Desde chocolatadas hasta cajas de cerveza: ya suman cinco expedientes por presuntas dádivas en lo que va de la contienda

Se trata de Venceremos, Alianza para el Progreso, Ahora Nación, Unidad Nacional y Avanza País. En el caso de este último, el expediente —abierto el 16 de enero— fue archivado inmediatamente al día siguiente por el JEE de Trujillo, sin posibilidad de una segunda revisión. El resto aún sigue en evaluación.

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Un fiscalizador electoral había advertido que el 19 de diciembre se realizó un “show navideño” en la plaza del distrito de Buldibuyo (Pataz, La Libertad), en el que participó la aspirante a la Cámara de Diputados por Avanza País, Raquel Coronado Arce. En dicho evento, se habría efectuado la entrega de juguetes y panetones con su imagen, el número con el que postula y el símbolo de la agrupación. El JEE dispuso el archivo, sin embargo, el criterio utilizado es clave, como veremos más adelante.

Salvo el caso de Ahora Nación, los demás expedientes guardan relación con hechos similares: la presunta entrega de juguetes con ocasión de las fiestas navideñas. El de Ahora Nación, en cambio, fue aperturado luego de que una fiscalizadora advirtiera que la candidata a diputada por esa organización, Mirella Camapaza, habría participado en la entrega de cajas de cerveza a asistentes a un evento deportivo.

“Cabe mencionar que, las cajas de cerveza no son elementos publicitarios, ni bienes de consumo individual e inmediato con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito, sino, más bien, configuraría una presunta entrega de dádivas”, se indicó en el Informe N°02-2026-NGF-JEEPUNO-EG2026/JNE.

Los cambios en el tiempo y sus efectos

En enero de 2016, a insistencia del Congreso, se modificó la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y se incorporó por primera vez el artículo 42, referido a la “conducta prohibida en la propaganda política”. Se estableció de manera expresa que, durante un proceso electoral, los partidos tenían prohibido entregar o prometer dinero, regalos o dádivas, ya sea de forma directa o a través de terceros.

Se contempló una única excepción: los bienes que constituyeran propaganda electoral, con un tope equivalente al 0,5% de una UIT por cada objeto (S/ 19,75 en ese momento). De verificarse infracción, se sancionaba con una multa de 100 UIT (S/ 395.000), además de la exclusión del candidato del proceso. El artículo era terminante y no dejaba margen a interpretaciones. Sin embargo, este se modificó posteriormente en 2017, 2020 y 2022 [ver gráfica].

Tras las modificaciones, la norma fija en la actualidad como límite el 0,3% de una UIT por objeto (S/ 16,50 actualmente). En caso de infracción, se prevé una multa de entre 5 y 30 UIT, aplicada bajo criterios de gradualidad, y solo ante reincidencia el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede disponer la exclusión del candidato. No obstante, si el bien entregado supera el valor de 2 UIT (S/ 11.000), corresponde la exclusión directa.

A opinión de José Tello, presidente de Aklla Perú, ha habido una gradualidad en la legislación sobre dádivas, lo que considera fundamental, pues ahora existe mayor orden y una serie de regulaciones con supuestos adecuadamente tipificados. En esa línea, sostuvo que la norma viene cumpliendo su finalidad y que, respecto a 2016, ha evolucionado de manera favorable.

“Era muy draconiano el hecho de que, por cualquier cosa, te saquen de carrera, como se indicaba inicialmente. Y hemos tenido casos como, por ejemplo, el de Pedro Pablo Kuczynski, que casi sale de la contienda por una botella de cerveza; y el caso más emblemático, el de César Acuña, en el que prácticamente los S/ 10.000 que dio a una persona le costaron la elección”, expresó Tello.

Sin embargo, un aspecto clave es desde cuándo uno adquiere la condición de candidato y, por ende, es pasible de esa fiscalización. Según la Resolución N.° 0050-2024-JNE, se considera como candidato al ciudadano que tenga su candidatura inscrita por el JEE correspondiente. Es decir, una vez que se haya pasado la etapa de solicitud de inscripción, la etapa de tachas y demás.

Justamente, en el caso del “show navideño” en Pataz, que involucraba a una candidata de Avanza País, el JEE de Trujillo determinó que la candidata recién adquirió esa condición el 6 de enero de 2026, fecha en la que fue formalmente inscrita y, por lo tanto, al momento en que habrían ocurrido los hechos —el 19 de diciembre— no estaba comprendida dentro del marco normativo.

“Resulta jurídicamente inviable atribuir responsabilidad directa a la ciudadana Raquel Lorena Coronado Arce por la presunta infracción al artículo 42 de la LOP, en tanto dicha disposición se dirige de manera expresa a candidatos y organizaciones políticas, lo cual impide extender su ámbito de aplicación a personas que, al momento de los hechos, no se encontraban comprendidas en el supuesto normativo de sujeto activo”, se sostiene en la resolución del JEE de Trujillo.

Recién el 6 de enero último, la autoridad electoral publicó un nuevo reglamento mediante la Resolución N.° 0845-2025-JNE, en el que ya se considera a un candidato como tal desde la etapa de elecciones primarias. Sin embargo, al entrar recién en vigor, sus efectos corren hacia adelante y no alcanzarían a los casos registrados en diciembre, sino que tendría un impacto sobre todo en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Tello explicó que el reglamento vigente durante la Navidad de 2025 era la Resolución N.° 050-2024-JNE, que define como candidato a la persona inscrita ante el JEE. “Están salvados por la campana. No habría lugar a un proceso por dádivas si no se tenía la condición de candidato, a efectos de la normatividad vigente en el momento en que ocurrieron los hechos, es decir, en diciembre. Con la normatividad actual, dada el 6 de enero, la figura sí cambia”, señaló Tello.