La Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), impulsada como parte de la modernización del aparato electoral, buscaba agilizar la transmisión de información desde los locales de votación en Lima. Sin embargo, su ejecución evidenció que la eficiencia tecnológica depende directamente de una logística operativa adecuada.
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Entre las principales fallas reportadas se encontraron problemas de conectividad, dificultades para reconocer códigos de acceso y equipos que no funcionaban adecuadamente. Estas incidencias, también advertidas por la Defensoría del Pueblo, impidieron que muchas mesas pudieran instalarse con normalidad. A través de redes sociales, miembros de mesa señalaron que, pese a que durante las pruebas previas no se registraron inconvenientes, el día de la elección el sistema presentó múltiples errores, esto los llevó a optar por el registro físico en cuadernos.
Frente a esto se añaden cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del personal asignado para asistir en el uso del sistema. Aunque la ONPE dispuso la presencia de coordinadores de mesa STAE, usuarios indicaron que estos no contaban con la capacitación suficiente para resolver los problemas técnicos en tiempo real.
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Según explicó el especialista electoral José Villalobos, en una entrevista con El Comercio, parte de las fallas también se debió a limitaciones básicas de infraestructura, como la falta de electricidad o una conexión estable a internet en algunos locales.
Por su parte, Erick Iriarte, especialista en derecho digital, advirtió que los problemas registrados —como laptops inoperativas, errores de acceso y fallas de internet— impidieron que la herramienta opere según lo previsto, generando retrasos en lugar de agilizar el proceso.
Asimismo, en una declaración para Exitosa noticias, cuestionó que estas deficiencias no hayan sido detectadas durante las pruebas piloto, aquello evidenciaría falencias en la evaluación previa del sistema antes de su aplicación en los comicios.
Cabe recordar que el STAE es un sistema implementado por la propia ONPE. Si bien el costo de su creación no se ha detallado de forma específica, la inversión para su aplicación está incluida dentro del presupuesto electoral general. Para el caso de las Elecciones 2026 se destinó S/ 4 mil millones.
¿Qué opinan los expertos?
El abogado penalista y especialista en cibercrimen, Ricardo Elías Puelles, explicó para El Comercio que sistemas como el STAE deben cumplir con estándares básicos de ciberseguridad que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información electoral. Señaló que, antes de su implementación, es clave verificar que los datos estén correctamente protegidos —evitando filtraciones, pérdidas o alteraciones— y que el sistema haya sido previamente supervisado. Asimismo, destacó que el funcionamiento de estas herramientas no depende solo del software, sino también de la capacitación del personal y de condiciones logísticas adecuadas, como conectividad y acceso a energía, durante su ejecución.
En esa línea, advirtió que es necesario diferenciar entre fallas por negligencia operativa —como la falta de planificación o ausencia de contingencias— y riesgos propios de la seguridad informática, como posibles ciberataques o sabotajes. De cara a futuros procesos electorales, recomendó fortalecer la supervisión externa del sistema, mejorar los planes de prevención y contingencia, y asegurar que el personal encargado cuente con el perfil y la capacitación adecuados. Estas medidas, indicó, son fundamentales para reducir vulnerabilidades y evitar cuestionamientos sobre la seguridad del proceso electoral.
El especialista en temas electorales y políticas públicas, Jorge Jáuregui, explicó en una entrevista para El Comercio que este tipo de soluciones tecnológicas, como lo es el sistema STAE, disminuye la cantidad de actas observadas, uno de los principales factores de retraso en los cómputos electorales. No obstante, advirtió que su implementación enfrenta limitaciones estructurales en el país, como la falta de acceso uniforme a electricidad e internet, así como restricciones presupuestales.
Respecto a las fallas registradas durante la jornada electoral, Jáuregui, indicó que estas responderían principalmente a problemas logísticos, más que a deficiencias tecnológicas o de planificación. En ese sentido, consideró inusual lo ocurrido con la distribución del material electoral, dado que —según su experiencia— la ONPE suele tener un control riguroso en las etapas de despliegue y repliegue.
La responsabilidad política y administrativa del proceso recae en la ONPE, pero la empresa contratada debe responder por el incumplimiento.”
Jorge Jáuregui, experto en políticas públicas.
Finalmente, sostuvo que, de cara a futuros procesos, es clave reforzar la supervisión en la ejecución logística y realizar una evaluación exhaustiva de lo ocurrido, sin que ello ponga en cuestión la validez de los resultados electorales.
Pese a que la ONPE había sostenido que el STAE permitiría acelerar la entrega de resultados, lo ocurrido durante la jornada evidenció brechas entre el diseño del sistema y su aplicación en campo. La imposibilidad de utilizar la herramienta en varias mesas, incluso en Lima Metropolitana y Callao —zonas con mayor acceso a servicios—, plantea interrogantes sobre la viabilidad de su implementación a mayor escala sin antes garantizar condiciones técnicas y logísticas adecuadas.
Sucesos que no deben repetirse
Ante esta situación, se le suman situaciones que reflejan problemas estructurales en la organización electoral. Personal de la ONPE permaneció más de 24 horas en los locales de votación, evidenciando una sobrecarga laboral y falta de previsión en la gestión de recursos humanos. De igual manera, una extensa fila de camiones quedó varada en los exteriores del almacén de la ONPE en Lurín, a la espera de entregar material electoral trasladado desde diversos distritos de Lima, revelando fallas en la coordinación logística posterior a la jornada.
Siguen llegando camiones con material electoral del ONPE descargan en los almacenes los insumos usados en la fecha comicial. (Fotos: Julio Reaño / GEC.)
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Lo ocurrido durante estas elecciones no solo cuestiona el desempeño de una herramienta tecnológica, sino también la capacidad operativa del sistema electoral en su conjunto. Los especialistas advierten que la implementación de soluciones digitales como el STAE exige no solo inversión, sino también condiciones técnicas y logísticas adecuadas que garanticen su funcionamiento en campo.
Coincidieron en que la modernización del sistema electoral no puede sostenerse únicamente en la incorporación de tecnología. Sin una planificación integral y una ejecución eficiente, los avances corren el riesgo de convertirse en nuevos focos de vulnerabilidad. Garantizar procesos ágiles, ordenados y confiables sigue siendo un desafío pendiente para las autoridades electorales.
