilcatoma Águila, Jaime Bendezú Paraguay, Wilder Romero Sevipaucar, William Núñez Soto, Eber Soto Quispe, Jhonatan Águila Gutiérrez y Ricardo Jeanpiere Acuña Quispe.
La Fiscalía sostiene que no existió fuego cruzado ni una agresión real e inminente contra los efectivos militares.
Los primeros disparos alcanzaron al conductor. Gravemente herido y perdiendo abundante sangre, Nilson Eduardo Montenegro Valencia perdió el control del vehículo. La camioneta salió de la vía, se despistó y terminó inmovilizada al borde de un precipicio.
Para el Ministerio Público, ese momento resulta determinante. Pese a que la unidad había quedado fuera de circulación, los disparos continuaron.
Cristian Vilcatoma Águila intentó salir por la puerta del copiloto. No lo logró. Murió tras recibir múltiples impactos de bala en el tórax.
Ricardo Jeanpiere Acuña Quispe logró saltar desde la tolva y correr hacia un barranco. Según la investigación, mientras escapaba continuaron disparándole. Durante su huida atravesó una zona de pencas hasta encontrar una roca de gran tamaño debajo de la cual logró ocultarse.
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La posterior inspección fiscal halló evidencia que, para el Ministerio Público, resulta compatible con ese relato. Junto a la planta de penca ubicada en la ruta de escape de Acuña Quispe se encontraron catorce perforaciones producidas por proyectiles de arma de fuego. También fueron hallados impactos de bala en el árbol contra el que terminó empotrada la camioneta.
Según la investigación, tras los primeros disparos los militares se acercaron a la unidad convencidos de que encontrarían droga.
No encontraron nada
La Fiscalía sostiene además que los efectivos regresaron posteriormente a la camioneta para continuar con la búsqueda de estupefacientes. Al no hallar ninguna sustancia ilícita, habrían dejado municiones en el interior del vehículo con la finalidad de sustentar posteriormente una versión de enfrentamiento armado.
Eber Soto Quispe, uno de los sobrevivientes, fue retirado de la camioneta e interrogado por militares que le exigían información sobre una presunta carga de droga. Recién después recibió atención médica.
Los sobrevivientes coinciden en un aspecto que la Fiscalía considera clave: ninguno logró advertir la presencia de militares antes de que comenzaran los disparos. Tampoco escucharon una orden clara para detenerse. Por el contrario, aseguraron haber oído disparos provenientes de distintas direcciones, lo que llevó a los investigadores a concluir que los agentes se encontraban ocultos al momento de ejecutar la intervención.
A las 6:20 de la mañana llegaron al lugar la fiscal adjunta Yanette Carrillo Cayllahua y dos efectivos policiales de la División de Intervenciones Especiales de la Dirandro. En ese momento, el capitán Luis Joel Montenegro Pardo informó que no se había encontrado ninguna sustancia ilícita y que los sobrevivientes habían sido trasladados a un centro de salud por personal militar que no participó en la intervención.
Poco después apareció Ricardo Jeanpiere Acuña Quispe. Estaba sin zapatos, temblando de frío, exhausto y en evidente estado de shock. Según la investigación, cuando se acercó al personal policial todavía era interrogado sobre la supuesta droga que transportaba el vehículo.
Según documentación revisada por este medio, la versión consignada por los militares en el acta de intervención policial fue distinta. En dicho documento señalaron que el vehículo no acató la orden de detenerse y que sus ocupantes efectuaron disparos, motivo por el cual respondieron al ataque.
Sin embargo, la investigación fiscal sostiene que los elementos reunidos hasta el momento contradicen esa hipótesis.
La inspección técnico-policial determinó que la camioneta presentaba 76 orificios de entrada, 43 orificios de salida, 21 orificios de reingreso y dos impactos compatibles con proyectiles de calibre 5.56 milímetros. Además, las lunas estaban destruidas y la carrocería registraba daños compatibles con una intensa descarga de fuego militar.
