El Ayuntamiento de Barcelona anunció en el 2024 la eliminación total de las licencias de uso turístico para las residencias y apartamentos, siendo la primera de las grandes ciudades europeas en adoptar una medida tan drástica. La reciente legislación local establece que las estancias de menos de 31 días en edificios residenciales quedan totalmente prohibidas.
Las autoridades barcelonesas esperan que para noviembre del 2028 no haya pisos turísticos y que unas 10.000 viviendas se integren a la renta residencial.
El alcalde de la urbe catalana, Jaume Collboni, argumentaba que el nuevo marco regulatorio tenía como finalidad combatir la grave crisis de vivienda que enfrentaba la ciudad, que había registrado un incremento del costo de los alquileres para vivir cercano al 70% a lo largo de la última década.
Además de los propietarios de los inmuebles de fin turístico, el gran afectado por la medida es Airbnb, plataforma que jugaba un rol crucial como intermediario en la renta de esas propiedades.
Pese a que el Tribunal Constitucional de España ha dado la razón al Ayuntamiento de Barcelona, la empresa estadounidense ha solicitado al ayuntamiento adoptar “políticas coherentes y regulaciones que beneficien a los residentes”. Airbnb sostiene que la medida dejará el mercado libre a la industria hotelera tradicional y que los precios de esos hospedajes ya se estaban disparando gracias a la medida.
La Asociación de Apartamentos Turísticos (APARTUR) de Barcelona también ha criticado la medida y acusa al municipio de abrir la puerta a un mercado informal mucho más difícil de fiscalizar. Otros negocios relacionados al turismo desde otros frentes también se han mostrado contrariados por la medida.
Los desencuentros entre Airbnb y las autoridades han proseguido, pues el 15 de este mes el Ministerio de Asuntos del Consumidor de España dio a conocer que había multado con 65 millones de euros a Airbnb por seguir mostrando anuncios de alquileres de corto plazo que estaban prohibidos o por no tener licencias de operación. Por su parte, la APARTUR anunció también esta semana que había abierto un proceso legal contra el ayuntamiento y su normativa.
