En un contexto en el que lo político y lo judicial suelen ir de la mano, y en el que distintas voces hablan sobre una reforma del sistema de justicia, diferentes exjueces, exfiscales, exprocuradores, decanos del Colegio de Abogados y abogados penalistas entran el ruedo político para pasar de aplicar o interpretar las leyes a proponerlas y aprobarlas, sea como diputados o senadores.
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Entre los nombres más llamativos están los de exjueces que integraron la Corte Suprema, la más alta instancia del sistema judicial en el Perú y que, tras jubilarse como magistrados, buscan ingresar al terreno legislativo.
Candidatos del ámbito judicial (partido en orden alfabético)
Allí están el exjuez supremo Duberlí Rodríguez como número 1 en la lista al Senado por el Distrito Único Nacional (DUN) por la alianza Venceremos; la exjueza suprema Susana Castañeda Otsu como candidata con el número tres al Senado DUN con País Para Todos; y el exjuez supremo provisional Iván Sequeiros como candidato con el número 1 al Senado por Lima Metropolitana con Somos Perú.
Duberlí Rodríguez fue presidente del Poder Judicial del 2017 hasta su renuncia en el 2018 en medio del escándalo por el ‘Caso Cuellos Blancos del Puerto’.
Previamente, fue diputado entre 1985 y 1990 por Izquierda Unida. Desde su jubilación como juez supremo en el 2019, se dedicó a la defensa penal, teniendo como clientes a políticos como los ex primer ministros César Villanueva y Aníbal Torres.
El exmagistrado formó el partido Unidad Popular, el cual no llegó a inscribirse a tiempo para participar en las elecciones generales del 2026. Sin embargo, la alianza izquierda Venceremos (Nuevo Perú y Voces del Pueblo) lo invitó para encabezar su lista de candidatos al Senado.
Susana Castañeda fue jueza de la Corte Superior de Justica de Lima y jueza suprema provisional de la Corte Suprema hasta su jubilación a inicios de este año. Fue conocida principalmente por su etapa como jueza anticorrupción, en la que conoció casos ligados al gobierno de Alberto Fujimori y a la trama Lava Jato.
En tanto, Iván Sequeiros también se jubiló como magistrado este año. Durante su trayectoria como juez superior y supremo provisional conoció casos que involucraron a terroristas como Óscar Ramírez ‘Feliciano’; al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos; o al exalcade chalaco Alex Kouri.
Desde otra de los máximas instancias de la justicia en el Perú, el Tribunal Constitucional, el partido Fuerza Popular invitó a su expresidente Carlos Mesía como candidato al Senado DUN con el número 9. El extribuno tuvo un breve periodo previo como congresista fujimorista entre el 2020 y 2021.
Desde el Ministerio Público, las procuradurías y los estudios de abogados
Los jales electorales también vienen de las ‘canteras’ del Ministerio Público. La fiscal provincial Sandra Castro, conocida por ser una de las investigadoras iniciales del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ en el 2018, fue designada como candidata al Senado DUN con el número 4.
Durante su etapa como fiscal, una de sus investigaciones más importantes fue la que dirigió contra el hoy congresista y candidato presidencial José Luna Gálvez por presuntas irregularidades en la inscripción del partido Podemos Perú.
Sin embargo, en febrero del 2021, ella y su excompañera Rocío Sánchez fueron destituidas del caso Cuellos Blancos tras conocerse que, en el 2018, se reunieron en privado con el entonces presidente Martín Vizcarra, para pedir “apoyo” a la investigación del megacaso.
Desde entonces, siguió como parte del Ministerio Público, aunque con un perfil menor. Según su hoja de vida como candidato, se encuentra “actualmente en función” como fiscal. Este hecho podría dejarla fuera prematuramente de la carrera electoral.
Justamente, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 declaró inadmisible la lista de candidatos al Senado porque, entre otras cosas, no pueden ser postular los integrantes del Ministerio Público, a menos que renuncien seis meses antes a su cargo. En el caso de Sandra Castro, el jurado indicó que solo presentó una “solicitud de licencia sin goce de haber” de febrero a abril del 2026.