Los alegatos de alevosía en el ataque.
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En la escena se encontraron 44 casquillos calibre 5.56 x 45 milímetros. Asimismo, se verificaron perforaciones producidas por proyectiles de arma de fuego tanto en el árbol donde terminó impactada la camioneta como en la planta de penca ubicada junto al barranco por donde escapó Ricardo Jeanpiere Acuña Quispe.
Las necropsias practicadas a las víctimas concluyeron que todas presentaban un patrón homogéneo de lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, concentradas principalmente en zonas vitales como el cráneo y el tórax.
Nilson Eduardo Montenegro Valencia recibió 51 impactos de bala. Cristian Vilcatoma Águila recibió 16. Wilder Romero Sevipaucar recibió 12. William Núñez Soto recibió 8. Jaime Bendezú Paraguay recibió 3.
Otro elemento incorporado a la investigación es la declaración de Victoria Quispe, madre de Ricardo Jeanpiere Acuña Quispe. Según consta en un acta de entrevista realizada el 29 de abril, su hijo creyó inicialmente que estaba siendo víctima de un asalto. Relató que permaneció oculto debajo de una roca hasta el amanecer y que, al regresar al lugar, observó presencia militar.
También indicó que los efectivos le exigían información sobre droga, lo golpearon con armamento en la zona del oído y lo presionaron para firmar documentos cuyo contenido desconocía.
La mujer manifestó además que su hijo permanecía profundamente afectado por los hechos, con miedo constante, dificultades para dormir y temor a ser asesinado por militares, motivo por el cual solicitó protección policial y apoyo psicológico.
Para el fiscal provincial Johel Chamorro, a cargo de la investigación, uno de los aspectos más relevantes del caso es que la intervención militar ocurrió en una zona que no se encontraba bajo estado de emergencia. Según explicó, a la fecha de los hechos el distrito de Colcabamba estaba excluido de las disposiciones excepcionales vigentes, por lo que la actuación de las Fuerzas Armadas debía limitarse al apoyo de la Policía Nacional. “Bajo los alcances del Decreto Legislativo 1095, la intervención de los grupos de la fuerza del orden es únicamente en apoyo de la Policía Nacional y cuando sobrepase su capacidad. Entonces, este aspecto no se advierte en la intervención de los efectivos militares”, señaló.
El representante del Ministerio Público sostuvo además que la investigación no ha encontrado evidencias de una actuación conjunta entre militares y policías durante el operativo. Por el contrario, indicó que los agentes policiales y la fiscal antidrogas llegaron al lugar varias horas después de ocurridos los hechos. “No se advierte que efectivamente habrían participado también efectivos de la Policía Nacional del Perú, sino que únicamente la intervención fue con militares”, afirmó. Para Chamorro, estos elementos permiten advertir “un uso desproporcional y deslegitimado de la fuerza letal en esta zona de intervención”.
Respecto a los investigados, el fiscal indicó que todos ejercieron su derecho a guardar silencio durante las diligencias. Ante ello, la tesis fiscal se sostiene principalmente en las declaraciones de los sobrevivientes, las pericias practicadas en la escena y los protocolos de necropsia. “Los médicos legistas han advertido de que los impactos de bala hacia las víctimas han sido fundamentalmente en zonas directamente de alta letalidad. Estamos hablando de tórax y cráneo”, explicó Chamorro, quien precisó que la investigación se desarrolla bajo estándares internacionales de derechos humanos y uso de la fuerza, incluyendo los criterios establecidos en el Protocolo de Minnesota.
Casi dos meses después de aquella madrugada, la investigación ha llegado a una etapa decisiva. Este viernes 19 de junio, el despacho fiscal encabezado por el fiscal provincial Johel Chamorro, de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín, sustentará el pedido de prisión preventiva contra los ocho militares investigados.
