Desde que el 31 de diciembre de 2025 fue publicado el Decreto de Urgencia 010-2025, que dispone la reorganización de Petro-Perú, se ha desatado una avalancha de opiniones. Están quienes celebran la decisión; quienes denuncian una supuesta “privatización encubierta”, como si privatizar fuera un delito; quienes reconocen que ya no era sostenible seguir inyectando recursos, pero advierten que la medida no resuelve el problema de fondo; y quienes prefieren mantener todo como está, lo que habría generado la presentación de hasta 10 proyectos de ley para derogar el decreto.
Lo paradójico es que esta intensa discusión no ocurrió cuando realmente se necesitaba: hace más de dos años, cuando se alertó que la adjudicación de lotes a Petro-Perú podía profundizar sus vulnerabilidades. Si entonces se hubiera generado un debate tan amplio como el actual, probablemente el problema no estaría resuelto, pero sin duda sería menos grave.
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Más allá de cualquier postura personal, hay algo evidente: este no es un problema simple, le ha costado muchísimo dinero al país y, sospecho que le seguirá costando. Lo rescatable es que, finalmente se ha puesto el ojo en el problema. Ojalá no se retroceda ahora que el proceso de solución empieza a tomar forma porque el camino será largo: recién a finales de este mes se espera el Plan de Promoción que viene elaborando Proinversión.
Lo cierto es que el problema va más allá de la situación de Petro-Peru. Me refiero al caso de las empresas productoras del noroeste, que enfrentan una crítica situación. Tienen como único comprador a la refinería de Talara operada por Petro-Peru, lo que significa que en los últimos meses todas sus operaciones se han visto afectadas por la falta de pago, dado que no es viable despachar el crudo producido a otro comprador. Obviamente, si no reciben el pago por la venta de la producción, no cuentan con ingresos para cubrir la operación. Lo paradójico es que, por un lado, el Estado – a través de Petro-Perú – no les paga por lo que producen; y por el otro, el mismo Estado – a través de Perupetro – les exige cada quincena el pago puntual de regalías en base al volumen producido. Si no pagan, se gatilla un incumplimiento que incluso puede llevar a la terminación del contrato.
Hoy los productores de crudo están haciendo enormes esfuerzos para sostener la operación, pero están llegando al límite. Si no se actúa de inmediato, la ya frágil producción nacional caerá aún más, obligándonos a importar incluso más de lo que ya importamos. Y ahí está el punto: cuando un país con recursos decide depender cada vez más de otros, el costo no solo es económico, también es estratégico.
