Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, quienes cuando ejercieron como presidentes de la República juraron luchar contra la corrupción y defender la democracia, rechazando haber cometido cualquier acto ilícito, terminaron siendo condenados a prisión por el Poder Judicial.
En la actualidad, los tres cumplen largas sentencias por graves delitos en el Penal de Barbadillo, ubicado al este de Lima.
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Si bien, no fueron los primeros mandatarios en ser condenados, siguieron en la línea histórica, judicial y política que el Perú arrastra desde hace varias décadas con sus gobernantes.
MIRA: Corrupción, organización criminal y más sorpresas: La larga lista de condenados e investigados que postulan al Congreso bicameral por Perú Libre
Fue Alberto Fujimori, condenado por delito de homicidio; seguido por Alejandro Toledo (lavado de activo y corrupción), quienes iniciaron la larga estirpe del exjefes de Estado hallados culpables por la justicia peruana.
Ahora, al cierre del 2025 y a unos meses de celebrarse una nueva contienda electoral, que nos dará a un nuevo presidente o presidenta de la República, cabe recordar por qué hechos y delitos fueron condenados los expresidentes Humala Tasso, Vizcarra Cornejo y Castillo Terrones.
Ollanta Humala, condenado por lavado relacionado a los aportes ilícitos
Luego de diez años de investigación y proceso judicial, en abril del 2025, el expresidente Ollanta Humala (2006-2011) y su esposa Nadine Heredia, fueron condenados a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos, cometido durante las campañas electorales del 2006 y 2011.
Ambos fueron hallados culpables de haber recepcionado y lavado más de S/5 millones, cuya procedencia ilícita fue de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
Desde hace ocho meses, Humala Tasso cumple su condena en el penal de Barbadillo, mientras que su cónyuge se encuentra prófuga de la justicia peruana, pero asilada en Brasil.
En el 2015, cuando se daban las primeras investigaciones por el presunto delito de lavado de activos, Humala rechazó las imputaciones contra él y su esposa.
“De alguna manera, me da tranquilidad, porque no hay denuncia de nuestra gestión de gobierno. Estamos tratando de hacer bien la cosa. Lo que se está tratando en épocas de finales de gobierno y también de campaña electoral es tratar de averiguar las partidas de nacimiento, digamos eso. Que era Venezuela, ahora Brasil, quién sabe mañana qué dirán. Lo importante es que yo le puedo asegurar que no hubo eso, que hemos cumplido con las normas de Onpe, que hemos sido auditados.»
Sin embargo, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional concluyó que el exmandatario y su esposa participaron en un esquema organizado delictivo para darle apariencia de legalidad al dinero ilícito que recibieron en las campañas del 2006 y 2011.
Por ello, el tribunal de juzgamiento precisó que el delito de lavado de activos se cometió con la agravante de organización criminal. Paradójicamente, en el gobierno de Humala se creó y promulgó la Ley de lucha contra el crimen organizado (Ley 30077).
“El modus operandi se aprecia en la similitud: aportes, contenido de falsedad, movimientos financieros y una particularidad resaltante: la procedencia extranjera en ambos casos, Venezuela y Brasil. Los lavados de activos en actos concretos, precisos, probados de una manera enfática; montos de dinero bastante llamativos en el 2006 y 2011, el elemento estructural, el elemento funcional: todo ello configura el agravante. Se ha cometido el delito de lavado de activos agravado.”
La condena impuesta a Humala y su cónyuge ha sido apelada, por lo que un tribunal superior volverá a estudiar las imputaciones por las que fueron sentenciados y determinar si confirman la condena o la revoca.
En diálogo con El Comercio, Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, indicó que se encuentran a la espera que la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional fije fecha para el inicio de las audiencias de apelación.
En esa línea, consideró que la sentencia impuesta a su patrocinado debe ser revocada y el caso archivado, teniendo como precedente la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) a favor de la hoy candidata presidencial por Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.
“Esperamos que eso se revoque por varias razones. Comienzo por la última que es, si el Tribunal Constitucional, en el caso Keiko (Fujimori), ya estableció que los temas vinculados a los aportes no constituyen delitos por la época; y van a archivar el caso de Keiko (Fujimori), resulta bastante grosero que por la misma causa el señor Humala siga preso y ni siquera salga en libertad. La verdad es una gruesa contradicción en la justicia. Por ese primer argumento, no solo tendría que salir en libertad; sino que siguiendo la ruta del caso Keiko (Fujimori), tendría que archivarse.”
En segundo lugar, comentó el abogado, la sentencia de primera instancia “muestra una fragilidad absoluta en los fundamentos” puesto que nunca se probó que hayan recibido dinero desde Venezuela y por tanto no podría haber lavado de activos.
Sobre los aportes de Brasil, indicó que la condena se hizo dándole crédito a la versión solitaria del exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y a los documentos oralizados en juicio que -a su parecer- eran contradictorios, copias simples y sin evidencias de transacciones off shore.
