El canciller Hugo de Zela aseguró el lunes 26 que el hecho de que Brasil asuma los asuntos diplomáticos de México en el Perú no modifica la situación de la ex primera ministra Betssy Chávez. Ella permanece asilada en la Embajada de México en Lima desde finales del año pasado, a la espera de un salvoconducto que le permita abandonar el país.
De Zela descartó que la medida tenga algún efecto sobre el estatus de Chávez, condenada a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, por su participación en el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo en diciembre del 2022.
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“El hecho de que Brasil se haga cargo de los asuntos diplomáticos de México en el Perú no afecta en nada la situación de la señora Chávez”, aseguró a la prensa durante una actividad oficial.
De acuerdo con el titular de Torre Tagle, Brasil actúa únicamente como representante de México en territorio peruano y no como un actor con agenda propia en el caso de Chávez.
“No afecta en nada la situación de la señora Chávez puesto que lo que hace Brasil es actuar en nombre de México en el Perú. En buena cuenta, ese cambio no afecta nada”, insistió ante las consultas de la prensa.
El canciller explicó que la situación está plenamente contemplada en el derecho internacional y se activa cuando dos países no mantienen relaciones diplomáticas formales. En ese escenario, un tercer Estado puede asumir la representación de los intereses del país ausente.
“La Convención de Viena dispone que cuando un país no tiene relaciones diplomáticas con otro, puede pedirle a un tercero que se haga cargo de sus asuntos diplomáticos”, dijo.
De Zela precisó que la cancillería dio su conformidad para que Brasil asuma ese rol, lo que se materializó -según explicó- en el cambio de bandera en la residencia diplomática y en la transferencia de la custodia de las oficinas que ocupaba la Embajada de México en Lima.
Salvoconducto sigue pendiente

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó y respaldó el nuevo esquema diplomático. Además, volvió a poner en el centro del debate la situación de Chávez.
“En Perú salió y fue a refugiarse a la Embajada de México. Ella sigue todavía ahí. Todavía no se le ha dado el salvoconducto para poder salir de la embajada”, señaló.
La mandataria mexicana explicó que la ruptura de relaciones diplomáticas obligó al retiro del personal diplomático acreditado, lo que dejó a México sin representación directa en el Perú.
“Al romper relaciones el embajador o embajadora tiene que regresar, ya no hay una representación de México en Perú”, precisó.
Alcances y límites del rol de Brasil
El internacionalista Juan Velit señaló a El Comercio que la participación de Brasil no introduce cambios sustantivos en el fondo del caso, aunque reconoció que abre espacios formales de actuación en defensa de los intereses mexicanos.
“Podría intervenir si considera que los derechos de Betssy Chávez son violentados o faltados por el Perú; él [el embajador de Brasil en el Perú] puede acudir a defender los intereses de la señora. No obstante, lo veo difícil porque el Perú es un país respetuoso tanto de los derechos humanos como del derecho internacional”, sostuvo.
Velit explicó que la situación jurídica de la ex primera ministra se mantiene bajo los mismos parámetros establecidos por el Estado peruano, independientemente del país que asuma la representación diplomática de México.
“Simple y llanamente sigue la posición de la señora Betssy Chávez dentro de los mismos términos jurídicos que ha marcado el Perú. El hecho de que el Estado brasileño asuma la representación de México es una situación circunstancial que se ha dado y que, evidentemente, nosotros respetamos porque está dentro del marco del derecho internacional”, dijo.
Velit destacó que Brasil cuenta con una amplia experiencia diplomática que garantiza la continuidad de los trámites y gestiones que antes realizaba México.
“Brasil tiene una larga experiencia porque Itamaraty, su cancillería, es una de las más prestigiadas de América Latina, si no la más prestigiada. En segundo lugar, los trámites administrativos van a continuarse dando en el mismo nivel que se daban con México, y también se tramitarán los hechos políticos”, explicó.
