La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó las denuncias constitucionales contra la legisladora Katy Ugarte (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) por el presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho, caso conocido como ‘Mochasueldos’.
Por 7 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones, dicho grupo de trabajo congresal desestimó las denuncias constitucionales 362 y 464 (acumuladas) presentadas contra la parlamentaria.
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Votaron a favor de archivar las denuncias los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia); Arturo Alegría y Martha Moyano (ambos de Fuerza Popular), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Ana Zegarra (Somos Perú), Elvis Vergara (Acción Popular) y Pasión Dávila (Bancada Socialista).
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Asimismo, votaron en abstención las parlamentarias Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Digna Calle (Podemos Perú).
Sin embargo, varios legisladores no respondieron al llamado de votación, como Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), María Taipe (Perú Libre), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Francis Paredes (Podemos Perú) y María Acuña (Alianza para el Progreso).
Según la acusación presentada por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, a Ugarte Mamani se le acusaba del supuesto delito de concusión e infracción a los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política.
El informe de calificación concluye que los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público apenas constituyen indicios iniciales que no han podido ser corroborados ni desarrollados para establecer la existencia del hecho punible con la claridad requerida.
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“Por tanto, no existen méritos suficientes para habilitar el inicio de un proceso penal ni la formulación de cargos constitucionales por infracción a la Carta Magna”, señala el documento, que recomendó archivar las denuncias.
El informe asegura que no existen elementos que permitan sostener que Katy Ugarte haya incurrido en infracción a los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución, pues las afirmaciones acusatorias presentan “contradicciones evidentes entre sí y carecen de corroboración independiente”.
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“Se debe señalar que no se ha acreditado ningún acto que implique trato degradante o atentado contra la dignidad de los trabajadores. No existen elementos que demuestren que la congresista denunciada haya limitado, coaccionado o condicionado el trabajo de persona alguna bajo su responsabilidad”, acotó.
El 9 de abril del 2023, un reportaje de ‘Cuarto Poder’ reveló que Katy Ugarte habría exigido pagos a sus trabajadores en Cusco para levantar su imagen, cargos que ella rechazó cuando fue investigada en la Comisión de Ética.
Uno de los trabajadores de la legisladora dijo que se hacían pagos entre 200 y 400 soles a Wilber Felices Villafuerte, hombre de confianza de Ugarte, hecho que fue reconocido por un asesor de la parlamentaria, Roger Torres Pando.
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Además, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló transferencias inusuales por al menos S/35 mil de asesores en el Congreso a Katy Ugarte. La legisladora remarcó que todo está bancarizado y que tiene cómo justificar dinero.














