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Mano dura contra el crimen y la inseguridad. Admiradora de las políticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Heredera del gobierno saliente de Rodrigo Chaves. De esta forma navegó Laura Fernández su campaña electoral, la cual llegó a buen puerto la noche del domingo 2 de febrero. La politóloga de 39 años es la presidenta electa de Costa Rica después de conseguir alrededor del 50% de los votos en las elecciones, diez puntos por encima de lo que necesitaba para evitar una segunda vuelta.
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La autodenominada “candidata de la continuidad”, que estuvo al frente de dos ministerios en la administración de Rodrigo Chaves, se convierte así en la segunda mujer que gobernará Costa Rica, tras Laura Chinchilla (2010-2014). Asimismo, la victoria de Fernández, del Partido Puebo Soberano y que se considera “liberal en lo económico y conservadora en lo social”, consolida una continuidad de la derecha en la región, sumándose a recientes triunfos en Chile, Bolivia y Honduras.
Para Fabrice Le Lous, director periodístico del diario “La Nación” de Costa Rica, más allá del resultado electoral, la llegada al poder de Fernández confirma la vigencia de un liderazgo construido en un gobierno descrito como “altamente personalista”. “No se le conocen puestos de liderazgo independientes. Ocupó plazas de alta jerarquía en el gobierno actual, como ministra de Presidencia y ministra de Planificación, pero este es un gobierno altamente personalista, que gira alrededor de Rodrigo Chaves”, asegura a El Comercio.
“Más allá de si es de mano dura o no, Laura Fernández lideró las encuestas desde el inicio porque es la delfina del actual presidente”, explica el periodista. Añade que Cháves “ha logrado mantener un nivel de popularidad alto e inédito durante su mandato”, que rondaba el 59% según la última medición del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
Supporters of Costa Rica’s presidential candidate from the Sovereign People Party, Laura Fernandez, wave flags as they wait for the results of the presidential election outside the Aurola Hotel in San Jose on February 1, 2026. Voters in Costa Rica, a beacon of stability in Central America threatened by a surge in drug-related violence, went to the polls in general elections that are expected to bring a tough-on-crime right-winger to power. (Photo by MARVIN RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
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Ese respaldo se ha mantenido incluso en un contexto complejo. Durante la actual administración (2022-2026), Costa Rica registra la mayor cantidad de homicidios de su historia reciente, con una violencia asociada en su mayoría al narcotráfico. En este período el país se está convirtiendo en un canal de comercio ilícito favorito para diferentes grupos delictivos.
Según Le Lous, algunas decisiones del Ejecutivo “han debilitado la lucha contra el trasiego de droga”, como la falta de fondos para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la policía especializada que lucha contra el narcotráfico y que trabaja de cerca con la DEA y el FBI. Aún así, el oficialismo logró instalar un relato eficaz, “una campaña permanente de crítica y culpabilización contra las instituciones que lo fiscalizan”.
Esa lógica de confrontación, lejos de erosionar su apoyo, reforzó su vínculo con un electorado que percibió a esas instancias como obstáculos para gobernar y que han sido fundamentales en la victoria de Fernández.
Afinidad por Bukele
La admiración de Laura Fernández por el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha sido uno de los ejes más controvertidos de la campaña. La ahora presidenta electa ha elogiado la “mano dura” aplicada en El Salvador y ha propuesto medidas como el estado de excepción en zonas afectadas por la violencia, además de la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión salvadoreña.
Sin embargo, Fabrice Le Lous introduce matices clave. “Si hablamos de imponer un estado de excepción para encarcelar a quien sea sospechoso sin debido proceso, eso es inviable en Costa Rica”, subraya. Recuerda que una medida de ese tipo requiere una mayoría calificada en el Congreso -38 votos en el Congreso -sobre un total de 57 diputados- y que, además, “no está pensada constitucionalmente para aplicarse por inseguridad ciudadana”. A diferencia de El Salvador, agrega, Costa Rica no tiene una historia reciente de guerra civil ni enfrenta el fenómeno de las pandillas con el mismo nivel de arraigo territorial.
La derechista Laura Fernández, quien promete mano dura para enfrentar el avance del narcotráfico, se perfila como ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica. (Photo by MARVIN RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
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“Los estados de excepción han sido un tema muy discutido en campaña, con tres de 20 candidatos presidenciales que lo incluyeron en sus planes de gobierno. Pero por lo que he visto en el comportamiento de los lectores y por mi conocimiento de la población costarricense, considero que genera mucho rechazo, más que temor. No es un país donde temas relativos a situaciones militares sean bienvenidos”, señala el director periodístico de “La Nación”.
Precisamente, Bukele ha sido uno de los primeros presidentes que saludó a Laura Fernández por su triunfo. “Acabo de felicitar vía telefónica a la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”, escribió en su cuenta de X.
En su primer discurso como presidenta electa, Fernández aseguró que en su gobierno “nunca” permitirá el “autoritarismo”. Sin embargo, también generó preocupación porque indicó que cambiarán las “reglas del juego político” en el país centroamericano, una de las democracias más estables del Latinoamérica. “El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”, manifestó sin dar más detalles.
La futura mandataria, quien asumirá el poder el 8 de mayo por cuatro años, propone copiar parte de la guerra contra las pandillas de Bukeley y reformar los poderes del Estado, a los que ella y Rodrigo Chaves acusan de auspiciar la impunidad.
Continuidad
El triunfo de Laura Fernández asegura la continuidad de un proyecto político que gobernó en permanente choque con el resto del sistema político. Durante casi cuatro años, el Ejecutivo mantuvo una campaña de descrédito contra el Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial y la prensa independiente. “Es una estrategia de confrontación constante que ha sido funcional electoralmente”, resume Fabrice Le Lous.
Esa dinámica se agudizó con el OIJ, clave en la lucha contra el narcotráfico y bajo control del Poder Judicial. “El gobierno no giró fondos suficientes al OIJ y sostuvo disputas públicas con sus jerarcas, algo que muchos consideran un sinsentido”, apunta el periodista.
Hija de un agricultor y una profesora, Laura Fernández cuenta que fue criada entre vacas y gansos, y que en sus vacaciones escolares ayudaba en una ferretería familiar de San José empacando clavos. (FOTO: X / @laurapresi2026)
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El telón de fondo es también judicial. Rodrigo Chaves acumula cerca de medio centenar de causas penales abiertas que no avanzaron por su inmunidad como presidente. “Apenas pierda su fuero, las acciones de la Justicia retomarían su curso”, recuerda Le Lous, lo que explica la centralidad que mantiene en el proyecto político ganador.
Sin embargo, Fernández ya adelantó que nombraría a Rodrigo Chaves como ministro de Presidencia, un cargo que le permitiría conservar inmunidad. “Esto es muestra de la cercanía entre ambos y una posible concentración de poder por parte de Chaves”, advierte el director de “La Nación”.
El oficialismo no ha ocultado, además, su interés en alcanzar una mayoría legislativa. No obstante, el Partido Puebo Soberano, de Chavés-Fernandez, obtuvo 30 de los 57 diputados del Congreso, según los datos preliminares y deberá buscar acuerdos para las reformas profundas que requieran el voto de dos terceras partes del Legislativo.
