La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene en sus manos cuatro denuncias contra la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por el presunto incumplimiento de la resolución mediante la que resolvía la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema titular y disponía que sea restituida como titular del Ministerio Público.
A través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la JNJ dio cuenta que las denuncias contra Espinoza Valenzuela, por el presunto incumplimiento de la Ejecución de la Resolución N° 231-2025-JNJ, fueron interpuestas entre el 19 y 30 de junio último.
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Este Diario pudo confirmar que una de las denuncias en trámite es la 1017-2025-JNJ, que fue interpuesta por el ciudadano Luis Caya Salazar, exconsejero regional de Moquegua, ante la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, a cargo de Magnolia Martínez.
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La funcionaria, como se recuerda, dispuso que se forme un expediente y sea remitido a uno de los consejeros de la JNJ que actuará como “miembro instructor” para su calificación.
Este Diario se comunicó con Juan Peña, abogado de Benavides Vargas, quien aseguró que, por parte de la defensa de la suspendida fiscal, no han interpuesto hasta el momento ninguna denuncia en contra de Espinoza ante la JNJ.
El pasado 12 de junio, la JNJ resolvió emitir la resolución que anulaba la sanción de destitución que se le impuso a Benavides Vargas en mayo del 2024 y que fue confirmada en octubre de ese mismo año.
El documento, firmado únicamente por el presidente de la JNJ, Gino Ríos, fue notificado recién el 16 de junio al Ministerio Público. Ese mismo día, Benavides acudió a la sede de la Fiscalía de la Nación con la finalidad de asumir los cargos dispuestos por la JNJ.
No obstante, desde la fiscalía de la Nación, Espinoza Valenzuela requirió que se le notifique la resolución firmada por todos los consejeros de la JNJ que habían adoptado la citada decisión a favor de Benavides.
Finalmente, la decisión de la JNJ no fue ejecutada luego que la Junta de Fiscales Suprema precisara ante la JNJ su atribución de elegir y decidir quién ocupa el cargo de fiscal de la Nación.
Ante ello, de acuerdo a información proporcionada por la JNJ, las cuatro denuncias están relacionadas, precisamente, al presunto incumplimiento de la resolución a favor de Benavides.
Sin embargo, ante el requerimiento de información sobre el inicio de alguna investigación, vinculada al posible incumplimiento de la Resolución N° 231-2025-JNJ, aseguraron que a la fecha no han abierto ninguna pesquisa.
“Respecto al extremo de lo solicitado sobre resoluciones u otro documento expedido por el Pleno o la Oficina de Procesos Disciplinarios en los que se disponga abrir investigación contra Delia Espinoza Valenzuela, en su actuación como Fiscal Supremo y Fiscal de la Nación por el incumplimiento de la ejecución de la resolución N.°231-2025-JNJ, se precisa que a la fecha no obra expediente de investigación preliminar contra la señora Delia Espinoza Valenzuela que guarde relación con lo solicitado”.
La JNJ se negó a emitir copia de cada una de las denuncias presentadas contra Delia Espinoza, alegando que, el artículo 4 de su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, dispone la “reserva del proceso”, al encontrarse las referidas denuncias en trámite.
Por tanto, indicó, solo pueden acceder a su contenido las parte involucradas, por lo cual no era posible atender lo solicitado.
El Ministerio Público no respondió sobre alguna notificación de la JNJ respecto a las denuncias.
Corte Suprema deberá establecer criterio sobre suspensión de altos funcionarios
Por su parte, Patricia Benavides se encuentra a la espera de que la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) determine si confirma o revoca la medida cautelar que la suspendió en sus funciones de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, por 34 meses.
El Comercio pudo conocer que la Fiscalía de la Nación también presentó una apelación contra el plazo de la medida, a fin de que se amplie de 24 a 36 meses.
Benavides Vargas, en este caso, es investigada por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal, por presuntamente intervenir en un proceso vinculado a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Tal como ya lo informó este Diario, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema programó para el 30 de julio, la audiencia de apelación.
Será entonces que la máxima instancia adopte un criterio respecto a la suspensión de las funciones de altos funciones, como el fiscal de la Nación o fiscal supremo titular.
Ello, luego de que el juez supremo Segismundo León acogió el pedido de la Fiscalía de la Nación y ordenó la suspensión en el cargo de Benavides Vargas, señalando que su despacho sí estaba habilitado para pronunciarse aún cuando el caso ya había sido formalizado mediante una denuncia constitucional ante el Congreso.
Para ello, argumentó que el Parlamento no había iniciado el trámite de la denuncia y, además, el pedido de suspensión fue presentado antes de que el expediente sea derivado al Congreso.
Sin embargo, en una reciente resolución, el juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó una posición contraria a la de su colega, al resolver dos pedidos de suspensión en el cargo de fiscal supremo titular para Luis Arce Córdova y Tomás Gálvez Villegas.
De acuerdo al magistrado, al momento del resolver el requerimiento fiscal, Arce y Gálvez no se encontraban en el ejercicio del cargo y además, sus casos ya se habían presentado ante el Congreso (Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