El Partido Morado presentó una subsanación donde alegan que, al momento de presentar su candidatura, Castro “ya había adoptado la decisión expresa de apartarse del ejercicio del cargo durante el periodo electoral” y que con la solicitud de licencia de goce de haber se cumple el requisito. EL JEE Lima Centro 2 deberá emitir una resolución al respecto en los próximos días.
En tanto, en una resolución publicada este miércoles por el fiscal de la Nación interino, Tomas Gálvez, se dio por concluida la designación de Sandra Castro como fiscal provincial provisional, citando como motivo su postulación al Senado, lo que “constituye un evidente acto político incompatible con el cargo que ostenta”.
Alianza Para el Progreso, de César Acuña, es quizás el partido que ha hecho más ‘fichajes’ ligados a lo judicial. Allí figura otro exfiscal anticorrupción: Martín Salas, conocido por llevar casos como el del exalcalde del Callao Alex Kouri.
Martín Salas, quien es hermano del exministro Alejandro Salas, renunció al Ministerio Público en el 2022 en medio de críticas al manejo de la institución. Luego, se convirtió en un recurrente comentarista de temas judiciales en medios de comunicación y ejerció defensas como la de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.
En mayo pasado, fue presentado como “vocero oficial” de APP mediante una publicación del partido y una foto en la que posa junto a César Acuña. Para las elecciones generales, fue inscrito como candidato al Senado DUN con el número 9.
APP también invitó a dos conocidos penalistas como candidatos para la Cámara de Diputados por Lima: Luis Vivanco y Elio Riera.
Vivanco se hizo conocido como abogado de políticos como el exalcalde de Lima Luis Castañeda y Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, durante el estallido del caso ‘Waykis en la Sombra’. Según ha reconocido, es “amigo” del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, hoy candidato al Senado por el mismo partido.
En tanto, Elio Riera ha sido abogado de Fuerza Popular, del expresidente Alberto Fujimori y, actualmente, defiende al presentador televisivo Andrés Hurtado ‘Chibolín’, en sus procesos por presunta corrupción y lavado de dinero.
Ahora Nación, partido de Alfonso López Chau, tiene candidato al Senado con el número 7 al exprocurador Antonio Maldonado. El abogado defendió al Estado en los casos Fujimori-Montesinos durante el gobierno de Alejandro Toledo. Luego, trabajó para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
En los últimos años, Maldonado fue invitado como comentarista en temas judiciales y anticorrupción en distintos medios de comunicación, opinando sobre las investigaciones a los expresidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte o los procesos del Casa Lava Jato. El año pasado, fue uno de los firmantes de una denuncia contra la exmandataria presentada ante la Corte Penal Internacional por las muertes en las protestas del 2022 y 2023. En julio del año pasado, se afilió a Ahora Nación.
Otra exprocuradora en carrera electoral es Julia Príncipe, cabeza de la lista al Senado DUN por País Para Todos. Conocida por su etapa como procuradora anticorrupción y contra el lavado de activos. Fue una de las impulsoras del caso del financiamiento de campaña del Partido Nacionalista, por el que hoy el expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia cumplen condenas.
En el 2016, fue designada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como presidenta del Consejo Jurídico del Estado; pero salió en el 2017 en medio de diferencias sobre el manejo del Caso Lava Jato con Marisol Pérez Tello, entonces ministra de Justicia [hoy candidata presidencial, cuya postulación fue declarada improcedente en primera instancia]. Para el 2021, fue la cabeza de lista parlamentaria de Avanza País, que tenía como candidato presidencial a Hernando de Soto, pero renunció a su candidatura ante de los comicios por motivos personales.
Katherine Ampuero, quien fue por unos meses procuradora ad hoc del Caso Lava Jato en el 2017, hoy es candidata al Senado por Renovación Popular. Luego de su salida de la defensa del Estado junto a Julia Príncipe, pasó a ocupar distintos cargos en el Congreso. En el 2021, postuló como candidata por APP, pero no logró un escaño.
