Estas fiestas se denominan “Cuba Domingos Salsa y Timba” y se promocionan en redes sociales como “cubanadas” y “la mejor rumba del verano frente al mar con salsa y timba desde el mediodía”. Uno de los principales atractivos es la participación de distintas orquestas invitadas, así como el énfasis en que el evento inicia al mediodía y el ingreso es libre hasta las 3 p. m., prolongándose hasta altas horas de la madrugada.
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De acuerdo con fuentes de El Comercio que han conducido por la zona, en ese punto se genera congestión vehicular debido a que, en los exteriores, hay personas pidiendo taxis o incluso consumiendo alcohol y fumando en medio de la pista. “Ni siquiera hay mallas de contención, por lo que, si ocurre un sismo, podría producirse una tragedia. Además, es riesgoso porque, al realizarse estas fiestas tan cerca del mar, personas en estado de ebriedad podrían dirigirse hacia allí y ahogarse”, señalaron.
Los vecinos resaltan que lo más preocupante es la presencia de personal municipal durante estos eventos. “No entendemos cómo es posible que la Municipalidad de Chorrillos haya dado permiso a esto. Es peligroso porque no solo genera congestión, sino que pone en riesgo la seguridad de las personas, ya sea por una eventual subida de la marea o porque, al estar ebrios, se acerquen a la orilla para orinar y terminen ahogándose”, agregaron.
Los riesgos
La realización de estos eventos ha generado diversas opiniones sobre los peligros a los que estarían expuestos los asistentes. Una de ellas proviene de Juan Carlos Sueiro, director de Pesquería de Oceana Perú, quien señaló a este Diario que se debe ser especialmente cuidadoso con el uso de los bordes costeros para actividades recreativas. “No sorprende que se realicen este tipo de actividades en zonas marino-costeras; sin embargo, las jurisdicciones distritales, que finalmente toman las decisiones, no deberían avalarlas. No es una zona apropiada para una gran concentración de personas”, sostuvo.
Sueiro añadió que, al no existir muros de contención, escaleras ni accesos adecuados para subir o bajar, se trata de zonas de alto riesgo ante un eventual sismo. “Es muy peligroso. Podría presentarse una marea alta u oleaje anómalo que arrase con los asistentes, sobre todo con aquellos que no están en pleno uso de sus facultades”, advirtió.
“Además del riesgo para las personas, estos eventos generan impactos negativos en el ecosistema marino y en la franja costera. El ruido y la actividad ahuyentan a especies de su hábitat natural. En esa playa hay zonas rocosas donde habitan nutrias, lobos marinos y diversas aves, que se ven obligadas a desplazarse, afectando su tranquilidad. A ello se suma que los asistentes suelen dejar residuos sólidos que terminan en el mar, como botellas, vasos, colillas de cigarro, entre otros”, explicó el especialista.
“Para evitar tragedias, no deberían realizarse fiestas cerca del mar ni otorgarse autorizaciones de este tipo. Las autoridades deben poner orden y actuar de manera más eficaz”, concluyó.
En ese contexto, el trabajo de fiscalización de la municipalidad, así como de la Marina de Guerra del Perú, ha sido cuestionado. No obstante, en diálogo con El Comercio, el capitán de navío del Puerto del Callao y vocero de la Marina, Amílcar Velásquez, aseguró que la institución no ha otorgado ninguna autorización para estos eventos. “La Marina no ha dado ningún tipo de permiso. Por ello, hemos enviado una carta a la Municipalidad de Chorrillos solicitando que se retire la autorización a este tipo de espectáculos”, indicó.
El capitán de navío precisó que, tras una inspección ocular, la Marina determinó que la distancia entre el área donde se realiza la fiesta y la orilla del mar es de apenas 25 metros. “En comparación con una distancia regular entre una vivienda y la playa, es extremadamente cerca. Si una persona se encuentra en estado de ebriedad, el peligro es evidente”, enfatizó.
“El año pasado, en San Miguel, presentamos una denuncia ante la Fiscalía luego de que una joven falleciera tras ingresar al mar durante una fiesta que también se realizaba cerca de la orilla”, advirtió.
Análisis
Sobre la validez de la autorización, el abogado especialista en derecho administrativo Irving Barahona señaló a este Diario que esta no es legal si no se garantiza la mitigación total del riesgo antes del evento. “Para que un espectáculo cuente con una evaluación de condiciones de seguridad aprobada, un inspector debió evaluar previamente las condiciones del entorno y de las instalaciones. Resulta cuestionable que dicha evaluación haya sido aprobada considerando la cercanía al mar”, indicó.
