Iván Meini, abogado de Alberto Pascó-Font: “Las irregularidades [en la Interoceánica Sur] no se dieron durante la contratación, se dieron con las adendas y arbitrajes.”

-Esta semana se decidió que su defendido, además del expresidente Alejandro Toledo y otros acusados, vayan a un nuevo juicio, esta vez por el tramo 4 de la Interoceánica. ¿Cuántos procesos tiene él ligados al Caso Odebrecht como exmiembro del comité de Proinversión?

El señor Alberto Pascó-Font afronta tres procesos. En el primero, que es el caso de la IIRSA Sur, tramos 2 y 3, se le imputa el delito de colusión agravada como miembro del comité de Proinversión. Este proceso está en un juicio de segunda instancia, donde pretendemos que la sala revoque la condena de primera instancia. En segundo lugar, a también se le investigó por la IIRSA Sur, tramo 4; y en tercer lugar, junto a otras personas, por la concesión de la IIRSA Norte. Son tres casos distintos.

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-¿Cómo avanza este primer proceso del Caso Interoceánica Sur?

Está en el juicio de segunda instancia, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por todas las partes. Nosotros apelamos la sentencia que lo condenó a nueve años de pena suspendida porque encontramos que tiene varias irregularidades, varios agravios. Se le acusó de haberse coludido con el señor Jorge Barata, como representante de Odebrecht, y con representantes de sus consorciadas; pero se le terminó condenando por algo totalmente distinto.

-¿En qué etapa está ese juicio de segunda instancia?

Ya pasaron varias sesiones. Se dieron los alegatos de apertura y ahora estamos en la etapa probatoria, donde se están actuando documentales. En la última sesión, que fue el martes, se terminó de oralizar la declaración que Jorge Barata dio en Brasil, la cual no fue tomada en cuenta de forma adecuada por el colegiado de primera instancia. Él fue tajante al señalar que con quien se habría coludido en términos del pago de un soborno fue con el expresidente Toledo; que nunca tuvo tratos ilícitos con los miembros del comité, entre ellos el señor Pascó-Font; que, por el contrario, la actuación del comité fue un estorbo para los intereses de Odebrecht; y que, en todo caso, el beneficio que pudo obtener Odebrecht lo logró después de la firma del contrato, después de que actuara el comité, con las adendas y los arbitrajes.

-En virtud a este avance, ¿para cuándo estiman que habrá una sentencia definitiva?

Es difícil estimarlo porque el Poder Judicial entra en vacaciones todo febrero. Ya la sala ha adelantado que ese mes solo habrá dos audiencias. Si me preguntas por una especulación, diría probablemente que en tres meses, contando el mes de vacaciones; pero es una especulación. Dependerá mucho de las pruebas que todavía hay que actuar, de los alegatos de clausura y del tiempo que se tome la sala para deliberar y tomar una decisión.

-¿Confían en que la sala tomará una decisión distinta a la del juzgado de primera instancia?

De lo que se va discutiendo en las audiencias, yo considero que sí. Van quedando claro varias cosas. En primer lugar, algo que el colegiado de primera instancia no logró entender: que la concesión de IIRSA Sur es una asociación público privada (APP) y tiene su propia lógica. La negociación y la contratación de una EPP es muy distinta a la de una obra pública. Esto es importante porque contra el señor Pascó-Font se le presenta como prueba de esta presunta colusión, el haber incurrido en una serie de irregularidades administrativas, en el trámite de esta contratación de una APP, y conforme se está desarrollando el juicio de segunda instancia, va quedando claro que no lo son. Varias de las que el Ministerio Público entiende como irregularidades son circunstancias totalmente naturales, cotidianas y, sobre todo legales, en una asociación público privada.

Por ejemplo, el hecho de que los postores interesados puedan proponer mejoras a la contratación o puedan observar. Este diálogo, en este caso, entre Proinversión y los postores interesados, que da lugar a ir ajustando las bases, es propio y legal en una APP. Lamentablemente, esto no quedó debidamente inoculado en el juzgado de primera instancia, que entendió que eran irregularidades porque entendió que esta era una obra pública.

-¿Hubo sugerencias que hicieron Odebrecht o sus consorciadas para las bases del proyecto?

