El IPE analiza las propuestas de los planes de gobierno sobre la promoción de la inversión privada, principal fuente generadora de empleo formal, crecimiento, y reducción de la pobreza. La revisión identifica medidas claras de impulso a la inversión privada, pero también propuestas que elevan la incertidumbre, restringen la actividad privada o buscan sustituirla por una mayor intervención estatal.
El IPE analiza las propuestas de los planes de gobierno sobre la promoción de la inversión privada, principal fuente generadora de empleo formal, crecimiento, y reducción de la pobreza. La revisión identifica medidas claras de impulso a la inversión privada, pero también propuestas que elevan la incertidumbre, restringen la actividad privada o buscan sustituirla por una mayor intervención estatal.
La inversión privada ha sido un motor fundamental para la mejora del bienestar de los peruanos. Entre 2004 y 2014, cuando creció a doble dígito, la pobreza se redujo hasta en 5 puntos porcentuales por año. En la década siguiente, con inestabilidad política, incertidumbre regulatoria, choques climáticos y la pandemia, la inversión privada creció tímidamente y la pobreza aumentó. Para 2025, el IPE estima un crecimiento de la inversión privada de 11,3%, la cifra más alta desde 2012, sin considerar el rebote postpandemia. En ese contexto, el empleo formal registró su crecimiento más alto en 13 años; y la pobreza se reduciría hasta en 3 puntos porcentuales.
De los 35 planes, solo 18 expresan una postura claramente favorable a la inversión privada, con propuestas para mejorar el entorno para las empresas y destrabar proyectos. Por ejemplo, Ahora Nación y Alianza para el Progreso proponen shocks desregulatorios para simplificar trámites; Avanza País y Perú Primero buscan reducir la tramitología minera. Además, la mayoría propone impulsar alianzas público-privadas para infraestructura.
Otros 10 planes combinan señales a favor de la inversión privada con medidas que generarán desincentivos para invertir en el país. Por ejemplo, el Partido Patriótico del Perú impulsa la participación privada en infraestructura vial, pero propone eliminar los peajes. Además, Perú Acción prioriza el destrabe de la inversión, aunque propone que el Tribunal Constitucional anule contratos privados que generan monopolios.
Otros cuatro planes condicionan su respaldo a la inversión privada a una planificación estatal: el Partido Unido y Obras proponen un rol preponderante del Estado en sectores estratégicos. Además, tres partidos se oponen explícitamente a la inversión privada: Juntos por el Perú, Perú Libre y Venceremos promueven la nacionalización de empresas y la creación de empresas públicas en sectores como la minería.
Estos últimos siete planes contienen medidas como nacionalizar empresas, limitar la participación privada en sectores “estratégicos” o desconocer contratos-ley, que ya fracasaron en el Perú bajo distintas formas de estatización e intervención. Aunque se presentan como “recuperación de la soberanía” o “defensa del interés nacional”, en la práctica erosionan la seguridad jurídica y la confianza. Ese quiebre de reglas explica el colapso económico de fines de los ochenta y los retrocesos en materia económica de las décadas previas. Mas recientemente, este tipo de contrarreformas se impulsaron durante el gobierno de Perú Libre, incluido un golpe de Estado.
