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La tarde del pasado 3 de noviembre, Valery Barreto Maldonado, expresidente de la comunidad nativa de Alvarenga, fue detenido y recluido en la comisaría de Santa María del Alto Nanay a la espera de ser trasladado a Iquitos para que responda por el delito de financiamiento ilegal de la minería. Pero, en menos de una hora, Valery Barreto fue liberado.
El suboficial Fababa Isuiza, a cargo de la sede policial, adujo en un documento que la diligencia fue impedida por la presencia de 200 manifestantes, los cuales podían generar disturbios y “poner en riesgo la seguridad de la población y del personal policial”.
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No era la primera vez que Barreto eludía la justicia. Desde hace más de dos años, las autoridades no han logrado detenerlo porque vive protegido en Alvarenga, una comunidad creada por su familia en medio de la selva y que ahora es el epicentro de la minería ilegal.
Desde el 2017, los habitantes de Alvarenga conviven y trabajan con mineros ilegales colombianos y peruanos cuyas dragas remueven el fondo del río Nanay para extraer el oro ayudados por el mercurio, sustancia contaminante.

Además de recibir de los mineros una suerte de impuesto por operar en los alrededores de Alvarenga, los habitantes también se esfuerzan para suministrar los insumos para la minería.
—El que parte y reparte—
De acuerdo con la investigación judicial, eso es lo que hacía Barreto el 14 de octubre del 2021 cuando la Marina de Guerra encontró 40 galones de combustible en el transporte fluvial Amparito de propiedad de Rocío Simons, pero que el mismo Barreto conducía.

Tres meses después, en enero del 2022, la Marina intervino nuevamente a Barreto cuando conducía hacia el mismo destino otra nave que en esta ocasión transportaba 105 galones de combustible.
Valery Barreto señaló en su defensa que el combustible era para el alumbrado de la comunidad Alvarenga y, para ello, mostró una carta de la Municipalidad Distrital de Alto Nanay autorizando el transporte del petróleo. Sin embargo, dos semanas después, las autoridades comprobaron que el exjefe comunal no decía toda la verdad.

El 24 de febrero del 2022, en un operativo de interdicción sorpresa en Alvarenga, fiscales especializados en medio ambiente constataron la inexistencia de motor petrolero para alumbrado eléctrico.
Los dirigentes de Alvarenga negaron también la llegada de combustible para la comunidad y el gerente de la municipalidad negó haber suscrito un permiso para que Barreto transportara combustible.

A estas evidencias, se agregó otro hecho comprometedor: el hallazgo de una agenda, en octubre del 2022, en una de las dragas intervenidas durante un operativo río arriba de Alvarenga. En dicho documento se sugiere que Barreto iba repartiendo el combustible a dueños de dragas mientras recorría el río Nanay. Además, en una anotación aparece un número de teléfono perteneciente a Barreto.

“Recibí de Valerio, Gasolina 2 Galones, Javier, 8 galones para corte de Tablones, 10 galones para armar pontón, 10 galones para armar piso, 20 galones para hacer inicios de trabajos, 10 galones en Pucaurco 4 galones en medio camino a Puca, 20 galones para traer petroleo San Andrés, aceite lubricar y 2 aceite 40”, “Compra Balerio 40 galones de gasolina”, “Balerio 948548481”, se lee en la agenda.
Mientras se dedicaba al transporte de combustible a la zona de la minería ilegal, Valery Barreto se dedicó a la actividad política sin éxito. Ha postulado en dos ocasiones para alcalde distrital y regidor. La última vez lo hizo para ser alcalde de Alto Nanay en el 2022 por el movimiento regional Fuerza Loretana.

El Comercio ha intentado recoger la versión de Barreto, pero hasta el cierre de edición no recibimos respuesta alguna.