Sí, pero no solo Odebrecht, absolutamente todos los postores. Todos los postores hacían sugerencias y se escuchaba a todos, porque eso es lo propio de una APP. De hecho, las bases estaban publicadas en Internet, lo que ha sido reconocido por el propio Jorge Barata. Este diálogo, que puede parecer algo raro para quien no conoce cómo funciona una concesión de una APP, es absolutamente normal. Nosotros tenemos un informe técnico del señor (José Luis) Guasch, un experto mundial en APP, donde ha analizado cómo muchos casos que se presentan como casos de corrupción en una APP en realidad no lo son, que la APP tiene la la característica de ser pública, dinámica, transparente; y que, en todo caso, la posibilidad de corrupción no está en la negociación ni en el otorgamiento de la buena pro, sino como sucedió en este caso: en un momento posterior, con las adendas y los arbitrajes que resuelven esas adendas.

-¿Estas sugerencias que pudieron hacer Odebrecht y otros postores fueron mediante reuniones, correos…?

Todo de manera estrictamente formal, por conducto escrito. De hecho, también se le preguntó a Jorge Barata, y a los representantes de las otras empresas, si se reunieron o conocían a Alberto Pascó-Font. Todos han dicho que no. Es llamativo que estemos discutiendo una condena cuando la comunicación entre los miembros del comité y los postores ha sido absolutamente formal, por cartas, todo transparente.

De hecho, se discutió y la fiscalía propuso como una ilicitud el que se haya dado cabida a que Odebrecht se asocie con otras cuatro empresas. Ha quedado demostrado que eso fue una petición, una solicitud de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), que quería que empresas peruanas, no solamente una extranjera, pudiesen participar de esta concesión.

-¿Qué responsabilidad funcional tenía el señor Pascó-Font y el comité de Pro Inversión en el proceso de concesión de la Interoceánica Sur?

En primer lugar, permíteme ubicar al señor Alberto Pascó-Font y a los miembros del comité. Proinversión tiene arriba un Consejo Directivo, conformado por ministros. Abajo, subordinado, estaba el comité técnico, donde estaba el señor Alberto Pascó-Font. Su responsabilidad, en primer lugar, sí es la de llevar a cabo el proceso de selección, pero siempre de manera subordinada al Consejo Directivo. Otra de las cosas que van quedando debidamente probadas en este juicio de segunda instancia es que la autonomía del del comité no era tan amplia como la fiscalía pensaba, porque tenía que hacer caso a las distintas indicaciones que provenían del Consejo Directivo, de de de la instancia superior de de Proinversión. Y por debajo del comité había un equipo técnico que preparaba todos los documentos, las bases, los contratos, los proyectos de respuestas a las solicitudes. Lo que hacía el comité es aprobar en primera instancia aquello y eso tenía que ser corroborado por el Consejo Directivo.

–El juzgado de primera instancia, según entiendo, le atribuye un nivel de omisión a los miembros del comité. ¿No había una responsabilidad de cautelar que no haya irregularidades en la en la licitación?

Por supuesto que sí. Sin embargo, las irregularidades no se han dado durante la contratación. Las irregularidades, y esto lo reconoce de manera tajante el propio Jorge Barata, se han dado con las adendas y los arbitrajes. Por eso la importancia de que se tome en cuenta su declaración. No se puede negar que hubo irregularidades. Ese es un hecho. La pregunta es en qué momento y quiénes intervinieron. La respuesta la da el propio Barata: no durante la negociación ni antes de la firma del contrato, no cuando participó el comité; se dieron después, en las adendas y en los arbitrajes.

-¿Las bases del concurso no se hicieron a medida para favorecer a Odebrecht?

No. Eso también se le preguntó a Barata y él dijo, lejos de lo que dice la acusación y la sentencia de primera instancia, que esas bases y ese contrato no eran propicios para los intereses de Odebrecht. Precisamente por eso es que después se modifican a través de las adendas y de los arbitrajes.

-¿Y entonces cómo habría hecho Alejandro Toledo para favorecer a Odebrecht? ¿Actuó por su cuenta?

Lo que va quedando claro, a través de las pruebas que se van oralizando en este juicio de segunda instancia, es, ciertamente, que Alejandro Toledo habría recibido varios millones de dólares por parte de Odebrecht, a través del señor Josef Maiman. Sin embargo, eso fue una tratativa entre Toledo y Barata, para intentar ‘torcer’ no la contratación de Odebrecht, sino la ejecución de la obra para que se favorezca a Odebrecht. Hay un momento en el interrogatorio a Barata donde se le pregunta en qué momento él, como corruptor de un expresidente, comunica esta situación a sus consorciados. Él dice que todo es después de la firma del contrato. De lo que se va actuando en el juicio, parece que hay evidencia que acredita el pago de una coima al señor Toledo, no a los miembros del comité.