Pedraza dijo que están a la espera de que una Sala Superior se pronuncie sobre su recurso de habeas corpus, donde cuestionan los mismos argumentos del TC en el caso Keiko Fujimori
“Hay un habeas corpus que se parece al de Keiko Fujimori, en los términos de que los hechos en investigación no constituyen delito. El juez, en primera instancia, ha declarado infundado y estamos en apelación pues resulta contradictorio que en un caso dicen que no hay delito y por la misma causa, en otros caso, sí lo consideran delito”, comentó.
Martín Vizcarra, un sentenciado por corrupción
Martín Vizcarra, expresidente de la República (2018-2020), fue condenado por corrupción a 14 años de cárcel, el 26 de noviembre del 2025.
Según la sentencia del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, el exmandatario recibió S/2,3 millones en sobornos por parte de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, a cambio de ser beneficiados con la licitación de las obras ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.
“Los peruanos respaldan la necesidad de un cambio en el Sistema de Justicia, para acabar con malas prácticas y luchar contra la corrupción. Los ciudadanos también rechazan el lavado de activos y el dinero sucio en la política.”
Vizcarra, como se recuerda, asumió el cargo por sucesión luego que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, renunció al cargo.
Así, en marzo del 2018, asumió la primera magistratura del Estado, hasta su destitución en noviembre del 2020, cuando el Congreso declaró su vacancia por permanente incapacidad moral. Ello, ante la denuncia de haber recibido sobornos cuando era Gobernador Regional de Moquegua (2011-2014), hechos que lo llevarían a la cárcel cinco años después.
En noviembre de este año, el tribunal de juzgamiento concluyó que Vizcarra Cornejo había cometido el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
La trama de corrupción había sido simple y con réditos ilícitos millonarios. De acuerdo a la sentencia, en su condición de gobernador regional, Vizcarra condicionó a los postores de las obras a cambio de un beneficio económico.
Así, quedó probado en sentencia de primera instancia que pidió y recibió una coima de S/ 2,3 millones de Obrainsa e Iccgsa por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, respectivamente.
Además por el pago que realizó la constructora Obrainsa en el alquiler de una avioneta para un vuelo de funcionarios bolivianos desde Lima hacia Ilo.
El dinero le fue entregado en efectivo y en sobres manila.
“Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero.”
Vizcarra, al igual que Humala Tasso, fue recluido en el penal de Barbadillo, inmediatamente de emitida la sentencia impuesta. Si la instancia superior no revoca la condena o la reduce, estará preso hasta el 2039.
Su abogado Erwin Siccha apeló la sentencia y hasta el momento no se ha señalado fecha para las audiencias.
Este Diario buscó la versión de Siccha, pero prefirió no pronunciarse por temas personales.
Pedro Castillo, cumple condena por atentar contra el orden constitucional
Un día después de que Vizcarra fuera condenado por corrupción, el Poder Judicial emitió la tercera sentencia del 2025, en contra de quien también ocupó la primera magistratura del país: Pedro Castillo Terrones (julio del 2021- Diciembre del 2022).
La Sala Penal Especial le impuso una sentencia de 11 años 5 meses y 15 días, por el delito de “conspiración para la rebelión” por haber orquestado un golpe de Estado, plasmado en el mensaje a la Nación, del 7 de diciembre del 2022.
En dicho mensaje, ordenó el cierre del Congreso, detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides e intervenir de las entidades que conforman el sistema de Justicia para su reorganización como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otros.
“Las fuerzas patrióticas que el día de hoy están en el campo y en todo el país seguimos batallando contra esas fuerzas realistas que hoy se han convertido en golpistas de la verdadera democracia por la cual vamos a seguir luchando.”
La actuación ilícita del exmandatario se desplegó ante la tercera moción de vacancia que se debatiría ese mismo 7 de diciembre, en el pleno del Congreso.
Antes del golpe de Estado, Castillo ya era investigado por presuntos delitos de corrupción y crimen organizado que se habrían dado durante el año y medio que duró su gestión. Hoy, dichos casos aún siguen en investigación.
Sin embargo, fue el caso de “conspiración para la rebelión” el que se desarrolló con mayor rapidez, debido a Castillo Terrones fue detenido en flagrancia poco después de haber emitido el mensaje a la Nación, cuando se dirigía a la Embajada de México (San Isidro).
Uno de los efectos inmediatos del golpe de Estado fue que el Parlamentó vacó al expresidente por permanente incapacidad moral.
Así, poco antes de cumplir tres años de dicha actuación ilícita, Castillo fue hallado culpable, luego de una investigación, proceso judicial y juicio oral.
El exmandatario no fue condenado solo. También fueron sentenciados la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, quien se encuentra en la residencia de la Embajada de Mexico, país que le otorgó un asilo.
El exministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas y el exjefe de gabinete de asesores de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, también fueron condenados a penas efectivas, que quedaron suspendidas en su ejecución hasta que se confirmen en segunda instancia.
De acuerdo a la justicia peruana, Castillo Terrones, y sus co-sentenciados, actuaron dolosamente y atentaron contra el orden democrático, “quebrantaron sus deberes funcionales” como altos funcionarios, inobservando la tutela de los valores democráticos de la Nación.
“Los acusados hicieron parte de un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la Nación.”
En diálogo con El Comercio, Walter Ayala, exministro de Pedro Castillo y uno de sus abogados, indicó que aún no han sido notificados para la audiencia de apelación.
Sin embargo, dijo que la segunda instancia tendría que anular la condena del exmandatario y absolverlo, pues aseguró que la sentencia es “incongruente”.
“Queremos que la Sala Suprema declare dos cosas. Una, que lo absuelva del delito de conspiración, que sería el ideal, porque en la misma sentencia dicen que no hubo rebelión ni tentativa para rebelión, porque no hubo preparación idónea para ello, pero lo condenan por conspiración para rebelión diciendo que había un acuerdo. Entonces, es incongruente en sí misma. Yo he sido juez y declararía nula esa sentencia, pero nosotros vamos más allá y buscamos la absolución.”
Ayala señaló que también cuestionaron que inicialmente la fiscalía investigó a Castillo Terrones por conspiración para la rebelión, pero el PJ archivó ese delito y lo procesó por rebelión.
Por tanto, dijo, existen “falencias procesales” por lo que quedará en manos del tribunal de apelación determinar si declara nula la condena o lo absuelve.
Aníbal Quiroga: “Al no haber vida partidaria, convierte a los participantes en muchos piratas, gente que llega y se corrompe o llega para corromper”
Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, sostuvo que tener a diversos presidentes cumpliendo condenas, puede verse desde dos ángulos.
Por un lado, dijo que es penoso que la clase política esté teñida por una serie de juzgamientos a presidentes que terminan siendo condenados. Y, por el otro, señaló que el Perú es visto como un país que, pese al alto cargo que ocupa la persona, a diferencia de otros países, su corrupción se sanciona.
Expresó, se puede mirar “el vaso medio lleno o medio vacío”, ya que sí es cierto que “estamos mal” y es una “situación anómala” al haber tenido a cinco presidentes condenados, por otro lado tenemos que felicitar que pese a esto “no cunda la impunidad”.
“De alguna manera, en el Perú si bien es cierto hay un fenómeno de corrupción, que es más o menos generalizado en América Latina, la diferencia es que en el Perú no hay impunidad y no hay impunidad respecto a estos altos mandatarios que incurren en delitos graves; lo que hace que ahora haya un póker de presidentes en Barbadillo”.
“Desde (Alberto) Fujimori en adelante, en los años noventa, se ha puesto de moda el no partido político, la crisis de los partidos políticos y más bien abundan los movimientos aluvionales, espontáneos, sin ninguna base ni consistencia que no tienen un partido, que no han hecho vida política en la sociedad”, comentó.
Pero todo se agrava, dijo, porque ahora se ha puesto de “moda” que, para ser candidato, tiene que haber sido condenado en el pasado. O, si no pueden postular directamente como en el caso de Martín Vizcarra, lo hacen a través de familiares.
Ello, indicó, demuestra que existe una “perversión de la política” que nos demuestra que hemos avanzado como sociedad, en materia constitucional y en la economía, pero no en la clase política, ya que está muy por debajo de lo que el Perú requiere.
“Mire usted la cantidad de excondenados que están postulando, es como si fuera un mérito (…) y que eso los hace elegibles para una elección popular, lo cual me parece un grave contrasentido. No puede ser un mérito el haber sido condenado, por más rehabilitado que esté. Una cosa es haber recuperado los derechos y otra cosa es ser una persona idónea para un cargo público”, dijo.
Finalmente, Quiroga rechazó la existencia de “piratas” de la política, personajes que no han seguido una vida desde militantes, dirigentes, con encargatura y finalmente un líder de partido; sino que se ha aceptado que cualquier persona se levante un día, se mire en el espejo y se diga: ‘yo soy candidato presidencial; lo que constituye un grave problema.
“Tenemos estas cosas aluvionales, improvisadas y personas que han perdido la vergüenza ¿Cómo es un mérito haber tenido la condena? Deberían estar en su casa muertos de vergüenza y no queriendo ser candidatos. Hay 36 millones de habitantes, tiene que haber mejores candidatos que los que han sido condenados. Entonces, al no haber vida partidaria, convierte a los participantes en muchos piratas, gente que llega y se corrompe o llega para corromper y mantener la corrupción, no llega para promover un ideario o planteamiento político estructurado y sacar adelante el país. No saben lo que el país requiere, todos repiten lo mismo, todos repiten las mismas frases, como un futbolista.”
