Dentro del Congreso se encuentra un proyecto de ley que propone volver a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) un organismo regulador.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Por su parte, Alberto Barnechea, profesor del programa de Liderazgo y Gestión Estratégica de la Salud de la Universidad del Pacífico, indicó que actualmente el rol de Susalud es muy limitado, dedicándose a la supervisión y una actuación reactiva.
“No tiene competencias para, por ejemplo, crear normas, establecer reglas de juego, elaborar documentos técnicos o establecer tarifas”, apuntó.
Explicó que la propuesta le da una autonomía a Susalud frente a las competencias del Minsa. Y es que, consideró, actualmente hay un conflicto de interés, porque Susalud supervisa los hospitales de Lima que están a cargo del Minsa, lo que puede afectar sus labores frente a decisiones políticas.
Agregó que el Minsa tiene problemas en capacidad técnica. Además, sostuvo que las normas emitidas por el ministerio, que aplican para el sector público y privado, se encuentran en distintos casos obsoletas.
Por otro lado, sostuvo que también habría una independencia de financiamiento, empoderando a Susalud y para que pueda contratar personal especializado.
La ACP sostuvo que dentro de la propuesta también se modifica la Ley General de Salud para indicar que las prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación sean constituidos como servicios públicos.
Sostuvo que pasar el concepto de ‘servicio de interés público’ a ‘servicio público’, le otorgaría al Estado la titularidad total sobre la salud y las instituciones privadas pasarían a ser operadores.
Con ello, el Estado determinará a qué instituciones privadas les permitirá realizar una actividad determinada mediante un mecanismo de concesión, además de establecer una tarifa a cobrar, consideró. Esto último generaría un control de precios, sostuvo el gremio.
“El sistema de salud peruano está definido como un servicio de interés público. El Estado efectivamente desarrolla la actividad. El sector privado en salud se organiza como otra institución en cualquier nivel de servicio o comercio”, señaló.
Explicó que actualmente se puede crear una institución privada de salud bajo los parámetros de la Sunat, registros públicos y realizando distintos trámites ante la autoridad sanitaria -el Minsa- para demostrar que brindan el servicio de salud con un nivel de seguridad.
En caso se apruebe y promulgue este proyecto, Ramos apuntó que la actividad de salud ya no sería de libre participación privada, pues el Estado definiría quiénes pueden desarrollarla.
En ese sentido, apuntó que 11.000 establecimientos privados se verían impactados y cerrarían. “El 95% de esos establecimientos son de primer nivel y el 47% de esos 11.000 son personas naturales y personas con negocios”, añadió.
“El problema real de la salud en Perú es que tenemos un sector público que atiende y afilia a las personas y no cumple su rol ni su oferta de servicio”, apuntó.
Por su parte, Barnechea indicó que, con la norma, el Estado no pasa a tener un control total en el sistema de salud, sino que establece las normas para el funcionamiento de la actividad o para modelar comportamientos o conductas no deseadas.
Barnechea también consideró que se puede mejorar la propuesta respecto a la conformación del directorio de Susalud, para que no se elijan funcionarios sin competencias o con falta de capacidad.
