La congresista Heidy Juárez responsabilizó a Denisse Miralles, titular de la cartera de Economía y Finanzas, por un supuesto “perjuicio económico y social causado al Estado peruano y a la región Piura” tras la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025. Esto derivó en una moción de censura presentada por la legisladora contra la ministra.
“Censurar a la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, por su responsabilidad política en el desmantelamiento de Petroperú S.A. a través del Decreto de Urgencia 010-2025 y por el grave perjuicio económico y social causado al Estado peruano y a la región Piura”, se lee en el documento presentado por Juarez.
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Para la congresista, la ministra no solo habría ocasionado un “desmantelamiento de activos estratégicos” de la compañía, sino también una “vulneración directa a las rentas de las regiones productoras y la seguridad energética nacional”.
¿Qué indica el decreto para Petro-Perú?
El DU 010-2025 reorganiza y divide los activos de la empresa estatal en “uno o más bloques patrimoniales autónomos”, incluyendo a la nueva la Refinería de Talara. Con esto, se busca asegurar la sostenibilidad operativa y financiera de Petro-Perú, así como “mejorar su gobernanza y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles”.
La disposición provocó una reacción inmediata de las federaciones de trabajadores y es que la cuarta disposición complementaria dispone que “en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente norma, el Directorio de PETROPERU S.A. apruebe una nueva estructura orgánica y las medidas que permitan implementar las acciones de reconversión y reducción de personal que den soporte a la misma, en el marco de la presente norma”.
Asimismo se autoriza un aporte de capital de S/240 millones durante el año fiscal 2026, con cargo a los recursos del Ministerio de Energía y Minas, para cumplir con las obligaciones de la petrolera.
Las causas de la moción de censura
Entre las causas de la moción presentada por Juarez, se encuentra el traslado de estos S/240 millones. Según la parlamentaria, se sacrifican “recursos destinados a proyectos esenciales de irrigación, electrificación rural, saneamiento y conectividad vial en el interior del país, lo que representa una desatención grave a las brechas sociales del Perú”.
Además, cuestiona la transferencia de S/144 millones a Proinversión, de parte de la petrolera, Se indica también que la norma impone a Petroperú la obligación de transferir S/ 144 millones porque “reduce el valor patrimonial de la empresa, compromete su viabilidad operativa a largo plazo y constituye un inadmisible subsidio destinado a la liquidación de la empresa estratégica más importante del Estado”.
¿Qué pasará con la Nueva Refinería de Talara (NRT), según el Congreso?
Heydi Juarez también se pronunció sobre la NRT. Advirtió que “la facultad discrecional del decreto de urgencia para culminar contratos de explotación vigentes generará una paralización técnica de pozos en el noroeste peruano, provocando una caída irreversible en los ingresos de los gobiernos locales, regionales y universidades, especialmente en la región Piura”.
Asimismo, argumentó que con la resolución unilateral de contratos de servicios peligra la continuidad de la NRT.
“La incapacidad técnica de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas para diseñar un plan de salvataje que no implique la entrega del patrimonio nacional, sumada a sus declaraciones oficiales que han provocado el desplome del valor de los bonos soberanos, demuestran una falta de idoneidad que la inhabilita para continuar en el cargo”, se añade en la iniciativa.
