El pasado 2 de setiembre, una lancha sospechosa de operar para el narcotráfico fue bombardeada por fuerzas estadounidenses en aguas del Caribe. Se trató del primer ataque relacionado con la flota naval que el presidente Donald Trump ordenó desplegar para labores de interdicción de drogas. Ese día, el propio mandatario informó que “11 terroristas” murieron. Sin embargo, hoy se sabe que dos personas sobrevivieron y fueron rematadas minutos después del primer ataque. El caso ha abierto una de las mayores controversias militares y legales en Estados Unidos en lo que va del 2025.
“Esta mañana temprano, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del SOUTHCOM (Comando Sur)”, escribió Trump.
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El mandatario dijo que “el ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a los Estados Unidos”, y que “causó la muerte de 11 terroristas”.
Junto a su mensaje, Trump publicó un video grabado desde una aeronave de vigilancia donde se observaba el ataque a la lancha, que termina envuelta en una bola de fuego.

De acuerdo con una primicia publicada el viernes por el diario “The Washington Post”, cuando el fuego producido por el primer ataque se disipó, los comandantes observaron que al menos dos personas seguían con vida, aferradas a restos de la lancha. Entonces, se dio la orden de lanzar un segundo ataque contra esos sobrevivientes.
¿Por qué lo hicieron? El Washington Post indica que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, había dado una orden verbal para no dejar personas con vida en los ataques a las embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas, por lo que cuando el equipo de operaciones especiales observó que había dos personas con vida aferradas a los restos de la embarcación recién atacada, vino una segunda ofensiva que acabó con ellos.
La cadena CNN explicó que la orden de Hegseth se dio antes del operativo. Lo que no está claro es si se enteró que había sobrevivientes tras el primer ataque.

En una declaración realizada el viernes, Hegseth rechazó el reportaje del Post y dijo que la informacón era “inventada e incendiaria”.
También defendió las acciones militares y sostuvo que los oficiales habían dejado claro en todas las operaciones que los bombardeos a las embarcaciones estaban diseñados para ser “ataques letales, cinéticos”.
“Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo el derecho estadounidense como el internacional, y todas las acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados, y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, en toda la cadena de mando”, aseguró Hegseth sin referirse directamente a la versión del segundo ataque.

El domingo, Trump expresó a los periodistas su confianza en Hegseth. El presidente sugirió que “no habría querido” un segundo ataque que matara a los sobrevivientes, antes de reiterar que creía que el secretario de Guerra había negado esa versión del ataque.
El presidente incluso declaró que “Pete (Hegseth) dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres… Y yo le creo”.

Pero el asunto dio un giro el lunes cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que sí hubo un segundo ataque y que este fue ordenado por el almirante Frank M. “Mitch” Bradley, quien lidera el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Agregó que este actuó “dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada”.
Leavitt afirmó que el secretario Hegseth fue quien “autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques”.
La secretaria de prensa se negó a responder al ser preguntada sobre qué ley autoriza a no dejar sobrevivientes en un ataque en alta mar.
El mismo lunes, Hegseth reiteró su apoyo a Bradley.
“El almirante Mitch Bradley es un héroe estadounidense, un verdadero profesional, y tiene mi apoyo al 100%. Estoy con él y con las decisiones de combate que ha tomado, en la misión del 2 de septiembre y en todas las demás desde entonces”, escribió en X.
Se prevé que Bradley comparezca este jueves en una sesión informativa confidencial con los legisladores de los comités que supervisan a las fuerzas armadas.
Desde que se ordenó el gran despliegue militar en el Caribe, cerca de Venezuela, se han llevado a cabo 21 ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, en los que han muerto 82 personas.
¿Crimen de guerra?

De acuerdo con expertos consultados por la agencia AP, el ejército estadounidense habría cometido un delito si mató a dos sobrevivientes de un primer ataque. Sostuvieron que no importa si el país está en “conflicto armado” con los cárteles de la droga, como afirma la administración Trump.
“No me imagino a nadie, en ninguna circunstancia, creyendo que es apropiado matar a personas que se aferran a un bote en el agua”, dijo a la AP Michael Schmitt, ex abogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito de la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos. “Eso es claramente ilegal”.
Schmitt reafirmó que un segundo ataque que matara a sobrevivientes es ilegal bajo cualquier circunstancia.
Remarcó que el conflicto armado de Estados Unidos contra Al Qaeda recibió el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN y de sus aliados. En el caso de los cárteles no ha sido así.
Entonces, indicó, si Estados Unidos no está en un conflicto armado, eso significa que con su acción ha violado el derecho internacional referido a los derechos humanos.
“Solo se puede usar fuerza letal en circunstancias de amenaza inminente, y ese no fue el caso”, dijo Schmitt.
Brian Finucane, asesor principal del International Crisis Group y ex abogado del Departamento de Estado, manifestó a la AP que Estados Unidos no está en un conflicto armado con los cárteles de la droga.
“El término para un asesinato premeditado fuera de un conflicto armado es asesinato”, dijo Finucane. Agregó que el personal militar estadounidense podría ser procesado en tribunales estadounidenses.
La AP sostuvo que el propio manual del Pentágono sobre las leyes de la guerra describe un escenario similar al del ataque del 2 de setiembre al analizar cuándo los miembros del servicio deberían negarse a cumplir órdenes ilegales.
“Por ejemplo, las órdenes de disparar contra los náufragos serían claramente ilegales”, dice el manual.
El Congreso exige respuestas

Varios comités de peso del Congreso de Estados Unidos han enviado solicitudes de información y preparan sesiones para los próximos días en relación al ataque y ante la posibilidad de que haya constituido un crimen de guerra.
Además, un parlamentario republicano de alto rango y demócratas sugirieron el domingo que los militares estadounidenses podrían haber cometido un crimen de guerra.
“Obviamente, si eso ocurrió, sería muy grave, y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal”, dijo el representante Mike Turner, republicano por Ohio y expresidente del Comité de Inteligencia, en el programa Face the Nation de la CBS.
Por su parte, el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, manifestó a CBS que si el reporte era correcto, el ataque “se eleva al nivel de un crimen de guerra”.
Mientras que en CNN, a la pregunta de si creía que un segundo ataque para matar a sobrevivientes constituía un crimen de guerra, el senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, respondió: “Así lo parece”.
El senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York y líder de la minoría, pidió a Hegseth que publique “las cintas completas y sin editar de los ataques para que el pueblo estadounidense pueda verlo por sí mismo”.














