Bajo la fachada de un justiciero ciudadano que busca limpiar a la Dirección de Redes Integradas (DIRIS) Lima Sur de funcionarios corruptos, y escudado por el anonimato que le otorgan perfiles anónimos en redes sociales, Oscar Cabrera Carbajal se ha dedicado en los últimos años a hostigar y extorsionar a personal de este órgano desconcentrado del Ministerio de Salud (Minsa) con la presunta finalidad de cobrar dinero e influir en la contratación de allegados, según denuncias recogidas por El Comercio.
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Cabrera era acusado de administrar dos páginas de redes sociales en las que constantemente se realizan publicaciones con presuntas denuncias contra funcionarios del sistema sanitario que carecen de mayores sustentos y que en muchos casos resultan siendo falsas. La relación entre Cabrera y las páginas “Francotirador Corruptos Salud” y “Somos Pacientes Asociación Usuarios de Salud” ha podido ser confirmada por El Comercio tras acceder a una denuncia policial en su contra donde “amenazó de muerte” a un grupo de funcionarios en la sede principal de la DIRIS Lima Sur, en el distrito de Barranco, y también a una sentencia emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Villa El Salvador el 30 de mayo del 2025 donde se concluye que Cabrera fue responsable penalmente del delito de difamación agravada a través de dichas páginas en redes sociales.
En consecuencia, dicho juzgado dispuso una reserva de fallo condenatorio contra el hombre de 43 años y natural de Chincha Alta, la misma que rige hasta mayo de este año. Entre las disposiciones judiciales, Cabrera debía concurrir cada 3 meses al Consulado Peruano en Canadá, donde tiene registrada su residencia según datos del Reniec, retirar las publicaciones que afectaron a su denunciante, no cometer nuevos delitos dolosos y pagar una reparación civil de 30 mil soles.
Fallo emitido en mayo del 2025 por el Juzgado Penal Unipersonal de Villa El Salvador contra Cabrera.
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Cabe resaltar que en dicho proceso se identifica a Cabrera como servidor público en el gobierno canadiense, mientras que en varias denuncias policiales se indica que pertenece al ejército de dicho país norteamericano. Al cierre de este artículo El Comercio no pudo confirmar que Cabrera ocupara alguno de esos cargos.
Pese al fallo judicial, audios y videos a los que tuvo acceso este Diario a través de fuentes confidenciales confirman que Cabrera continuaba extorsionando a funcionarios de la DIRIS Lima Sur para que renueven contratos a sus referidos y eviten sanciones contra los mismos a cambio de no publicar nuevos videos difamatorios. Conversaciones por WhatsApp que no pueden ser mostradas por el riesgo de exponer la identidad de nuestros informantes muestran cómo Cabrera envía los videos que publicará si el funcionario extorsionado no cumple con sus exigencias.
“Tiene estas dos modalidades, por un lado cobra dinero y por otro logra puestos de trabajo en la DIRIS Lima Sur. Su modus operandi es que sacaba una pequeña noticia o un avance sin decir mucho, como avisando que tiene algo, llamaba a los involucrados (para extorsionarlos) y no sacaba nada”, asegura a El Comercio Raúl Guerrero Castro, abogado y dirigente del sector salud en el cono sur que conoció a Cabrera durante sus labores de fiscalización en distintos centros médicos.
“Como dirigente siempre hemos fiscalizado las actividades de la entidad. Hace varios años surgió otra persona de nombre Oscar Esteban Cabrera Carbajal que apareció aparentemente fiscalizando, pero luego nos dimos con la sorpresa de que no fiscalizaba con el ánimo de corregir fallas en la DIRIS Lima Sur sino de extorsionar y chantajear a cambio de guardar silencio”, señala Guerrero.
Al ser consultado sobre la fecha de este primer encuentro, estima que se produjo entre los años 2019 y 2020. Fuentes que conocen de primera mano al funcionamiento de la DIRIS Lima Sur explicaron a El Comercio que Cabrera se habría aprovechado de la inestabilidad que existe en este organismo, la misma que se ve perfectamente reflejada en la decena de directores que ha tenido la institución en los últimos seis años.
“El poder de Cabrera reside en que tiene contactos y gente dentro de la DIRIS, esa es su capacidad de manejo. También hay funcionarios a los que acosa con injurias en redes sociales y busca hostigarlos hasta que ceden a sus chantajes. Sabemos también que él a cambio de guardar silencio pedía puestos de trabajo. Esa es una modalidad muy conocida acá porque no solo la hacía él sino también algunos trabajadores que actuaban al margen de la ley”, denuncia Guerrero.
