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La decisión se adoptó luego que el Juzgado de Investigación Preparatoria, mediante una resolución del 2 de diciembre, dio por cumplido el control formal de la nueva acusación que presentó el Ministerio Público (MP) que, de manera indistinta, acusó a 18 personas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y obstrucción a la justicia.
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En su nuevo requerimiento, la fiscal Janny Sánchez-Porturas solicitó 11 años de cárcel para la ex secretaria presidencial, a quien se le atribuye haber participado en tres hechos ilícitos.
En tanto, para el cantante conocido como ‘Richard Swing’ pidió 6 años y 8 meses de cárcel por dos hechos. Para ambos acusados, además, solicitó 15 años de inhabilitación para el ejercicio del cargo público.
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Para el resto de acusados, entre ellos el ex secretario de comunicaciones de Vizcarra, Óscar Vázquez Zegarra, requirió penas de 4 años y 8 meses.
En la acusación anterior, la fiscalía había solicitado 13 años y 4 meses de cárcel para Morales Córdova.
El control de acusación es la etapa previa al juicio oral. Luego, el juzgado determinará si existen elementos para dictar el auto de enjuiciamiento contra los implicados.
Por este mismo caso, Martín Vizcarra y la exministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, son investigados por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos por los presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias.
El 7 de octubre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la decisión del Primer Juzgado que dispuso concluir la investigación preparatoria y emitir decisión. Esto es, presentar la acusación o archivar el caso.
La fiscalía había solicitado que la investigación preparatoria fuese ampliada por ocho meses, sin embargo el tribunal supremo ratificó que el pedido había sido formulado fuera del plazo legal.
Por tanto, declaró infundados los recursos de apelación de la fiscalía y la Procuraduría General del Estado.
Vizcarra, actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 14 años en el Penal de Barbadillo (Ate) al ser hallado culpable del delito de cohecho pasivo (sobornos), en el Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
“Confirmaron la Resolución N.º 3, del 12 de febrero de 2025, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que declaró improcedente el requerimiento de prórroga de la investigación preparatoria,en la investigación seguida contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios por la presunta comisión del delito de peculado y tráfico de influencias, en agravio del Estado»
Los hechos acusados por la fiscalía anticorrupción
En mayo del 2020, la Fiscalía Anticorrupción inició la investigación luego de conocerse los contratos realizados por el Ministerio de Cultura a favor de Richard Cisneros.
El cantante entabló cercanía con Martín Vizcarra y su ex secretaria Mirian Morales. Durante el 2016, participó en actividades de campaña de Peruanos Por el Cambio, donde el ahora exmandatario postulaba como candidato a la Vicepresidencia.
Además, fue invitado por Vizcarra Cornejo para la juramentación de su nuevo gabinete el 2 de abril del 2018, tras asumir la presidencia de la República.
Según la acusación fiscal, las presuntas irregularidades se cometieron entre los años 2018 y 2020 para beneficiar al cantante con las órdenes de servicio que ascendieron a un total de S/175.400.
Entre los presuntos actos ilegales, señala la fiscalía, se adecuaron los términos de la contratación para beneficiar Cisneros, quien tampoco habría cumplido con ejecutar los servicios conforme los contratos, tal como lo establecieron pericias contables e informes de la Contraloría.
Para la fiscalía, “los acusados habrían tenido una participación activa en todas las contrataciones durante los años 2018 al 2020”.
El papel de Martín Vizcarra
Según la acusación presentada por la fiscal Sánchez Porturas, el acusado Richard Cisneros Carbadillo consiguió que Vizcarra “ejerciera sus influencias reales y intercediera a su favor sobre los ministros de Cultura” y obtuviera de “manera indebida” contratos directos.
Obtuvo contratos a través de órdenes de servicio sin cumplir con la experiencia requerida, por montos sobrevalorados, generando que requerimientos sin justificación e innecesarios para la entidad.
Además, según fiscalía, los mencionados servicios podían ser ejecutados por los propios órganos del Ministerio de Cultura, sin la necesidad de contratar a un tercero.
Ello se habría logrado debido a la cercanía de Cisneros, no solo con Vizcarra, sino con la ex secretaria presidencial, Mirian Morales, nombrada en el cargo por el exmandatario.
Para lograr su cometido, relató la fiscalía, el cantante se reunió previamente con Vizcarra y Morales en Palacio de Gobierno.
“El acusado Richard Cisneros dolosamente determinó al exmandatario Martín Vizcarra y a la exsecretaria general de Despacho Presidencial, Mirian Morales, quienes desde la máxima autoridad en la administración pública (Despacho Presidencial) ejercieron influencias reales ante los ministros de Cultura, quienes eran designados por el entonces Presidente de la República”, señaló la fiscalía.
Por tanto, de acuerdo a la fiscal, el acusado obtuvo las influencias reales, bajo la promesa de dar una ventaja o beneficio consistente en brindar su apoyo en cuestiones que el exmandatario necesite, tales como “asesorías” y la promesa de brindar soporte político, incluso durante un proceso de vacancia en contra del exmandatario seguido ante el Congreso.