Ese es un problema técnico, porque el delito que se configura por el pago de una coima a un expresidente para que intente ‘torcer’ una contratación pública es el delito de cohecho, pero este ya estaba prescrito.

¿Entonces ustedes sostienen que se le acusó por colusión y se incluyó a los miembros del comité…?

Porque era la única manera que se podía llegar a Toledo. Como él no participa en la contratación, por razón de su cargo como expresidente, para armar una imputación por colusión que pudiese escalar hasta Toledo necesitaban involucrar a las personas que habían participado en la contratación. De hecho, Barata dice que le pagó menos a Toledo de lo que le había prometido pagar porque no logró que se modifiquen las bases a favor de Odebrecht…

-Si se revoca la condena a los miembros del comité, también se caería la condena de Toledo…

No necesariamente. Él está condenado por lavado de activos y por colusión. Un primer escenario sería que se mantenga la condena por lavado activos, porque es un delito que habría cometido, y que la sala entienda que en realidad esto fue un delito de cohecho y no de colusión. También cabe la posibilidad que la sala entienda que Alberto Pascó-Font no actuó de manera irregular, ni siquiera administrativamente, que es la apuesta que tenemos. Que la sala entienda que nunca se coludió con Odebrecht o los representantes de las empresas consorciadas y que, en todo caso, la sala entienda la entrega de ese dinero a un expresidente para intentar favorecer a Odebrecht en una concesión configura delito de colusión. La absolución de Alberto Pascó Font y de los miembros del comité no implica automáticamente una absolución para Toledo, en ningún caso.

-¿Ha habido algún cambio o afectación en el proceso desde la desactivación del equipo especial Lava Jato?

Ninguna. Yo diría que no ha impactado. Los fiscales siguen siendo los mismos. En este juicio de segunda instancia, el doctor Rafael Vela no ha participado. El fiscal superior es Hernán Mendoza, que ha intervenido desde la primera audiencia.

-¿Ustedes pensaban que si entraba un nuevo fiscal podía variar la estrategia del Ministerio Público?

Es difícil que una fiscalía superior cambie la estrategia del caso de una fiscalía provincial, sobre todo si se trata de un mismo equipo, como fue en el caso del equipo especial. A lo que estamos apostando, en quienes confiamos en el sentido más pleno de la palabra, es en los magistrados. Ellos son quienes van a tener que tomar una decisión, los tres miembros de la sala de apelaciones.

-¿En el supuesto caso de que esta condena se confirme, su defendido respetará lo que decida la sala?

El señor Pascó-Font siempre ha sido respetuoso de las decisiones judiciales, pero estamos seguros que esa situación no se va a dar.

-Otros procesados, como los del Caso Cocteles, recurrieron al Tribunal Constitucional para que sus procesos o juicios se anulen luego de que el Poder Judicial no les dio la razón. ¿Ustedes activarán esa vía?

Como abogados, evaluamos todos los escenarios y todas las posibilidades que la ley nos permite para ejercer la defensa del señor Alberto Pascó-Font, sabiendo que es una persona inocente. Por cuestiones de estrategia, no puedo revelar más de lo que es público, porque las audiencias del juicio de segunda instancia se transmiten por Justicia TV. Nosotros confiamos en que la sentencia de segunda instancia va a ameritar las pruebas. Se trata simplemente de que se entienda que esta es una APP, que tiene una dinámica distinta, y de tomar en serio las declaraciones del señor Barata a pesar de que no convengan a la tesis incriminatoria del Ministerio Público.

-¿Lo que se decida en esta segunda instancia respecto al señor Pascó-Font influirá en el futuro sobre cómo se resolverán sus otros casos?

Lo que pasa es que si bien tienen una lógica similar en términos de imputación, cada uno de los casos tiene pruebas distintas. En el caso del tramo cuatro, por ejemplo, no se trata de Odebrecht, sino del consorcio Intersur, son otras empresas. Entonces, tendrá que probarse en cada uno de los procesos. Pero sí es razonable prever que lo que resuelva la sala superior en este caso va a tener algún tipo de impacto en los otros, sobre todo en si esto realmente fue una colusión o fue un cohecho entre Barata y Toledo.