La propuesta incorpora la figura de “equivalencia” en la Ley 31419 para que, entre otras cosas, los años de función legislativa se contabilicen como años de experiencia. Así, una vez que dejen el cargo, los parlamentarios podrían calzar en los altos cargos antes mencionados.
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Esta iniciativa fue aprobada en el pleno el pasado 21 de mayo, y la autógrafa fue remitida a la presidenta Dina Boluarte, apenas nueve días después. A diferencia de otros casos, la jefa de Estado observó la propuesta en el último día de plazo, el pasado 20 de junio, con lo cual el texto regresó a la Comisión de Constitución. Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron a El Comercio que una de las principales razones de la observación radica en las alertas producidas desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debido a que la norma abriría la puerta para que excongresistas puedan utilizar influencias políticas para ser nombrados en cargos de alto nivel técnico, sobre todo en las áreas presupuestales.
—Observaciones—
La observación del Ejecutivo apunta a tres puntos claves: falta de coherencia normativa, falta de sustento y falta de justificación. “No existe sustento técnico suficiente que motive la disminución de años de experiencia laboral específica de 5 a 4 años para el caso de viceministros y de secretario general, gerente general o el que haga las veces de los organismos autónomos”, dice el documento del gobierno.
El problema va más allá, según advierte Mayen Ugarte, docente del Departamento de Gestión de la PUCP: “El proyecto lo que está buscando es encontrar espacio para ellos (los congresistas) y sus asesores políticos, pero no ellos ni sus asesores tienen experiencia como para una secretaría general”.
Ugarte, exsecretaria de Gestión Pública de la PCM, también alertó sobre la disposición de la propuesta que impide que se incorporen en procesos administrativos o penales a las personas que aprueben las equivalencias de experiencia. “Hoy, como existe responsabilidad, las oficinas de recursos humanos están siendo bien estrictas. Con el cambio, lo que están haciendo es abrir la puerta a una mayor discrecionalidad para la interpretación de las equivalencias”, apuntó.
—Sin perfiles técnicos—
Lo más probable es que la Comisión de Constitución apruebe la insistencia del nuevo marco normativo. Según fuentes legislativas, la bancada de APP es la voceada a presidir este grupo de trabajo desde agosto, y esta bancada tendría un interés particular debido a que cuentan con un gran número de gobernadores y alcaldes que, de aprobarse los cambios, podrían dar trabajo a los congresistas que, por ejemplo, no consigan la reelección en 2026.
Para el alcalde de Surco, Carlos Bruce, la experiencia de congresista no sirve para un cargo técnico como gerente municipal. “Te puede servir para ser alcalde porque este también es un cargo político, pero los gerentes no hacen política, tienen que ser buenos técnicos. Hay un sucesivo interés de los congresistas para asegurar un puesto de trabajo cuando dejen el cargo y una ley así solo bajará el nivel técnico a nivel municipal”, afirmó.
Bruce indicó que se necesitan otros ajustes pues, por ejemplo, la normativa no permite contratar a gente con experiencia del aparato público fuera del ámbito local y tampoco a profesionales del sector privado. “Tienes a los mismos gerentes dando vueltas por los distritos porque la ley no permite traer nuevos profesionales”, dijo.
