Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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Al cierre del 2025 la pobreza monetaria en el Perú se situó en 25,7% de la población; una leve mejora frente a las cifras del 2024, pero que aún dista de las cifras que los niveles de pobreza que el país ostentaba antes de la pandemia. Javier Herrera, profesor visitante del Departamento de Economía de la PUCP, conversó con El Comercio sobre esta situación y sobre el escenario de inseguridad alimentaria que el país enfrenta.
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Solo puedo suponer que hay dos razones. Una es el costo político de rehacer el padrón de beneficiarios: eso supone eliminar a algunos y añadir a otros. La otra razón puede ser el presupuesto. Para focalizar a la población urbana, se debe ampliar el número de personas beneficiarias de distintos programas —sea cual sea el que se defina—, y eso tiene que ser presupuestado. Eso depende de voluntad política y de una coalición política que, hasta la fecha, no ha considerado esto como una prioridad. Entonces, más allá de discutir con qué indicador medimos o no la pobreza, está el tema de la voluntad política para diseñar, implementar y dotar de recursos para que exista una política intersectorial que permita tratar este problema.
Claro, y quienes están pagando la factura de la crisis política son los pobres. Los que llevan la peor parte de la crisis política son las personas en situación de pobreza, porque se han debilitado las instituciones encargadas de implementar las políticas públicas. Hay incapacidad para ejecutar políticas públicas y también debilidad en la capacidad técnica para el diseño de políticas adaptadas a situaciones que no habían sido consideradas, como el caso de la pobreza urbana. Ha habido, en el propio Midis, una reflexión sobre una estrategia de política de lucha contra la pobreza urbana. Hace casi diez años yo mismo participé en reuniones sobre ese tema. Eso es lo que desespera, o lo que desanima: existe reflexión sobre la necesidad de reconocer que el problema existe, que hay una necesidad latente de implementar políticas específicas, pero seguimos atascados. Yo pienso que es por razones de debilidad política y de debilidad institucional; ambas van de la mano.
Esto también tiene que ver, como decía, con los recursos que se van a asignar o reasignar, para ver cuál es más eficaz para reducir la pobreza.
También tiene que ver. Muchas veces se tiende a pensar: “La inflación ya bajó a casi cero; estamos con la inflación más baja en los últimos 75 años”. Eso fue cierto el año pasado. Pero eso no significa que los salarios estén mejor, o que algunos precios no se hayan mantenido elevados después de los episodios inflacionarios. Lo más preocupante hoy es que la inflación está repuntando en prácticamente todos los países del mundo, porque los precios del petróleo y la gasolina se han disparado. Eso va a tener varias consecuencias directas sobre el costo del transporte de manera inmediata, sobre el costo de transporte de alimentos, de personas, y, también, sobre derivados del petróleo como la urea, que se utiliza mucho en la agricultura.
AGRICULTURA CAMPOS DE CULTIVO
/ HEINER APARICIO
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Se va a ver afectada, de todos modos. En el 2022 el costo de la canasta básica total subió casi 9,8%, y el de la canasta básica de alimentos subió 12,4%. Eso significó un incremento sustantivo de la pobreza; únicamente debido a ese factor. Para el año pasado, cuando el alza de precios fue menor, la canasta básica subió 2%, y solo eso implicó que la pobreza se situara 1,2 puntos porcentuales más alta de lo que hubiera sido sin ese aumento de precios. Ahora podríamos tener el doble de inflación: ya no 2%, sino 4%. Actualmente ya tenemos una inflación anual de 3,7% a nivel nacional y varios departamentos ya están por encima del 4%, incluida la capital. Lima tiene una inflación anual de 4,01%. En Abancay, Huancayo, Arequipa y Moquegua la inflación está en torno a niveles de 4,6%; y en Puerto Maldonado, ni hablar, está en 6%. Eso va a tener un impacto sobre la pobreza y estamos completamente desarmados, porque ningún sector ha anticipado algo que todo el mundo sabe que va a ocurrir.
