Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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La infraestructura es un factor clave para el crecimiento. Sin embargo, en el Perú persisten enormes brechas en cobertura, calidad y sostenibilidad, con marcadas desigualdades territoriales. Cerrarlas exige un esfuerzo sostenido, en el que el principal problema no es el monto invertido, sino la baja eficiencia del gasto. En el contexto actual, con la estabilidad fiscal seriamente comprometida por medidas populistas e irresponsables, resulta fundamental entender cómo se financiarán muchos de los megaproyectos anunciados en la campaña en curso.
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Si bien la mayoría de los planes de gobierno analizados declaran su compromiso con el respeto a las reglas fiscales y la sostenibilidad de las finanzas públicas, este discurso no siempre se condice con los megaproyectos de infraestructura propuestos, y menos aún con los anuncios de campaña.
En particular, de acuerdo con el costeo realizado por Videnza Instituto, las iniciativas planteadas por Renovación Popular, Fuerza Popular y Ahora Nación implican costos fiscales que, de materializarse, representarían incrementos superiores al 10% del presupuesto del Gobierno General. Las propuestas de País para Todos y del Partido del Buen Gobierno suponen incrementos más acotados, del orden de 4,3%, aunque igualmente relevantes en el contexto actual.

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Identificamos vacíos compartidos como la poca priorización técnica para cerrar brechas y plantear mecanismos para depurar proyectos que carezcan de madurez técnica. Tampoco se consolida en ninguno de los planes revisados la Programación Multianual de Inversiones (PMI) como herramienta principal de planificación, lo que puede fomentar enfoques de corto plazo.
Por otro lado, el análisis permite identificar que los cinco partidos coinciden en promover las APP como modalidad central para el desarrollo de infraestructura, así como en plantear la simplificación administrativa o regulatoria, la digitalización con control en tiempo real, la reforma de Invierte.pe y el fortalecimiento de mecanismos de fiscalización y anticorrupción.














