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Según dijo a RPP el alcalde del distrito cañetano, José Luis Paín García, el presunto atentado registrado cerca del asentamiento humano Puente Tabla se trataría de un “caso aislado” en “un distrito seguro”.
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Las estadísticas parecen acompañar la narrativa del burgomaestre, pues según datos del Sistema de Datos de la Policía (SIDPOL) registrados en el Observatorio del Ministerio del Interior el distrito registró apenas 209 denuncias por delitos en el 2024 y 219 en lo que va de este año.
La mayoría de ellas, cabe resaltar, corresponden a delitos contra el patrimonio en las modalidades de hurto y robo.
“En Cañete existen distritos como Imperial, Mala o el mismo San Vicente de Cañete con altos índices de inseguridad. Ahí vemos denuncias por robos a mano armada, pero también ya se han registrado extorsiones. El distrito de Cerro Azul históricamente ha sido uno de los más tranquilos, aunque desde hace algunas semanas se están reportando más robos a mano armada que coinciden con la temporada que se avecina, hay que recordar que es un distrito veraneante”, explica a El Comercio Richard Torres, periodista del medio local Políticamente Incorrecto Cañete.
Otra fuente que prefirió mantener el anonimato por seguridad aseguró a este Diario que la situación se torna más grave cuando se habla de tráfico de terrenos. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que un equipo especial se encontraba a cargo de las investigaciones del ataque a Belaúnde y aunque evitó teorizar sobre el móvil, no se puede descartar que este esté ligado a la actividad empresarial del precandidato, quien tiene un negocio inmobiliario cerca de la zona del atentado.
“En todos los distritos de Cañete, sobre todo en las playas que colindan con Chincha y Asia, hay presencia de traficantes de tierras. Hace unas semanas se encontraron a dos chicos descuartizados en una combi en San Antonio, se cree que ese crimen también tuvo que ver con tráfico de terrenos”, narra la fuente de El Comercio.
– Un problema de escala nacional –
Esta problemática no sorprende a Álvaro Espinoza, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) que en el 2019 realizó un estudio en el que descubrió que “en los primeros 20 años de este siglo, el 93% del nuevo suelo urbano creado en las ciudades del Perú era de origen informal”.
Según el experto, esto responde principalmente a un déficit en las capacidades del Estado por brindar proyectos de vivienda accesibles a los ciudadanos. “Cada año en el Perú se generan más o menos 150 mil hogares nuevos, pero el sector formal produce 40 mil o 50 mil, casi todos orientados a los sectores socioeconómicos A y B. Apenas 10 mil de esas serán programas del Estado. El resto busca dónde vivir y las mafias se aprovechan de ello”, detalla.
Espinoza explica también que inicialmente la ocupación irregular de terrenos estaba a cargo de grupos de ciudadanos que llegaban a habitar una zona descampada, pero que desde la década de 1990 estos fueron sustituidos por organizaciones criminales que encuentran un negocio extremadamente rentable “con un margen de ganancia del 150%”, mientras que la habilitación formal de un nuevo suelo urbano “deja un beneficio de 30% en el mejor de los casos”, según descubrieron en el estudio.
“Esto lleva a que no exista ciudad del Perú ni distrito periférico que no tenga ese problema. Probablemente lo vemos más en el sur de Lima porque nos queda de camino a la playa, pero es algo que afecta a todo el país”, señala.
Al ser consultado sobre las posibles soluciones, Espinoza descarta que una mayor presencia policial o intervención de las fuerzas del orden pueda combatir el problema de fondo. “Cada hora se ocupan el equivalente a dos canchas de fútbol en el Perú, es imposible que la policía pueda lidiar con eso. Pueden ir, desalojar y al día siguiente volverán, es la forma en cómo ha venido creciendo el Perú desde hace décadas”, asegura.
El experto, en cambio, explica que se necesita un plan estatal que multiplique los proyectos de viviendas accesibles asequibles y fortalezca los programas de viviendas sociales. “También hay un plan B. El 70% de las viviendas en el Perú son autoconstruidas; se podría pensar en ayudar a esas familias para que construyan mejor y se alcance, por ejemplo, un tercer piso que se pueda alquilar. Si las personas tienen opciones, ya sea esta semiformal o la formal a cargo del Estado, van a preferirla antes de irse a vivir al desierto, pero hasta entonces el fenómeno va a continuar”, asegura.
