En un contexto global marcado por la volatilidad económica, la incertidumbre geopolítica y la urgencia climática, potenciar el crecimiento del Perú exige mirar con mayor atención el territorio. No solo para identificar riesgos, sino también para reconocer oportunidades productivas que han permanecido subutilizadas. Una de ellas es la vasta extensión de tierras sin uso productivo que el país posee y cuyo potencial económico, social y ambiental sigue siendo ampliamente desaprovechado.
Estas tierras, bien gestionadas, pueden convertirse en un activo estratégico para el desarrollo. Como señalaba Theodore Roosevelt, la tierra debe ser entendida como un patrimonio que se entrega a la siguiente generación “aumentado y no disminuido en su valor”. Incrementar ese valor implica promover actividades económicas que respondan al mercado, se adapten al potencial natural del territorio, al clima y a las características sociales de las poblaciones que lo habitan.
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En ese marco, el establecimiento de plantaciones forestales comerciales (PFC) surge como una alternativa con alto potencial para convertirse en un nuevo motor de la economía peruana. Se trata de una actividad productiva alineada con las tendencias globales, compatible con la mitigación del cambio climático y capaz de dinamizar economías locales, generar empleo formal y atraer inversión privada de largo plazo.
La demanda global de madera ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas. En los últimos veinte años aumentó alrededor de 22%, y las proyecciones indican que al 2050 el consumo mundial se incrementará al menos en 37%. Al mismo tiempo, la capacidad de expandir plantaciones forestales comerciales al ritmo de esa demanda es limitada, lo que presiona al alza los precios de los productos forestales maderables. Esta combinación configura una oportunidad clara para países con disponibilidad de tierras y condiciones climáticas favorables.
Varios países de la región ya han sabido aprovecharla. Brasil, con cerca de 9.8 millones de hectáreas de plantaciones forestales comerciales, exporta anualmente más de USD 9,000 millones en productos forestales maderables. Chile, con solo 3.1 millones de hectáreas, supera los USD 6,000 millones en exportaciones. Uruguay, con apenas 1.1 millones de hectáreas, exporta más de USD 3,000 millones y desde 2023 ha superado a la carne bovina como principal producto de exportación. El Perú, en contraste, mantiene una balanza comercial deficitaria superior a USD 1,000 millones anuales en este rubro.
Hasta hace poco, el país solo contaba con información parcial y fragmentada sobre la superficie con potencial para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales. Esta brecha se cerró en diciembre de 2025 con la publicación del Mapa Nacional de Tierras con Potencial para Plantaciones Forestales Comerciales, que identifica 10.8 millones de hectáreas disponibles. Esta superficie es comparable a la que Brasil tiene con plantaciones forestales comerciales y más de tres veces la de Chile.
A ello se suma un elemento adicional: las proyecciones de escenarios climáticos al 2050 muestran que amplias zonas del país experimentarán un aumento promedio de precipitaciones, coincidiendo en gran medida con las áreas identificadas como aptas para plantaciones forestales. En la práctica, esto representa un bono hídrico que refuerza la viabilidad de esta actividad. Cabe subrayar que estas áreas no compiten con otros usos productivos como la agricultura, la ganadería o el turismo, y que excluyen expresamente áreas naturales protegidas, ecosistemas frágiles, bosques de producción permanente, bofedales, humedales y páramos, fundamentales para la regulación hídrica de los Andes.
Sin embargo, la disponibilidad de tierras y agua, aunque condiciones necesarias, no son suficientes. Para que las plantaciones forestales comerciales se desarrollen a la escala que el potencial del país permite, es indispensable crear condiciones habilitantes. Esto implica asegurar que las comunidades propietarias de las tierras y las poblaciones del entorno se beneficien directamente, y al mismo tiempo generar un entorno atractivo para la inversión privada de largo plazo.
La experiencia reciente del país ofrece una lección clara. El despegue de las agroexportaciones -que hoy posiciona al Perú como uno de los principales exportadores mundiales de frutas y hortalizas- no habría sido posible sin un marco de incentivos fiscales que permitió atraer inversión, reducir riesgos y escalar
rápidamente el sector. El sector forestal ofrece hoy una oportunidad similar: complementar las ventajas comparativas de tierras y agua con un conjunto de incentivos que movilicen inversión privada en plantaciones forestales comerciales, diferenciando así el modelo peruano de aquellos basados principalmente en inversión pública.
Aunque las plantaciones forestales comerciales tienen ciclos productivos de entre 10 y 20 años, sus beneficios comienzan desde la etapa de instalación. Generan empleo rural sostenido, dinamizan economías locales, mejoran el hábitat para la fauna, incrementan la belleza escénica, producen productos forestales distintos a la madera. y pueden generar ingresos adicionales a través de créditos de carbono.
En un país acostumbrado a pensar en el corto plazo, las plantaciones forestales comerciales invitan a recuperar una mirada estratégica. Apostar por este sector no es solo una decisión productiva, sino una apuesta por crecimiento económico, bienestar social y resiliencia climática. Las decisiones que permitan materializar ese potencial deben tomarse hoy. Las estimaciones sugieren que al 2050 el sector forestal a partir de los productos forestales maderables podría posicionarse como el principal rubro de exportación del Perú, generar más de 2 millones de empleos verdes, y sumar 4% del PBI. Pensar en el largo plazo, en este caso, no es una opción retórica: es una necesidad estratégica.