Va a haber un impacto por la inflación importada, que luego tendrá su propia dinámica interna. El tipo de cambio ya se ha visto impactado por la inestabilidad política: en los últimos días, el sol se ha depreciado frente al dólar debido a la incertidumbre sobre el contexto político que estamos viviendo. Eso significa que se van a encarecer las importaciones, y también va a contribuir al alza de precios. Estamos en un contexto preinflacionario que no está siendo debidamente anticipado por las políticas públicas y, si no se hace nada, esto tendrá consecuencias muy fuertes sobre la incidencia de la pobreza. Como se dijo en la presentación, el Perú ya es uno de los cuatro países de la región que no han logrado revertir el incremento en pobreza del COVID-19. No hemos regresado al nivel de 2019: estamos todavía 5,5 puntos por encima de ese nivel, a pesar de que, en términos acumulados, el PBI ha crecido más de 10 puntos porcentuales.
Es verdad que el BCR dispone de instrumentos para intervenir en el mercado cambiario, vendiendo o comprando dólares en el mercado. Pero esto tendrá una importancia creciente en la medida en que las presiones sobre el dólar sean mayores. Eso tiene que ver con la incertidumbre del contexto internacional, debido al conflicto entre Irán y Estados Unidos y ante el bloqueo de la salida de barcos petroleros, que va a tener un impacto duradero. Las refinerías han parado su producción porque no pueden seguir llenando los buques petroleros, y reiniciarla va a tomar meses. Entonces, la presión al alza sobre el precio del petróleo va a continuar. El Banco Central va a tener que tomar medidas, quizá innovadoras, para controlar la inflación; pero al mismo tiempo enfrenta un dilema muy grande por la demanda interna. ¿Cómo hacer para pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo? Esa será la tarea más compleja para el BCR.
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El problema ahora es el MEF. El BCR está acostumbrado a manejar la política monetaria, pero la otra pata de la política pública es la política fiscal, que tiene que ver con gastos e impuestos. Si al mismo tiempo se abren forados en la base tributaria, con exoneraciones innecesarias a agentes económicos que ya no las necesitan; y, al mismo tiempo, si el Congreso sigue emitiendo leyes que implican mayor gasto, esto va a ampliar el déficit fiscal. Y ni siquiera por buenas razones, sino por incrementos de gasto completamente inútiles y que no tienen impacto productivo.
Primero tiene que haber una coalición política que reponga el orden. No es posible que el Congreso continúe atribuyéndose la capacidad de aprobar leyes que implican mayor gasto cuando, por la propia Constitución, eso está prohibido. Tiene que cesar esa “interpretación auténtica” de la Constitución que permite al Congreso seguir ahondando el déficit público. Eso es lo primero que tendría que corregirse. El Tribunal Constitucional tendría que “ponerse los pantalones”, por así decirlo, para detener esta situación. No podemos seguir en este camino. Ya lo dijo el Consejo Fiscal: estamos en una trayectoria que quizá será irrecuperable, porque el riesgo país va a aumentar y, al hacerlo, la tasa de endeudamiento —la tasa de interés a la cual el Perú podrá endeudarse— será más elevada. Eso generará mayor déficit público. Vamos a entrar en una espiral de déficit de la cual será difícil salir, y ya sabemos hacia dónde nos lleva.
Lo primero es reconocer que esto va más allá de la población en pobreza extrema. Va más allá de aquellos que no pueden comprar la canasta básica de alimentos: afecta también a quienes están en pobreza no extrema y a quienes están en situación de vulnerabilidad. Se tiene que aplicar una política con amplia cobertura, y esto pasa, en primer lugar, por la información sobre los aportes nutricionales de los alimentos, porque no puede ser que tengamos, a la vez, un problema de obesidad. Incluso dentro de las mismas familias se observa esta doble carga ante la mala nutrición: obesidad y sobrepeso —que están aumentando peligrosamente y conducen a enfermedades crónicas, como diabetes y enfermedades cardíacas— y, por otro, déficit calórico, que tiene que ver con el consumo de “calorías vacías” y con la insuficiencia en la cantidad de alimentos.
Otro punto es que estas medidas deben ir más allá de las instituciones del Estado. En la sociedad civil organizada existen las ollas comunes; ahí ya hay una manera de llegar a la población y se tiene que garantizar que estas lleguen a las zonas de mayor pobreza urbana. […] Hay que reconocer quiénes son, ponerles rostro y aplicar políticas hacia esa población que se encuentra en la mayor situación de pobreza.
