La lucha contra la corrupción y la reforma del sistema de justicia aparecen como ejes transversales en casi todos los planes de gobierno de los partidos y alianzas que compiten en las elecciones generales de abril.
Desde la apuesta por un uso intensivo de la inteligencia artificial hasta propuestas de muerte civil, megapenales e incluso la aplicación del polígrafo a altos funcionarios, las promesas son variadas, aunque varias de ellas provienen de partidos que han tenido responsabilidad directa en el bloqueo o debilitamiento de reformas durante los últimos años.
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Para esta nota, El Comercio revisó los planes de gobierno de los 12 partidos cuyos candidatos presidenciales destacan en la última encuesta de Datum Internacional para este Diario y consultó a tres especialistas en derecho penal, quienes, tras analizar las propuestas, expresaron serias críticas a su viabilidad técnica.
El panorama revela coincidencias en el diagnóstico: corrupción estructural, justicia lenta e impunidad, pero también profundas diferencias en las soluciones planteadas.
Renovación Popular: central anticorrupción
El partido Renovación Popular, que postula a la presidencia a Rafael López Aliaga, plantea la creación de una “Central de Lucha Contra la Corrupción (CCC)” con facultades para detectar delitos y capturar en flagrancia, además de realizar seguimiento patrimonial a los funcionarios públicos.
En justicia, propone “Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana” y una mayor derivación de conflictos civiles y comerciales al arbitraje, una medida que apunta a aliviar la sobrecarga judicial.
No obstante, en opinión del abogado penalista Rafael Chanjan, la propuesta de crear una CCC podría generar una superposición con las competencias del Ministerio Público, la Policía, la Contraloría o incluso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de seguimiento de patrimonio ilícito.
En tanto, sobre el uso de arbitrajes para resolver conflictos, señaló que sus costos podrían excluir a los sectores socioeconómicos más bajos, y destacó que la experiencia del caso Odebrecht demuestra que el arbitraje también puede ser penetrado por la corrupción.
Fuerza Popular: megapenales
En su plan de gobierno, Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, destaca que en el 2023 la corrupción habría generado pérdidas anuales por más de S/ 24 mil millones. Frente a ello, propone un “Shock Anticorrupción Digital”, con control concurrente del gasto y uso de inteligencia artificial para detectar sobrecostos.
En justicia penal, Fuerza Popular plantea la construcción de cuatro megapenales de máxima seguridad, cuatro penales estándar y un penal especializado para jóvenes infractores, bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas.
Para el abogado penalista Vladimir Padilla, la propuesta de que las Fuerzas Armadas administren penales para jóvenes infractores es demagógica, ya que los militares no están formados para el control penitenciario. Además, precisó que los jóvenes que infringen el código penal no van a la cárcel, sino a centros de rehabilitación, como ya lo precisó el Tribunal Constitucional.
Chanjan añadió, en relación al “shock anticorrulpción”, que actualmente la Contraloría General de la República ya ejerce funciones de control simultáneo.
País para Todos: “justicia sin pausa”
País para Todos, que postula a la presidencia a Carlos Álvarez, se refiere en su plan de gobierno a una política de tolerancia cero a la corrupción basada en tecnología, integridad institucional y “transparencia radical”. Plantea cerrar las “puertas giratorias” de la impunidad y acelerar los procesos judiciales, con énfasis en zonas rurales y de frontera.
Propone la creación de “juzgados transitorios de descarga procesal”.
Chanjan precisó que “el problema de la sobrecarga judicial debe abordarse fortaleciendo al Poder Judicial con mayor presupuesto y habilitando las plazas suficientes para jueces titulares, lo cual es responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia”.
Para el especialista, los juzgados transitorios de descarga procesal pueden ser una alternativa viable. Sin embargo, es una propuesta genérica. “Para que funcione, se requiere habilitar plazas de jueces titulares a nivel nacional e incrementar el número de jueces de paz para que la ciudadanía tenga un acceso real a la justicia y se reduzcan los tiempos de resolución de casos”, dijo.
Ahora Nación: Meritocracia
Ahora Nación, de Alfonso López Chau, aborda la corrupción como un problema estructural del Estado y plantea fortalecer la ética pública y la meritocracia. Propone inhabilitación perpetua para funcionarios condenados por corrupción y la imprescriptibilidad de estos delitos en el ámbito disciplinario policial.
En justicia, defiende un sistema sin privilegios, con instituciones articuladas y sin provisionalidad. También pone énfasis en el respeto a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía señaló que la propuesta de inhabilitación perpetua para funcionarios condenados por corrupción y la imprescriptibilidad de estos delitos son figuras que ya existen en nuestro ordenamiento.
“La denominada ‘muerte civil’ se planteó en el 2016 y establece la inhabilitación perpetua cuando se trata de delitos graves. Asimismo, existe el registro de funcionarios sancionados en Servir, el cual impide que un funcionario con una condena dolosa registrada pueda trabajar en el sector público; el problema radica en que las áreas de recursos humanos no siempre realizan la verificación o dan cumplimiento a la normativa”, dijo en diálogo con El Comercio.
