El riesgoso juego político que libra hoy el Perú es el de un país puesto en jaque por el crimen organizado, por la tenaza de la informalidad y la corrupción y por la desconfianza e incertidumbre que rodea a un sistema electoral llamado a garantizar, voto a voto, la delegación de poder presidencial y parlamentario del 2026.
El Perú está sobreadvertido, además, de las consecuencias de ese estado de jaque en contra suya y en esas tres clarísimas dimensiones.
Lo peor de todo es que los poderes supuestamente encargados de mover inteligente y diestramente las piezas del Estado viven también jaqueados por sus incapacidades y contradicciones internas, por sus enfrentamientos interinstitucionales caracterizados por el desacato y el revanchismo, y por una creciente pérdida de autoridad y liderazgo.
Tenemos así al gobierno, Congreso, fiscalía, justicia y, ahora, sumado por la coyuntura, al sistema electoral, enfrentando, cada cual, su propio jaque, con escasas posibilidades, en tales condiciones, de sacar al Perú, mediante una jugada maestra, de su triple jaque mayor.
Acostumbrados a tolerar prolongados estados de jaque, como los que ya hemos vivido en el pasado, con la hiperinflación y el terrorismo, o como vivimos hoy indefensos e improvisados bajo el jaque de los sismos, no vaya a ser que despertemos un día, más temprano que tarde, en un jaque mate del gobierno, y otros, sucesivos, de la fiscalía, del Congreso, de la justicia, del JNE y de Defensa Civil, con el Perú entero, por supuesto, sumido también en un jaque mate generalizado.
En medio de su innata e histórica inestabilidad política, el Perú ha salido de muchísimas graves situaciones de jaque, inclusive revirtiéndolas por completo, como cuando entre 1990 y 1995, en cinco años que cambiaron la fisonomía del país, pasamos de la hiperinflación a una sólida y prolongada estabilidad macroeconómica, del terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA a la derrota y liquidación militar de ambas organizaciones, y del autogolpe de Alberto Fujimori a una seguridad jurídica basada en una Constitución que, contra viento y marea de quienes quisieran deshacerse de ella, ha logrado armonizar la convivencia y desarrollo de los peruanos durante más de tres décadas.
Con la inusual aprobación y confianza ciudadana que aún exhibe, el presidente José Jerí estaría echando por la borda un capital político sin precedentes si no hace, en el plazo que le queda, lo que tiene que hacer: liberarse del jaque de inutilidad gubernamental y de inteligencia que sufre por dentro para poder liberar al país del monstruoso jaque criminal que lo acecha. Paralelamente y en la misma dirección tienen que acompañarlo quienes lideran el Congreso, el Ministerio Público (aún vacilante en sus decisiones) y el Poder Judicial. Una respuesta letal del Estado contra la maquinaria homicida que ensangrienta el país.
Por el lado del JNE, necesitamos verlo desamarrado del jaque interno burocrático para luego verlo desamarrando el jaque a la tibia confianza del Perú en las elecciones del 2026, que podrían terminar en un jaque mate de las expectativas ciudadanas por un voto limpio y transparente.
