El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe), en la que se evaluó la posible derogatoria del Decreto de Urgencia N° 010-2025, que establece medidas para la reorganización patrimonial de la empresa estatal Petro-Perú.
Según informó la Presidencia en sus redes sociales, durante el encuentro, el mandatario señaló que la situación de la empresa estatal viene siendo objeto de análisis y que, en los próximos días, se adoptará una decisión al respecto.
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“Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra la criminalidad, anunciando la adquisición de equipos especiales para la Policía Nacional y la atención de las demandas formuladas por el sector transportista”, señaló.
En esa línea, el Ejecutivo también destacó que viene articulando acciones concretas para frenar la delincuencia y garantizar la seguridad en las carreteras del país.
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Como se recuerda, el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 encarga a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) el diseño, conducción y ejecución integral del proceso de reorganización patrimonial de la petrolera estatal.
El documento publicado en el Diario Oficial El Peruano reorganiza y divide los activos de la empresa estatal en “uno o más bloques patrimoniales autónomos”, incluyendo a la nueva la Refinería de Talara.
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La norma, aprobada por el Consejo de Ministros y publicada el 1 de enero del 2026, busca asegurar la sostenibilidad operativa y financiera de Petro-Perú, así como “mejorar su gobernanza y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles”.
La norma dispone que “en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente norma, el Directorio de PETROPERU S.A. apruebe una nueva estructura orgánica y las medidas que permitan implementar las acciones de reconversión y reducción de personal que den soporte a la misma, en el marco de la presente norma”.
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Para ello propone aplicar la extinción del contrato de trabajo al amparo del TUO del Decreto Legislativo 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el cual indica que la terminación de la relación laboral se puede materializar por causa objetiva.
“En los casos considerados como causas objetivas, el marco legal vigente establece que el empleador (en este caso, Petroperú S.A.) notificará de tal medida a los trabajadores afectados por el cese y pondrá a su disposición los beneficios sociales que por ley puedan corresponderles”, detalla la norma.
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Precisamente, para cumplir con el pago de estos beneficios, el DU autoriza un aporte de capital de S/240 millones durante el año fiscal 2026, con cargo a los recursos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
