El Gobierno oficializó este sábado 28 de marzo la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario.
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Asimismo, se mantiene suspendido el derecho a la libertad y seguridad personales de los ciudadanos en las jurisdicciones mencionadas.
El Ejecutivo sustentó la decisión en informes técnicos remitidos por la Comandancia General de la Policía Nacional. Dichos documentos advierten sobre la perturbación del orden interno generada por el aumento de delitos.
Sobre las actividades masivas, la norma indica que los eventos religiosos, culturales o deportivos requieren permiso previo de las autoridades competentes. El proceso de evaluación se realizará conforme al Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. Por el contrario, las reuniones que no tengan carácter masivo podrán ejecutarse sin necesidad de autorización administrativa.
La implementación de los operativos y acciones de seguridad se financiará con los presupuestos institucionales de los sectores involucrados. Además, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe detallado sobre los resultados obtenidos tras finalizar el periodo de emergencia.
Este régimen de excepción en Lima y el Callao se inició originalmente el 21 de octubre de 2025, fecha en la que se oficializó el primer decreto para enfrentar la inseguridad ciudadana. Desde entonces, la disposición ha sido prorrogada en cuatro oportunidades, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año pasado, así como a enero y la presente extensión de marzo del presente año. Tras una breve pausa de diez días durante el mes de febrero, el Ejecutivo emitió una nueva declaratoria el pasado 27 de febrero, estableciendo el marco legal que ha sido extendido nuevamente este sábado.
Emergencia en Zarumilla, Tumbes
Simultáneamente, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N° 045-2026-PCM que declara el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes. Esta medida tendrá una duración de 60 días calendario para enfrentar la criminalidad y situaciones de violencia en la zona fronteriza. Al igual que en la capital, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas.