No obstante, Velit advirtió que existen diferencias prácticas y protocolares que pueden influir en la dinámica política del caso. “Brasil ciertamente no va a tener las mismas facilidades prácticas. Cuando estaba México, el embajador mexicano podía conversar, plantear alternativas o soluciones a la cancillería peruana directamente con el canciller. Ahora, el embajador brasileño no es que tenga dificultades, pero no posee la ductilidad de un embajador acreditado con cartas credenciales dirigidas del presidente de México al del Perú”, afirmó.
Aun así, consideró que no deberían surgir mayores obstáculos en el plano jurídico. “Jurídicamente tiene las mismas facilidades y consideramos que el Perú se las otorgará por ser un país respetuoso del derecho internacional. No habrá grandes dificultades, más allá de ligeras divergencias”, añadió.
En tanto, Velit fue crítico con la decisión de mantener bloqueado el salvoconducto y se refirió al costo político y reputacional para el país.
“Personalmente, creo que el gobierno del Perú debería darle las facilidades o la documentación para que ella pueda viajar. Mantener esto solo trae mayores niveles de conflicto para calmar al sector interno que busca que ella pague culpas ante el Poder Judicial. Al asilarse, ella ya asumió la protección de la embajada, y la imagen internacional que da el país al no facilitarle la salida es deplorable”, sostuvo.
En opinión de Velit, el caso podría estar siendo postergado deliberadamente. “Yo creo que se debería pacificar esto, aunque tal vez lo estén pateando para el próximo gobierno”, concluyó.
Postura
Para el internacionalista Francisco Belaunde, el debate sobre el rol de Brasil es secundario frente al núcleo del conflicto: la decisión del Estado peruano de no otorgar el salvoconducto a Chávez.

“El Estado ya está incumpliendo la Convención de Caracas al no otorgarle el salvoconducto. No es porque Brasil aparezca ahora como intermediario que la situación cambie; finalmente, es México quien pide a través de Brasil. En realidad, no cambia nada que sea Brasil o México”, afirmó en diálogo con El Comercio.
Belaunde descartó que la intervención de un tercer país abra una vía de negociación política.
“No, porque quien ha dado el asilo es México. No hay ninguna solución negociada; de lo que se trata es de que se le otorgue el salvoconducto a Chávez, no hay otra vía ni nada que negociar ahí”, sostuvo.
Según el especialista, la falta de una decisión respondería más a cálculos políticos internos que a consideraciones jurídicas.
“Aparentemente, el gobierno quiere dejarle esa papa caliente al próximo gobierno. Seguramente la próxima administración tomará una decisión, a menos que quiera mantener las relaciones rotas con México”, señaló.
Belaunde consideró que el desenlace lógico sería la concesión del salvoconducto, aunque advirtió que el Ejecutivo parece estar esperando un cambio de escenario político.
“Lo razonable sería que al final le den el salvoconducto, pero parece que están esperando a que pasen las elecciones o al cambio de mando”, indicó.
Respecto al rol concreto de Brasil, precisó que su intervención se limita a la defensa de los intereses mexicanos en el Perú, especialmente en el ámbito consular y económico.
“Como las relaciones consulares no se han roto, el rol de Brasil es defender los intereses de México en el Perú. Por ejemplo, si hay un problema con una empresa mexicana y el Estado peruano, México le podría pedir a Brasil que intervenga para hablar a favor de dicha empresa”, explicó.
Finalmente, recordó que el asilo diplomático ha generado controversias similares en la región y mencionó precedentes históricos.
“Está el caso de una exministra ecuatoriana [María de los Ángeles Duarte] que se asiló en la embajada de Argentina. El gobierno ecuatoriano no le dio el salvoconducto, pero ella apareció de pronto en Buenos Aires. También está el caso famoso de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien se quedó cinco años en la embajada de Colombia aquí en el Perú. Ese caso fue el que motivó que se firmara la Convención de Caracas”, señaló.













