El Perú es, por naturaleza, un país minero. Por la abundancia de sus recursos y por el rol que tiene la actividad en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, sobre todo a nivel regional. El gran obstáculo a superar es la incapacidad del Estado para traducir estos recursos en bienestar tangible para la población.
La minería aporta, a través del impuesto a la renta, canon, sobre canon y regalías, miles de millones de soles cada año. El verdadero problema es la baja capacidad de ejecución, la fragmentación institucional y la ausencia de mecanismos eficientes que permitan cerrar brechas en las zonas de influencia de los proyectos. No basta con generar recursos; es indispensable gestionarlos adecuadamente para que se traduzcan en desarrollo real.
En este contexto, se requiere una propuesta concreta, ambiciosa y, sobre todo, ejecutable: la conformación de un equipo de élite multisectorial, con capacidad operativa y respaldo político, encargado de intervenir de manera integral en proyectos piloto a nivel nacional.
La lógica es simple: priorizar. En lugar de dispersar esfuerzos en todo el territorio, el Estado debe concentrar recursos, capacidades técnicas y gestión en, por ejemplo, diez proyectos mineros estratégicos. Estos pilotos deben ubicarse en distintas regiones del país y convertirse en casos emblemáticos de cómo la minería genera desarrollo.
Este equipo —conformado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Transportes, Vivienda, Salud, Educación, entre otros— tendría como mandato no solo destrabar inversiones, sino intervenir directamente en el territorio. Esto implica articular a los tres niveles de gobierno, acompañar la ejecución de proyectos de inversión pública y asegurar que los recursos provenientes de la minería se utilicen de manera eficiente.
Un componente clave de esta propuesta es la creación de fideicomisos para la administración de los recursos generados por la actividad minera en estas zonas. Este mecanismo permitiría garantizar que los fondos se destinen exclusivamente al cierre de brechas en infraestructura, salud, educación y servicios básicos, evitando su dispersión o uso ineficiente.
Sin embargo, este esfuerzo debe complementarse con una visión de largo plazo a nivel nacional. En esa línea, resulta pertinente evaluar la creación de un fondo soberano que canalice una parte de los ingresos extraordinarios provenientes de la minería. Este fondo no solo permitiría estabilizar el uso de los recursos frente a la volatilidad de los precios internacionales, sino también asegurar una asignación estratégica orientada al cierre de brechas estructurales en el país.
Un fondo de esta naturaleza —con reglas claras, gobernanza técnica e independencia operativa—destinaría recursos a proyectos de alto impacto en infraestructura, educación, salud y conectividad, priorizando aquellas zonas donde la minería tiene presencia directa. Asimismo, permitiría ahorrar en períodos de altos precios de los minerales para invertir de manera contra cíclica cuando las condiciones fiscales sean más restrictivas.
No se trata de crear más burocracia, sino de introducir un mecanismo que ordene, planifique y maximice el impacto de los recursos que ya genera la minería. Países con fuerte dependencia de recursos naturales han demostrado que, con instituciones adecuadas, es posible transformar ingresos volátiles en desarrollo sostenido.
No se trata de inventar nuevos recursos, sino de asegurar que los existentes cumplan su propósito. La evidencia es clara: en múltiples regiones del país, los niveles de ejecución del gasto público siguen siendo alarmantemente bajos, incluso en sectores críticos. Esta ineficiencia no solo retrasa el desarrollo, sino que erosiona la legitimidad de la inversión minera frente a las comunidades.
Y aquí radica el punto central: la sostenibilidad de la minería no depende únicamente de factores económicos o regulatorios, sino de su aceptación social. Si las poblaciones perciben que la minería no mejora su calidad de vida, el conflicto es inevitable. Pero si, por el contrario, ven que esta actividad se traduce en mejores colegios, postas de salud, carreteras y servicios básicos, se convierten en sus principales aliados.
El objetivo debe ser claro: transformar a las comunidades en el principal frente de defensa de la inversión. No desde el discurso, sino desde resultados concretos. Que la población entienda —y experimente— que la continuidad de la actividad minera está directamente vinculada a su propio bienestar y al de sus familias.
Esto, además, genera un círculo virtuoso. Más inversión minera implica más empleo, mayor dinamismo económico local, mayor recaudación y, si se gestiona correctamente, mejores servicios públicos. Es el tipo de desarrollo que el país necesita: descentralizado, sostenible y basado en la inversión privada.
El Perú tiene una oportunidad enorme. A nivel internacional, seguimos siendo percibidos como una plaza atractiva para la inversión. Pero esa percepción no es inagotable. La competencia es creciente y los inversionistas requieren señales claras de estabilidad, predictibilidad y capacidad de gestión.
Por ello, más que grandes anuncios, lo que se necesita es capacidad de ejecución. Un equipo de élite, proyectos piloto bien gestionados y mecanismos transparentes como los fideicomisos pueden marcar la diferencia. No se trata de reinventar el Estado, sino de hacerlo funcionar donde más se necesita.
La minería puede —y debe— ser un motor de desarrollo para el país. Pero para lograrlo, es indispensable cerrar la brecha entre los recursos que genera y el bienestar que debería producir. Esa es, en esencia, la tarea pendiente. Y también, la gran oportunidad.
