Los problemas presentados en la entrega del material para el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 en Lima sur siguen trayendo consecuencias, sobre todo en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que es cuestionada por no tomar las previsiones necesarias para evitar que más de 50 mil personas no puedan sufragar en su momento debido a que no se instalaron las mesas de sufragio en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.
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Juan Alvarado denunció, el 23 de noviembre de 2016, en la comisaría de San Juan de Lurigancho que se le extravió la placa de su vehículo cuando la retiró debido a que su parabrisas sufrió daño. Otro hecho extraño sucedió el 10 de diciembre de ese mismo año, ya que, según reportó, se le perdió una placa de rodaje de su camión cuando se dirigía de la zona de Puente Nuevo a la Av. Wiese.
En noviembre del 2020, Alvarado Pfuyo indicó en una dependencia policial del Cercado de Lima que al momento de ingresar a un restaurante, en el cruce de la Av. Nicolás de Piérola y jirón Ayacucho, se percató que no contaba con su billetera, en cuyo interior se encontraba la tarjeta de propiedad de un vehículo. Solo cuatro días después, él también denunció la pérdida de su billetera cuando transitaba por la zona de Mesa Redonda y que en el interior del accesorio había tarjetas de identificación vehicular de dos automóviles.
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El gerente general de la empresa Galaga no solo denunciaba la “pérdida” de placas de rodaje, pues también lo hacía por el extravío de una guía de la Sunat, lo cual ocurrió el 3 de marzo del 2023.
Además, Juan Charles Alvarado Pfuyo fue intervenido en la avenida San Martín (San Juan de Lurigancho), el 4 de julio del 2011, por conducir un vehículo que no contaba con el permiso para usar lunas oscurecidas. Asimismo, el 22 de julio de 2016 protagonizó un choque en la avenida Canto Grande, donde dos personas resultaron heridas.
También denunció que, el 15 octubre del 2019, uno de los camiones de su empresa sufrió una volcadura luego que otra unidad le cerrara el paso en la Línea Amarilla. Alvarado Pfuyo también fue denunciado por presuntamente golpear, el 29 de julio de 2023, a un mototaxista por impedir el ingreso de su vehículo a su domicilio, a la altura del paradero 14 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho.
La defensa de Galaga
A través de un comunicado, Galaga trató de defender de las imputaciones lanzadas por la ONPE. La empresa señaló que las demoras presentadas en la etapa final del proceso de distribución del material electoral “no responden a incumplimientos contractuales” de su parte, sino “a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa”.
En ese contexto, rechazó “cualquier afirmación que pretenda atribuirle de manera exclusiva las dificultades presentadas”, pues aseguró que responden a un “proceso logístico complejo que involucra a múltiples actores y responsabilidades compartidas”.
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“Nuestra empresa ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia del servicio contratado, los cuales se encuentran debidamente sustentados y documentados”, indicó Galaga en su pronunciamiento.
“El servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE, dependiendo en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas definidas por la propia entidad”, agregó.
Por ello, Galaga solicitó a la ONPE que emita “aclaraciones” y ofrezca disculpas públicas por los perjuicios ocasionados a su “imagen institucional”. Remarcó que entregó a la Policía en presencia del Ministerio Público toda la información referente al contrato con la entidad electoral.
Contraloría había alertado a la ONPE sobre retrasos en la entrega de material electoral por parte de Galaga
Una posible afectación al traslado del material de las Elecciones Generales 2026 por ineficiencias de la empresa Galaga fue advertida por la Contraloría tras realizar una visita a un local de la ONPE el último viernes.
Guzmán Vera, funcionario de la Contraloría, explicó que se constató, durante la visita al local de la ONPE, que los vehículos de Galaga salían varias horas después del horario en que estaban programados, lo cual fue alertado a la entidad electoral, pero esta respondió que el tema se iba a regularizar.
“El último viernes (Contraloría) se constituyó a ver cómo se estaba distribuyendo el material electoral y ahí ya encontramos unos indicios, por ejemplo, en que los vehículos que deberían salir a las 10 de la noche terminaban saliendo a las 3 o 4 de la mañana (del sábado). Entonces, esas mismas actividades se repitieron al punto que el último vehículo que había salido de la sede de Lurín había sido a las 6 de la mañana (del domingo), cuando este debía salir a la medianoche del sábado”, expresó el funcionario.
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“La ONPE tenía pleno conocimiento del informe de control que emitió la Contraloría sobre las posibles contingencias que podría generar la ejecución contractual. Vemos en la actualidad que existió una indebida programación, una inadecuada ejecución de ese contrato que lamentablemente ha impactado en la distribución del material electoral”, agregó.
También recordó que se notificó a la ONPE en marzo pasado respecto a que, de acuerdo con el contrato con la empresa, la oferta que había presentado Galaga tenía “ciertas inconsistencias que podrían impactar en la ejecución del servicio”. En ese contexto, El Comercio accedió a un documento de la Contraloría, con feha del 24 de marzo, en el que alerta de que la empresa no había acreditado que los conductores cuentan con la experiencia mínima de un año para manejar camiones tipo furgón.
