Han encontrado una mina de oro electoral y están decididos a extraer de ella todo lo que puedan. Un apetecible filón de votos. Una veta de financiamiento para sus campañas reeleccionistas. La Comisión de Energía y Minas es para ellos el socavón apropiado para explotar cualquier contrabando legislativo que favorezca a sus aliados.
El brillo de la codicia electoral de algunos congresistas opaca a cualquier metal. Sus intereses turbios contaminan y envenenan las iniciativas que buscan la formalización. En las sombras, el crimen organizado sonríe complacido.
Esta semana los mineros informales han bloqueado carreteras en diversas zonas del país. Envalentonados por sus influencias en el poder y azuzados por los parlamentarios que los apoyan, están generando pérdidas por S/280 millones al día en el sector transporte, han impedido el libre tránsito de miles de ciudadanos y han causado desabastecimiento en varias ciudades.
El objetivo de los manifestantes es claro: manipular a su conveniencia el texto de la ley MAPE y lograr una prórroga indefinida del Reinfo. En otras palabras, seguir operando sin fiscalización ni cumplir con los estándares ambientales.
Por el otro lado está el interés de los legisladores que los apoyan. Capitalizar al máximo las demandas de ese sector para atraer un buen porcentaje de votos, y por qué no, financiamiento para una campaña que será bastante disputada y en la que los radicalismos apuntarán a bolsones electorales específicos. Quien más grite, quien más azuce tendrá más notoriedad y sacará más provecho del descontento de la tribuna.
La minería ilegal que contamina ríos está empezando a contaminar nuestro próximo proceso electoral. Los intereses subalternos se han infiltrado en bancadas de las más diversas ideologías y amenazan con erosionar las urnas. El caos y los bloqueos son las primeras señales de advertencia de lo que está por venir.
