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El Congreso de la República ha destunado para este año un gasto de más de S/36 millones para el bono de escolaridad que entrega a sus trabajadores, un incremento de 44,6% respecto al año anterior y el segundo mayor salto de la última década. La cifra marca un récord histórico y consolida una tendencia de fuertes alzas que se iniciaron en el actual período legislativo (2021-2026), en el que se han registrado los aumentos más pronunciados: 37,7% en el 2022, 24,1% en el 2024 y 44,6% en el 2026.
El bono, que el Parlamento entrega todos los años en enero, equivale a una remuneración completa adicional por cada trabajador, incluidos aquellos que no tienen hijos. Es decir, en la práctica funciona como un sueldo adicional anual.
El incremento se explica, en parte, por la expansión del personal y de los incrementos salariales en los últimos años, así como por los efectos de convenios colectivos y la incorporación de nuevos cargos de confianza. El costo total de la planilla –sin contar a los pensionistas– pasó de S/13,8 millones en el 2015 a S/26,5 millones en el 2025. Es decir, casi el doble.
Como el bono replica la remuneración total de cada trabajador, su impacto varía según el cargo. Por ejemplo, el oficial mayor del Congreso, que gana una remuneración promedio de S/27.581, recibe el mismo monto por escolaridad.
Algo similar ocurre con los jefes de gabinete de bancada, cuyos ingresos bordean los S/19.377 al mes y que, en enero, reciben un bono equivalente.
En tanto, un auxiliar de comisión o un coordinador de despacho –ambos cargos de confianza– perciben alrededor de S/3.146,11, cifra que también se repite como bono de escolaridad cada inicio de año.
Sin regulación
El beneficio, creado en 1985 para apoyar los gastos escolares de hijos en edad educativa, hoy se entrega a todos los trabajadores del Legislativo, tengan hijos o no. Esto ocurre porque el Congreso se rige por el régimen laboral de la actividad privada y está excluido de la Ley Servir.
Desde el 2000, a través de un acuerdo de la Mesa Directiva, el Legislativo fijó el monto en una remuneración completa por cada servidor, a criterio propio. Además, en el 2004, la norma dejó de mencionar explícitamente que su finalidad era cubrir gastos del año escolar.
El ex oficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes sostuvo que el problema de fondo es el régimen al que pertenece el Parlamento, que se ha “pervertido” para flexibilizar contrataciones y benefisios. “Ahora ya está totalmente distorsionado, porque se usa precisamente para poder contratar a quienes se desea”, expresó.
Para el abogado, un bono por escolaridad debería limitarse estrictamente a cubrir gastos educativos reales y medibles. “Lo eficiente es que no te den más que lo que tú necesitas para ese gasto si quieren ayudar. Ahora, si quieren excederse en su generosidad, eso ya obedece a un tipo de concepto que puede ser dañino, como el ablandamiento de la moral de las personas para que se queden calladas y hablen menos mal del Congreso”, indicó.
En la misma línea, la especialista en gestión pública Mayen Ugarte advirtió que el Legislativo opera al margen de los límites que rigen al resto del Estado. “En otras entidades la escolaridad es mínima, es un poco de dinero que se les da”, acotó.
Sobre la posibilidad de cambiar este esquema, sostuvo que es difícil mientras no exista voluntad política de la Mesa Directiva. “Es una pelea muy poco probable que los congresistas estén dispuestos a hacer hacia su personal. Podría justificarse en la austeridad económica, pero habría que ver qué pasa con el siguiente Congreso”, concluyó.
Así, el cierre de la era unicameral del Congreso se da con las cifras más altas de planilla y de bonos en los últimos años. El Comercio buscó los comentarios directos de la Mesa Directiva, y a través de la Oficina de Comunicaciones, pero todos evitaron pronunciarse.
Diferencias
El Gobierno publicó el jueves el Decreto Supremo 002-2026-EF, que fija el monto por escolaridad en máximo S/400 para trabajadores de entidades públicas. El Congreso no está afecto a ello debido a que se encuentra en el régimen laboral privado.
