Al momento de escribir esta columna, el resultado de la elección presidencial aún no está definido. Sin embargo, independientemente de quién resulte ganador, se identifican tres temas prioritarios, de corto plazo, que deberá enfrentar la próxima administración.
El primero, sostener el impulso que viene mostrando la economía en lo que va del año. El crecimiento se ha ubicado alrededor del 3,5%, con una buena composición por el lado sectorial, ya que el soporte viene de los sectores no extractivos (no primarios) como construcción y comercio. Por el lado del gasto, la demanda interna está expandiéndose a un ritmo mayor que el crecimiento del PBI, con una tasa de 6,6% en el primer trimestre, en tanto que la inversión privada creció 13,2%. Asimismo, el mercado laboral sigue mostrando un desempeño positivo: el empleo formal generado por el sector privado creció 5,7%. Así, el próximo gobierno recibirá una economía en expansión, la que seguirá favorecida por el entorno internacional de altos precios de los minerales que exportamos.
Para mantener o incluso acelerar estas tendencias, el gobierno entrante deberá dar señales que reduzcan la incertidumbre con el objetivo de sostener la inversión privada y la creación de empleo. Para esto se requiere que las nuevas autoridades dejen atrás la retórica de la campaña electoral y den garantías de que se mantendrán las reglas con las que ha venido operando la economía desde hace más de 30 años.
En segundo lugar, se debe atacar la inseguridad ciudadana. Diversos indicadores de actividades criminales se han elevado rápidamente en los últimos años. La inseguridad desvía recursos que pueden ser utilizados para la inversión. En BBVA Research estimamos que los recursos que dedicamos para protegernos de la delincuencia ascienden a 3,1% del PBI (o más de US$10 mil millones). Contener y reducir los niveles de inseguridad requerirá gastar más y bien en inteligencia, preparación y equipamiento para la policía.
Un tercer tema es la adopción de acciones para fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas. El Congreso saliente ha venido promulgando leyes con impacto fiscal negativo, muchas de ellas constitucionalmente cuestionables. Según cálculos del Consejo Fiscal, estas medidas tendrían un costo superior a los S/ 13 millones por año. Si estas no se revierten o compensan, en promedio, estimamos que el déficit fiscal pasaría de 1,9% del PBI en el que se ubica actualmente a alrededor de 3,5% como promedio. Como resultado, en cinco años, la deuda pública superaría el 40% del PBI (actualmente, en 29,3%), lo que pondría en riesgo la calificación crediticia del gobierno e inducir tasas de interés más altas para todos. El nuevo gobierno deberá presentar demandas de inconstitucionalidad sobre varias de estas leyes ante el Tribunal Constitucional.
Los retos económicos de corto plazo que tendrá la siguiente administración no son menores. Enfrentarlos adecuadamente requerirá de una dosis de pragmatismo, de menos ideología y de aceptar que las expectativas cumplen un rol importante en la economía. ¿Tendremos este tipo de gobierno que con sus acciones eleve el crecimiento y el bienestar social? Solo el tiempo lo dirá.