En los últimos años, se sumó a Renovación Popular y ocupó cargos como coordinadora de asesores de la bancada y jefa del gabinete de asesores. En paralelo, figuró como una frecuente entrevistada en distintos medios para comentar temas ligados a la coyuntura judicial, siendo presentada frecuentemente en su calidad de exprocuradora.
Otro hecho llamativo es la presencia en listas de listas parlamentarias, como invitados, de los últimos dos decanos del Colegio de Abogados de Lima (CAL). El actual, Raúl Canelo, va al Senado DUN con el número tres; mientras que su antecesor, César Bazán, postula al mismo cargo con el número 12, pero con el Partido Aprista Peruano.
Entre la necesidad y el oportunismo
José Tello, exministro de Justicia y especialista en temas electorales, remarcó que la política siempre ha tenido una relación estrecha con el Derecho.
Sin embargo, consideró que esto se ha amplificado en los últimos años por el fenómeno de la “mediatización” de la justicia con constantes apariciones en la prensa de abogados, fiscales, exprocuradores, etc.
“Históricamente, siempre se vinculó mucho la abogacía con el ejercicio de la política. El 80% de las personas que ha tomado funciones parlamentarias tienen vinculación con el derecho; la abogacía va de la mano con la praxis política, es un factor estructural. Lo que es notorio ahora es la visibilidad; esto de tener fiscales y jueces en televisión con determinados ejes ha hecho que nazca este deseo de querer entrar en política”.
Sin embargo, apuntó que “a diferencia de antaño, (estos candidatos) no vienen directamente de las canteras de los partidos, sino que son personas que se mantienen fuera de la esfera partidaria, consolidan una imagen mediática muy fuerte y tras eso buscan dónde podrían encajar para hacer política. Los partidos también olfatean y buscan a alguien mediático porque lo ven como una persona técnica”, aseveró.
Tello también consideró que la vocería judicial o la labor en la judicatura es distinta a la vocería política y el trabajo en el Congreso, por lo que la experiencia previa en el Derecho no garantiza que la tendrán fácil como candidatos o políticos.
“Algunos colegas pueden ser peces en el agua en su especialidad, pero si los pones a hablar de temas políticos de coyuntura, posiciones ideológicas o defensas de naturaleza política, ahí ves el desbarajuste”, exclamó.
Para Gilmar Andía, abogado penalista y exviceministro de Justicia, hay una “ola de oportunismo” de parte de los partidos políticos, que “tratan de demostrar que están llevando cuadros que tienen experiencia en la administración de justicia y en el manejo de normas penales. Esto va de la mano de los supuestos mensajes de lucha contra la corrupción, lucha o mejora del sistema de administración de justicia”.
“Creo que eso es lo que los partidos han pensado: Vamos a llevar caras que tengan cierta visión mediática, como es el caso de los abogados de políticos o de exprocuradoras, que son bastante mediáticas, o de exjueces supremos como Duberlí Rodríguez, que finalmente dan un mensaje a la población de que están llevando candidatos con ciertas capacidades y conocimientos en un área específica”, dijo.
De parte del lado de los candidatos, consideró que es necesario que el elector evalúe sus antecedentes y su trayectoria para diferenciar quienes dan el salto a la política por un afán de ganar protagonismo mediático y poder; quienes lo hacen como parte de una agenda política o partidaria propia; y quiénes sí podrían ser buenos integrantes del futuro Congreso.
“Una cosa es ser un abogado, abogado de un político, y otra cosa muy distinta es tener capacidades como político y además experiencia en la administración pública”, apuntó.
“Es importante que el elector revise exactamente cuáles son sus capacidades, con quiénes ha participado, a quién están aliados, con qué partidos están yendo, porque va a depender de eso también cuál va a ser el plan de trabajo que lleven al Congreso”.
Finalmente, consideró que los candidatos ligados al ámbito judicial y penal deben dejar claras sus posiciones en temas como las denominadas leyes “pro-crimen”, las propuestas de reforma del sistema judicial y al mecanismo en que se proponen y se aprueban normas en el Congreso.
