El Poder Judicial sentenció a cinco años de prisión suspendida al general de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro, Máximo Sánchez Padilla por el incremento ilícito de su patrimonio por un monto superior a los 250,000 soles durante el ejercicio de sus funciones.
El Poder Judicial sentenció a cinco años de prisión suspendida al general de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro, Máximo Sánchez Padilla por el incremento ilícito de su patrimonio por un monto superior a los 250,000 soles durante el ejercicio de sus funciones.
El sentenciado deberá cumplir un periodo de prueba de cuatro años bajo reglas de conducta específicas. La fiscalía anticorrupción de Lima Centro logró esta condena en primera instancia tras demostrar el origen injustificado de los fondos del exmando policial.
LEE: Óscar Arriola: “Escoltas no pueden conducir vehículos ni de funcionarios ni de terceros”
La fiscal adjunta Katerin Yeni Ramírez Ccopa acreditó ante el juzgado que Sánchez incrementó su fortuna en S/ 250,190.56 entre los años 2010 y 2015. En ese lapso, el oficial ocupó cargos de mando en zonas estratégicas como el Huallaga y el Vraem, además de dirigir la Región Policial Junín.
🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción de Lima Centro (Tercer Despacho) logró que se condene en primera instancia al exgeneral de la Policía Nacional del Perú, Máximo Sánchez, por incrementar ilegalmente su patrimonio en más de S/ 250 000, entre 2010 y 2015.
🗞️… pic.twitter.com/Y8WdLUrmwC
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 28, 2026
Una pericia financiera reveló que el exgeneral realizaba depósitos masivos en cuentas a plazo fijo que alcanzaron los S/ 400,000. Sin embargo, en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, Sánchez afirmó bajo juramento no poseer ahorros ni inversiones. El Ministerio Público calificó este hecho como un ocultamiento deliberado de activos para evadir el control estatal.
Durante el juicio oral, el exoficial no pudo justificar la legalidad de los fondos encontrados en su patrimonio personal. La defensa sostuvo que el dinero correspondía a ahorros familiares o a un estilo de vida austero, pero estos argumentos fueron rechazados por el tribunal. Los depósitos bancarios contradijeron la situación financiera reportada oficialmente por el imputado durante su trayectoria institucional.
La sentencia impone también el pago de una reparación civil total de S/ 300,190.56 a favor del Estado. Este monto comprende la devolución íntegra del capital defraudado y una indemnización por el daño causado a la imagen de la administración pública. Asimismo, el Poder Judicial dispuso la inhabilitación del sentenciado para ejercer cualquier cargo público durante el periodo de un año.
