Durante la campaña y en medio de la incertidumbre por los resultados de la segunda vuelta, el argumento sobre la necesidad de cambiar el régimen económico de la Constitución fue nuevamente presentado por sectores que proponen una mayor intervención del Estado en la economía. No es un asunto menor. Cambiar las reglas que sostienen la estabilidad macroeconómica no resolverá las brechas de servicios de calidad presentes. Por el contrario, socavará un pilar institucional necesario para seguir reduciendo la pobreza.
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Uno de los cuestionamientos más frecuentes al régimen económico, sobre todo durante las elecciones, es que el crecimiento generado bajo este marco benefició principalmente a las grandes empresas y aumentó la desigualdad. No obstante, la evidencia de desarrollo social muestra lo contrario. En 2005, la tasa de pobreza extrema del Perú era de 25,4%, casi ocho veces la de Chile, según la medición del Banco Mundial. Para 2024, esta tasa se redujo a 5,1%, una de las mayores caídas registradas en América Latina. Este progreso estuvo asociado al crecimiento impulsado por la inversión privada, pero también requirió una expansión sostenida de la inversión pública, especialmente en infraestructura y servicios básicos. Así, en los últimos cinco años la inversión pública casi se triplicó, favorecida por los mayores ingresos fiscales asociados al crecimiento económico y a los altos precios del cobre. Esto a su vez desmiente otro mito sobre que las grandes empresas o el sector minero no pagan impuestos.
Además, suele afirmarse que la Constitución favorece a los monopolios y no protege adecuadamente la libre competencia en los mercados. Sin embargo, el artículo 61 obliga al Estado a promoverla y sancionar las prácticas que la restringen. Gracias a este marco institucional, el Perú se ubica entre los países latinoamericanos con políticas más efectivas para combatir conductas anticompetitivas.
A pesar de los avances alcanzados en las últimas décadas, el país aún mantiene importantes brechas. Por ejemplo, tres de cada cinco colegios públicos carecen de acceso adecuado a servicios básicos y más de la mitad de la red vial nacional se encuentra en condiciones inadecuadas. Estas carencias no son consecuencia del régimen económico de la Constitución, sino de la debilidad de las instituciones y de las limitaciones del Estado para cumplir adecuadamente sus funciones. En ese contexto, el debate constitucional aparta deliberadamente la atención de las reformas necesarias para que el Estado garantice la provisión de mejores servicios públicos y el desarrollo de los peruanos.
