El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, informó que se ha reforzado la seguridad externa en la Embajada de México en Lima, donde permanece la ex primera ministra Betssy Chávez, ante la posibilidad de un intento de fuga de la exfuncionaria
De acuerdo con el jefe policial, el contingente incluye a un grupo de por lo menos 25 efectivos permanentes en el perímetro de la residencia diplomática, apoyados por otro personal que se ubica en lugares clave.
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“En todos los servicios siempre hay un promedio de 36 miembros, unidades, y en otros lugares estratégicos también para cerrar cualquier posibilidad”, dijo este viernes en Canal N.
“Hay un número considerable, por lo menos 25, pero aparte hay en otros lugares estratégicos que tienen que ver con las posibilidades de fuga de la señora Betssy Chávez”, agregó.
Arriola precisó que la institución se mantiene en alerta máxima para proceder con la detención de Chávez en caso de que intente abandonar el recinto aprovechando las festividades de fin de año, aunque evitó precisar si había información entregada a la policía que apunte en ese sentido.
“Siempre hay informaciones y todas tienen que verificarse. Ni una sola se descarta. Son de carácter reservado pero estamos informados y actuamos convenientemente”, insistió.
El pasado 27 de noviembre de 2025 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictó una sentencia de 11 años y cinco meses de prisión contra Betssy Chávez. El Poder Judicial la halló culpable del delito de conspiración para la rebelión debido a su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, y se ordenó su ubicación y captura inmediata a nivel nacional e internacional.
Antes de la lectura de la sentencia, Chávez Chino ingresó a la sede diplomática y el Gobierno de México le otorgó formalmente el asilo diplomático el 3 de noviembre de 2025.
Como respuesta a esta concesión de asilo, el Gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México ese mismo 3 de noviembre, calificando el acto de “inamistoso” e intervencionista. Hasta el momento, el Estado peruano no ha otorgado el salvoconducto que permitiría a la sentenciada salir del país, manteniendo vigente la orden judicial y la vigilancia de vehículos con inmunidad diplomática.
