Pese a los cuestionamientos de la fiscalía y el Poder Judicial, la presidenta Dina Boluarte promulga este mediodía la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
Tanto la mandataria como miembros de su gobierno habían adelantado no solo sus duras críticas a la Corte Interemericana de Derechos Humanos, que cuestionó la norma, sino que defendieron la amnistía.
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“El Perú es libre, independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir”, afirmó Boluarte a fines de julio.
La norma -aprobada por el Congreso- beneficiará específicamente a aquellos que no cuenten con una sentencia firme por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en ese período, así como a los sentenciados mayores de 70 años.
El 9 de julio, la Comisión Permanente aprobó el texto en segunda votación. La mandataria tenía hasta este 15 de agosto para promulgar o devolverla al Parlamento con observaciones.
La ley fue aprobada con el respaldo de congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia.
Argumentos a favor
Durante su debate en la Comisión Permanente, el entonces presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), señaló que la amnistía responde a “una necesidad de justicia” y es una forma de saldar “una deuda moral que tiene el Estado con aquellos que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990 e impidieron que el Perú cayera en manos de una sangrienta dictadura comunista”.
Dijo que permitirá corregir violaciones al derecho al plazo razonable para los procesos judiciales.
Estimó, además, que hay más de mil personas en esa situación.
Posiciones en contra
La Fiscalía, el Poder Judicial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron en contra de esta norma y pidieron que no sea promulgada.
El 1 de agosto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que la ley de amnistía solo lograría “impunidad”.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido al Estado peruano no llegar a aprobar la pretendida ley que genera amnistía para militares y policías que hayan cometido delitos contra los derechos humanos. Hay una gran desinformación sobre este tema”, enfatizó.