Perú Primero: “Justicia cerca” al ciudadano
Perú Primero, de Mario Vizcarra, prioriza la transparencia y el control del financiamiento político. En justicia, impulsa el plan “Justicia Cerca a Ti”, con énfasis en acceso, reparación a víctimas del periodo de violencia 1980-2000 y eliminación de normas que favorezcan la impunidad.
Sin embargo, Andía sostuvo que el principal problema del sistema de justicia no radica en su acercamiento al ciudadano —“una política de Estado que se viene ejecutando desde hace años”—, sino en su capacidad de ser eficiente y efectiva en la resolución de los casos.
Somos Perú: Contraloría 4.0
Somos Perú, de George Forsyth, propone reducir drásticamente el costo de la corrupción mediante herramientas tecnológicas como la “Contraloría 4.0” y plataformas de denuncia ciudadana con incentivos económicos.
La propuesta de “Contraloría 4.0” se refiere al empleo de inteligencia artificial para analizar las transacciones del Estado identificando patrones de corrupción: sobreprecios en compras públicas, fraccionamiento ilegal de contratos para evadir licitaciones, obras fantasmas, funcionarios con patrimonio incompatible con ingresos declarados, empresas fachada y redes de corrupción.
No obstante, Chanjan destacó que “si bien la inteligencia artificial es una herramienta útil, no resolverá la corrupción por sí sola, y lo fundamental es fortalecer el componente humano”.
El abogado penalista apuntó que se debe potenciar las fiscalías especializadas y, sobre todo, los equipos periciales. “Los peritos contables son clave en casos de corrupción y lavado de activos, y la falta de presupuesto para contratarlos es lo que genera los mayores retrasos en las investigaciones”, destacó.
Alianza para el Progreso: IA predictiva
Alianza para el Progreso, de César Acuña, propone usar inteligencia artificial para detectar irregularidades y fortalecer programas de integridad estatal. En justicia, apuesta por cárceles vía asociaciones público – privadas y una reingeniería del sistema judicial.
Padilla alerta que “las asociaciones público-privadas para cárceles puede generar incentivos perversos, pues el cobro por recluso incentiva el encarcelamiento incluso de gente inocente para llenar plazas”.
Chanjan consideró que el Estado no debe renunciar al monopolio de la administración penitenciaria ni a su función resocializadora.
“Experiencias en otros países, como Estados Unidos, han demostrado que la privatización de cárceles no arroja números alentadores en cuanto a la tasa de reincidencia o reinserción social”, destacó.
Cooperación Popular: Muerte civil
Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, plantea la muerte civil para funcionarios corruptos y una reforma del sistema de control del Estado. En justicia, propone un nuevo marco constitucional y cambios procesales para evitar liberaciones en flagrancia.
Padilla destacó que “se habla excesivamente de la flagrancia, pero probablemente esta representa menos del 1% de los delitos”.
“Es sumamente raro presenciar un acto de corrupción en flagrancia. Las unidades de flagrancia terminan atendiendo casos menores, como estados de ebriedad o falta de pago de pensiones alimenticias, que no son los problemas que ponen en crisis a la sociedad”, dijo en diálogo con El Comercio.
Podemos Perú y Partido Cívico Obras
Podemos Perú, de José Luna Gálvez, propone un sistema anticorrupción con rango constitucional y la muerte civil para los corruptos. En seguridad, plantea un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas.
En tanto, el Partido Cívico Obras, de Ricardo Belmont, plantea la no prescripción de delitos contra el Estado y metas concretas de resolución de denuncias.
Sin embargo, Andía destacó que la denominada ‘muerte civil’ se planteó en el 2016 y ya establece la inhabilitación perpetua cuando se trata de delitos graves
SíCreo: Polígrafo y zar anticorrupción
SíCreo, de Carlos Espá, plantea contar con un zar anticorrupción, tecnología de blockchain (cadena de bloques) para contrataciones con el Estado y prueba del polígrafo para altos funcionarios “que enfrenten alegaciones de corrupción”.
En opinión de Andía, designar a un zar anticorrupción o a un alto comisionado no generará un cambio real, ya que “la corrupción debe combatirse en múltiples frentes como la fiscalización, la meritocracia y la simplificación de procedimientos administrativos engorrosos que el funcionario corrupto aprovecha para ofrecer ayuda ilícita”.
Unidad Nacional: formación de magistrados
Unidad Nacional, la alianza que postula a la presidencia a Roberto Chiabra, propone un órgano anticorrupción en la PCM y una reforma integral del sistema judicial, con énfasis en meritocracia y formación de magistrados.
No obstante, Padilla destacó que esta y el resto de propuestas mencionadas “parecen diseñadas solo para ‘ofrecer helado a todo el mundo’ y agradar al electorado”.
