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Ambos partidos se encuentran en un feroz enfrentamiento en torno al gasto en el sector salud, con los demócratas exigiendo que se acuerde renovar los subsidios gubernamentales al seguro médico para personas de bajos ingresos llamado Medicaid, que vence este año, y que se reviertan los recortes al programa implementados por el presidente Donald Trump en su “One Big, Beautiful Bill” (OBBBA), así como el desfinanciamiento de entidades como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).
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Esto significa que si bien servicios de salud, tráfico aéreo, fuerzas del orden y patrulla fronteriza seguirán funcionando -aunque sin paga-, trabajadores como los guardaparques, inspecciones de alimentos, así como aquellos que trabajan en programas de asistencia alimentaria, educación financiada con fondos federales y la emisión de préstamos estudiantiles recibirán una licencia temporal sin sueldo.
Es una crisis que ya conoce Trump, quien durante su primer gobierno tuvo tres cierres parciales del gobierno, incluyendo el más largo de la historia, de 35 días, un evento que podría darnos algunos indicios de qué podría ocurrir en los próximos días y semanas.
¿Qué pasó en 2018?
Bajo el sistema de gobierno estadounidense en el que todas sus ramas son iguales, las leyes presupuestarias deben ser aprobadas no solo por el presidente y el Congreso, sino también por el Senado con una mayoría absoluta de 60 votos, por lo que requieren la aprobación de al menos 7 demócratas para pasar a pesar de controlar la llamada trifecta (Casa Blanca, Congreso y Senado).
Es un mecanismo que a lo largo de las décadas ha sido aprovechado por el partido opositor para lograr obtener concesiones y llevar a sus rivales políticos a la mesa de negociación, fomentando una cultura política bipartidista. Por otro lado, cuando las partes no encuentran un consenso la situación deriva en estas paralizaciones, que han sido 15 desde 1980, aunque solo una docena de estas resultaron en el cierre parcial del gobierno.
Tres de estas ocurrieron durante el primer gobierno de Donald Trump, todas en el mismo año, aunque solo la última, que duró desde el 20 de diciembre del 2018 y se extendió hasta el 25 de enero del 2019, cerró el gobierno por un tiempo considerable.
La primera ocurrió entre el 20 y 22 de enero del 2018, causada por la exigencia de los demócratas de extender un programa de la era Obama que protegía a los llamados ‘dreamers’, inmigrantes ilegales que fueron llevados a EE.UU. de niños. Al final los demócratas fueron los primeros en pestañear y aprobaron un acuerdo para extender el financiamiento del gobierno a cambio de la promesa de que su medida tuviera su tiempo en el Senado.
Un segundo cierre ocurrió el 8 febrero del 2018, causado por el senador Rand Paul y su demanda de cortar los gastos gubernamentales, aunque solo duró un par de horas.
En el tercer cierre parcial del gobierno, el problema se originó, como es frecuente, en desacuerdo de prioridades fiscales y legislativas, con los republicanos exigiendo destinar US$5,7 mil millones en la construcción de un muro en la frontera con México -una de las principales promesas electorales de Trump.
Para María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando, la crisis se debió a dos factores principales, que fueron la inexperiencia de Donald Trump en cuestiones de gobierno que se juntaron con la falta de voluntad de compromiso entre los republicanos y los demócratas.
“Es importante recordar que todas estas decisiones de carácter financiero en el poder legislativo van a tener repercusiones en cada uno de los estados y distritos que los legisladores representan”, explicó. “Y esto ha causado que en los últimos años este procedimiento, en vez de ser algo técnico, ha pasado a convertirse en una especie de espectáculo, de ‘reality’, donde ambos partidos intentan alcanzar sus objetivos en detrimento del otro. Y eso fue lo que también pasó en el cierre de gobierno del 2018, donde ambas fuerzas políticas no llegaron a un acuerdo”.
Al final, la crisis se solucionó parcialmente debido a presiones externas, cuando trabajadores esenciales como los controladores de tráfico aéreo empezaron a no asistir a sus funciones tras un mes sin paga, causando caos en los aeropuertos. Fue entonces que Trump aceptó un acuerdo temporal para financiar al gobierno en el que no se cumplían sus demandas por un muro, aunque el mandatario posteriormente logró destinar algunos fondos para su ansiado proyecto al declarar una emergencia en la frontera.
Los costos de esta crisis fueron considerables, con la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) estimando que el cierre del 2018-2019 redujo la producción económica del país en US$11 mil millones, US$3 mil millones de estos que nunca fueron recuperados.
Unos 380 mil empleados federales fueron obligados a quedarse en casa sin paga por más de un mes, mientras que 420 mil trabajadores esenciales fueron obligados a trabajar sin un sueldo, poniéndolos en una situación de peligro y angustia financiera.
Diferencias significativas
¿Podremos esperar una resolución parecida en esta ocasión? Para María Puerta Riera es poco probable y hay varias razones. La primera es que Trump es lo que considera un ‘lame duck’, término utilizado para políticos que ya no pueden buscar la reelección -a pesar de lo mucho que insista-, lo que le da la opción de tomar acciones políticamente más arriesgadas sin tener que preocuparse de su futuro político.
La segunda diferencia es aún más considerable y se centra en que si bien en anteriores ocasiones los cierres parciales del gobierno eran vistos por ambos partidos como algo mutuamente perjudicial, en esta ocasión Trump y sus aliados parecen haber recibido esta crisis como una oportunidad para reducir aún más la fuerza laboral federal o desaparecer programas gubernamentales y culpar a sus rivales políticos, algo que el gobernante pareció adelantar el martes 30 durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca.
“Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, que son malas para ellos (…), como despedir a una gran cantidad de personas o cortar cosas que a ellos les gustan”, advirtió el mandatario.
Y a diferencia de anteriores ocasiones, el mandatario parece insinuar que estos puestos no estarán cuando termine la crisis, afectando a una fuerza laboral ya afectada en meses anteriores por las decisiones del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
“Yo creo que el presidente Trump buscó una oportunidad para hacer esto y por eso dijo que no iba a negociar con los legisladores demócratas antes del cierre”, consideró Puerta Riera. “Y el martes los republicanos ya adelantaron que la orden es no parpadear primero, así que yo estoy convencida de que este cierre será aún más largo que el del 2018, porque ellos van a utilizar la excusa de que estamos en una situación de emergencia para tomar decisiones drásticas que no podrían tomar en circunstancias normales“.
La utilización de esta crisis para desaparecer programas sociales es algo particularmente clave debido a que el beneficio social de la cobertura médica que están defendiendo en esta ocasión los demócratas es extremadamente popular entre votantes de ambos partidos y que en noviembre del próximo año serán las elecciones legislativas de mitad de mandato (conocidos en inglés como ‘midterms’), donde se pone en juego la mayoría en el Congreso.
Así, la politóloga sostiene que esta crisis se utiliza como una táctica del Partido Republicano para obtener ventaja y perjudicar a sus adversarios, incidiendo en temas clave para estos como la inmigración y la educación y aprovechando el contexto de emergencia nacional. Según la experta, “este cierre va a durar el tiempo que el gobierno y el Partido Republicano lo necesiten”.