-REACCIÓN EN LA DIRIS-
Tras la exposición de los reclamos en contra de Rueda, El Comercio tuvo conocimiento que el psicólogo notificó repentinamente su decisión de tomar vacaciones en un aparente intento de evadir alguna disposición que se pueda tomar en la DIRIS Lima Sur; pese a ello, el organismo habría decidido reubicarlo en otro centro de salud.
“El licenciado Michael Rueda Fernández, cuya condición laboral es mediante contrato CAS ha sido rotado a otro establecimiento, ya no está ahí (en el CSMC Balnearios del Sur). Cuando sucedieron los hechos ha sido cambiado a otro establecimiento. Está en el Centro Materno Infantil de Lurín. Ha sido trasladado”, confirmó a El Comercio Abel Elias Carpio Montoya, jefe de la oficina de Gestión de Recursos Humanos de la DIRIS Lima Sur.
Al ser consultado sobre la llegada de Rueda al CSMC, Carpio aseguró que “él ingresó en un concurso CAS de noviembre del 2025”. Sin embargo, la DIRIS Lima Sur lanzó tres convocatorias CAS durante el 2025, la primera concluyó el 19 de mayo, la segunda el 16 de julio y la tercera el 17 de octubre. En ninguna de las tres Michael Rueda Fernández aparece como ganador de una plaza. El licenciado en psicología tampoco figura en la lista final del Concurso a Plazo Fijo N° 001-2025 lanzado por la institución para cubrir plazas vacantes.
Por otro lado, en el reportaje publicado por El Comercio la semana pasada se comprobó que Rueda trabajaba en el Centro Balnearios del Sur desde noviembre del 2023 y fue jefe del mismo desde el año siguiente, al ser consultado sobre la modalidad bajo la que habría ingresado Carpio aseguró no tener información detallada en caso haya sido mediante orden de servicios, “pero yo tengo los registros de que ha estado en un proceso de concurso y ha ingresado en ese proceso”.
Si bien Rueda figura como apto para contratar con el Estado, “aún no ha tenido contratos” de este tipo, según la base de datos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Rueda está habilitado para contratar con el Estado, pero a la fecha no registra ningún tipo de registros de este tipo según la base de datos de la OSCE.
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Carpio agregó que la decisión de trasladar a Rueda se produjo “a raíz de las noticias que se propalaron en El Comercio. Inmediatamente la gestión decidió cambiarlo y lógicamente está en investigación para que posiblemente pase a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, donde concluirán con la investigación”.
En cuanto al caso de Oscar Cabrera, Guerrero asegura a este Diario que un grupo de colaboradores vinculados a él que trabajaban bajo orden de servicio han sido desvinculados de la institución. “Yo he sido testigo de que esas personas han sido cesadas, las llamadas (para notificarles) fueron a su esposa, su cuñado, sus sobrinas y su concuñado. Todos trabajaban por órdenes de servicio en centros de la DIRIS Lima Sur. Días después han expulsado a más de veinte personas ligadas a él. Son personas que habían sido contratadas en gestiones previas y se mantenían ahí”, detalla Guerrero.
Al respecto, Carpio aclara que “lógicamente ese señor no presta servicios acá. Con respecto al personal que se menciona, son locadores de servicios y se les ha dado término a su servicio, ya no están laborando en los centros. Al no tener un vínculo laboral con la entidad no tengo mayor supervisión sobre ellos, pero sí he recibido la información de que han sido retirados”, una decisión que se tomó después de la publicación hecha por este Diario.
El Comercio tuvo conocimiento que mediante una indagación interna la DIRIS Lima Sur logró identificar como personas vinculadas a Cabrera a Diana Carolina Jauregui Delgado, pareja; Rogelio Frank Jauregui Delgado, cuñado; Nilo Luis Rivadeneyra Uribe, concuñado; Darla Mercedes Telleria Cabrera y Dariam Luciladanna Tellería Cabrera, sobrinas.
A pesar de la evidente pérdida de influencia que ha sufrido Cabrera dentro de la DIRIS Lima Sur tras estas acciones, Guerrero considera necesario que “la entidad haga la denuncia contra esta persona en el marco de la Ley N° 31333 que modifica los artículos 121 y 122 del Código Penal y penaliza la agresión física y verbal contra el personal de salud durante el ejercicio de sus funciones”.
La normativa a la que hace mención, promulgada en agosto del 2021, califica como delito grave este tipo de agresiones y estipula penas de cárcel de entre 3 y 6 años para quienes causen lesiones leves contra el personal de salud, y de entre 15 y 20 años para quienes causen lesiones graves.
