Hay dos problemas básicos al interior de ciertos segmentos de nuestro empresariado. De un lado, un entusiasmo desbordado a partir de indicadores de coyuntura que, en un escenario no deseado, podrían debilitarse. De otro lado, una suerte de pasividad extrema frente a lo complicado de nuestra realidad sociopolítica.
Hoy en día la variabilidad esperada en el crecimiento del PBI es bastante grande. Es conocido que casi el 60% de su dinámica depende de factores exógenos vinculados a un frente internacional que se presenta cada vez más complicado en todos sus extremos, incluyendo el geopolítico.
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En ese escenario, el problema se acentúa cuando incorporamos al frente interno. Este, ahora más que nunca, le agrega también incertidumbre a la dinámica del PBI. La inseguridad, la ilegalidad, la corrupción, un proceso electoral con resultados inciertos y un desastroso marco institucional, constituyen una “segunda ola” que podría afectar también cualquier expectativa en el crecimiento de la producción.
Es cierto que recientemente las cifras básicas en materia económica denotan cierta mejora, pero no podemos perder de vista que la recuperación del primer semestre se sustenta en cifras previas que denotaron decrecimiento o crecimientos exiguos. A partir de este segundo semestre recién vamos a disponer de elementos para identificar si la recuperación se consolida, dado que el crecimiento deberá contrastarse con cifras más exigentes y dispondremos de un entorno externo-interno mucho más retador.
Una primera conclusión es que los próximos meses la capacidad de predictibilidad económica será limitada y que parte del sector empresarial tiende a sobreestimar una recuperación que necesita cuajar mucho más. Lo lamentable, en todo esto, es que un gobierno de salida siempre se tiende a debilitar aceleradamente. Más preocupante aún es que no sabemos en manos de quien caerá las riendas del país.
Sin embargo, no todo queda allí. Debe modificarse la misma estrategia de participación del empresariado a efectos de enmendar las serias restricciones en el ámbito económico, social y político. No basta con promover congresos empresariales, financiar ‘think tanks’ o auspiciar la presencia de representantes en los gobiernos de turno.
Dado el actual contexto electoral, por ejemplo, no sería descabellado que el empresariado busque el mecanismo apropiado para emitir una opinión detallada, directa y abierta acerca de la seriedad, potencial impacto y viabilidad de las principales propuestas de los candidatos a la presidencia. Debe señalar posibles implicancias de cada propuesta en materia de empleo, producción, salarios, inversión, etc.
El cotejo de ideas de los candidatos también debe incluir la evaluación de sus propuestas en materia de gobernanza nacional, institucionalidad, reforma integral del sector público y mecanismos para alcanzar un pacto nacional consensuado que permita la ejecución fluida y transparente de la infraestructura necesaria. En este sentido, sería valiosa también la discusión sobre las reformas que deben experimentar los partidos políticos y los procesos eleccionarios.
Una segunda conclusión: se debe encontrar una estrategia participativa para trascender la pasividad económica. Se debe exigir la ejecución de reformas estructurales y adecuados mecanismos de rendimiento de cuentas. Un error en los resultados del proceso electoral podría costarnos un retroceso irreparable como país.