Por ende, de acuerdo a la acusación fiscal, existió un “plan común” (contactos previos), que dio lugar a una decisión coordinada y acordada previamente, a través del aporte especial de cada uno a fin de lograr el resultado, el cual se manifiesta con las órdenes de servicio que fueron adjudicadas a favor de Cisneros entre el 2018 y 2020.
En el caso de Mirian Morales, señala la fiscal, por su posición de funcionaria, cercana al entonces presidente Vizcarra, habría usado sus influencias a favor del cantante.
Para ello, Cisneros y Morales tuvieron otras reuniones en Palacio de Gobierno y mantuvieron contacto telefónico.
Y es que, de acuerdo a la acusación, Morales Córdova era la encargada de ejecutar o trasladar las órdenes del exmandatario para que los contratos o servicios de Cisneros sean nuevamente renovados en el Mincul.
Así, habría determinado a los exministros de Cultura, entre ellos Patricia Balbuena, para que den instrucciones y dispongan la contratación del cantante.
Finalmente, como tercer hecho, la fiscalía acusa a la exsecretaria presidencial de haber desplegado actos de obstrucción a la justicia luego de iniciarse las primeras investigaciones fiscales.
Así, habría dispuesto eliminar los registros de las visitas del acusado Cisneros Carballido, los mismos que posteriormente fueron recuperados en un peritaje, hallándose 7 ingresos a Palacio de Gobierno y no 2 como indicó.
Posteriormente, en junio del 2020, cuando tenía la condición de testigo, habría “inducido mediante amenaza” de perder su trabajo y el de su familia, para que la entonces asistente presidencial, Karem Roca Luque, no declare como testigo ante la fiscalía o que señale que Vizcarra nunca se reunió con Cisneros.
Roca Luque, como se recuerda, entregó a la fiscalía diversos audios grabados con Vizcarra y otros acusados vinculados al caso.
Con todo ello, la fiscalía estableció que los acusados habrían actuado en contubernio con el exmandatario para llevar adelante “un plan criminal” a fin de generar las órdenes de servicio a favor de ‘Richard Swing’.
“El exmandatario fue determinado a ejercer sus influencias reales con la finalidad de interceder a favor del acusado Cisneros Carballido, disponiendo a los ministros de Estado, designados por éste, para contratarlo en el Ministerio de Cultura, actuación que realizó en acuerdo y coordinación con Mirian Maribel Morales Córdova, quien ostentaba el cargo público de Secretaria General del Despacho presidencial, y quien también invocó sus influencias reales, como rol esencial del plan criminal.”
La acusación ya fue sido analizada en su primera etapa, esto es el control formal (requisitos), por parte del Juzgado de Investigación Preparatoria contra la Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado.
En esa línea, el PJ explicó que, al haberse superado la fase formal del requerimiento de acusación, correspondía establecer la programación de la siguiente fase y con ese objetivo es necesario que el Ministerio Público agrupe los hechos, personas y elementos de convicción.
Por ello, programó sesiones para el 27, 29 y 30 de enero del 2026. Se precisó que las decisiones, respecto a los acusados, se irán emitiendo de forma parcial, o al final de la intervención.
Versiones presentadas ante el Poder Judicial
La defensa legal de Richard Cisneros, en su contestación de la acusación fiscal, solicitó al Poder Judicial el arhivo de las imputuaciones en su contra y del caso.
En su escrito, el cantante también expresó que la acusación no precisa de manera concreta la conducta incriminada, ya que como cualquier otro ciudadano realizó servicios al Estado, cumpliendo con los aspectos relatados en los términos de referencia, y sin superar las 8 UIT para las contrataciones directas.
Agregó que tampoco trasgredió alguna norma penal, ya que no instigó o determinó “a nadie para obtener tales contrataciones”; y sencillamente, lo llamaron y cumplía con los perfiles.
“Solicito se declare fundada la excepción propuesta y se declare el archivamiento de los cargos imputados”, requirió su abogado Pablo Alcántara.
La defensa de Morales Córdova pidió también el archivo de la acusación, argumentando que no se sustentaron las presuntas influencias que se le atribuyen en la contratación de Cisneros.
Además, rechazó que haya existido tráfico de influencias. Añadió que como secretaria general de Despacho Presidencial -conforme a sus competencias- no podría haber ejercido una influencia real sobre los ministros de Cultura durante los años 2018 al 2020.
“Por lo expuesto, se ha dejado claramente demostrado que ante la ausencia de ‘influencias reales’ que pueda emanar de las competencias propias de nuestra patrocinada, la señora Mirian Maribel Morales Córdova, el delito invocado deviene en atípico; en consecuencia, no se configura el delito de tráfico de influencias”, señaló el abogado Hugo Mendoza.
Negó igualmente el presunto delito de obstrucción a la justicia y señaló que las supuestas amenazas a la testigo Karem Roca, no pueden ser atribuidas a su patrocinada.
Al respecto, indicó que conforme a la propia declaración de Roca Luque, del 21 de enero del 2021, las presuntas amenazas habrían sido dadas por Martín Vizcarra.