Asimismo, precisó que, si no es posible asegurar las condiciones del lugar ni la estabilidad de las instalaciones frente a un riesgo natural, lo que corresponde legalmente es que el inspector deje constancia de estas observaciones en el acta de inspección. “Si la explanada de La Herradura califica técnicamente como una zona de riesgo ante oleajes que puedan poner en peligro la vida de los asistentes, la municipalidad tiene la facultad y el deber de no autorizar eventos en ese espacio”, agregó.
El experto mencionó además que los funcionarios involucrados, en particular los inspectores técnicos que suscribieron un informe favorable, son responsables por la información consignada. “Si levantaron un acta señalando que el lugar era ‘seguro’ cuando el riesgo marítimo era evidente, habrían incurrido en una falta grave por declarar información falsa o inexacta, sancionable con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública”, sostuvo.
Descargos
Ante los cuestionamientos, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, confirmó a El Comercio que la municipalidad sí otorgó autorización para la realización de estos eventos. Explicó que la decisión se tomó luego de las constantes quejas de vecinos por los conciertos que antes se desarrollaban en Agua Dulce, donde, según indicó, se congregaban hasta cinco mil personas.
Frente a ese escenario, el municipio optó por anular los proyectos musicales en Agua Dulce y trasladarlos a la playa La Caplina.
“Esta nueva zona está descampada, no existe vida playera, no hay bañistas y ha estado prácticamente abandonada por más de 30 años. Los eventos que se realizan ahora aquí son para un aforo menor a dos mil personas”, sostuvo.
El burgomaestre aseguró además que se han instalado rejas de seguridad de casi dos metros y medio de altura a lo largo de la orilla del mar, con el fin de impedir que los asistentes accedan al agua. “Es un área completamente cerrada. Si la Capitanía de Puerto nos advierte sobre la posibilidad de oleaje anómalo o un aumento inusual del nivel del mar que pudiera derivar en una emergencia mayor, el evento se cancela. Estos espectáculos se realizan en distintas partes del mundo y nosotros hacemos todo lo posible para que sean de menor escala y no generen impactos sonoros ni ambientales negativos”, afirmó.
Respecto a la fiscalización y la limpieza, Cortez Melgarejo precisó que el municipio despliega personal de serenazgo en los exteriores del evento, mientras que, dentro del recinto, las productoras están obligadas a contar con seguridad privada y tachos de basura. De no cumplir con estas exigencias, podrían ser sancionadas con multas de hasta 1.500 soles.
Sobre la ausencia de redes de contención, el alcalde reconoció que se trata de una observación válida y aseguró que será evaluada. “Cuando surgen nuevas iniciativas, siempre aparecen aspectos que se pueden mejorar. Vamos a revisar el presupuesto para definir cuándo se colocarán las mallas de seguridad, pero sí las implementaremos para que la zona sea completamente segura”, indicó.
“Vamos a seguir autorizando estas fiestas. Es importante reactivar la economía interna del distrito y, progresivamente, convertir esta playa en un área destinada a distintos tipos de eventos. Es un espacio donde se pueden desarrollar actividades sin afectar a los vecinos”, concluyó.
El Comercio también se contactó con la productora “Cuba Domingos Salsa y Timba”, encargada de la organización de estas fiestas. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
Antecedentes
Vecinos y conductores también señalaron que, apenas dos semanas antes, un hombre que había salido de una de estas fiestas realizadas en la playa La Caplina fue asesinado por sicarios. La víctima fue identificada como César Ángel Quico Guzmán, alias “Sosaya”, quien murió tras un ataque armado cuando se retiraba del evento y se desplazaba por el túnel de La Herradura a bordo de un vehículo, junto a dos acompañantes.
Según las primeras investigaciones, las víctimas habrían sido perseguidas por otro automóvil al salir de la fiesta y atacadas a balazos alrededor de la 1:30 a. m. Aunque Quico Guzmán fue auxiliado y trasladado a una clínica local, no sobrevivió debido a una herida de bala en la región torácica.
El fallecido registraba antecedentes policiales y penales. En 2018, fue investigado por su presunta vinculación con la banda criminal “Los Malditos del Naranjo”. Además, fue condenado a cinco años de prisión por el delito contra la seguridad pública, específicamente por tenencia ilegal de municiones, y contaba con antecedentes por robo agravado y banda criminal.
El caso es investigado por la División de Homicidios, que busca esclarecer el crimen e identificar a los responsables de este presunto homicidio calificado.
Irving Barahona explicó también que en este caso debe diferenciarse entre las condiciones de seguridad de la infraestructura y la seguridad ciudadana externa, a cargo del Serenazgo y la Policía Nacional. “Si bien la municipalidad es responsable de verificar la seguridad interna para autorizar el evento, también tiene el deber, a través del Serenazgo y en coordinación con la Policía Nacional, de velar por el orden público en el perímetro. Un hecho de sangre evidencia que la actividad genera externalidades negativas que la municipalidad debe considerar al evaluar futuras autorizaciones”, concluyó.
