La Defensoría del Pueblo advirtió que diversas municipalidades de Lima siguen imponiendo multas y remolcando vehículos a depósitos, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ya resolvió que no tienen competencia para sancionar infracciones de tránsito ni utilizar grúas.
La sentencia, dictada en respuesta a una demanda presentada por la propia Defensoría en febrero de 2023, establece que estas facultades recaen exclusivamente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Policía Nacional del Perú (PNP).
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El fallo es claro: si los funcionarios municipales insisten en aplicar este tipo de sanciones, podrían ser denunciados por desacato, lo que implicaría consecuencias graves, incluida su destitución, de acuerdo con el Código Procesal Constitucional.
Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado a las municipalidades para que respeten la legalidad vigente y se abstengan de continuar con estas prácticas, según recoge América Noticias.
Pese a esta restricción, la problemática de los vehículos mal estacionados continúa generando caos en varias zonas de Lima. En los alrededores del hospital Rebagliati, por ejemplo, es común ver autos ocupando espacios prohibidos, obstaculizando el paso de ambulancias y complicando la circulación vehicular.
En toda la capital es común encontrar automóviles detenidos en esquinas, veredas, rampas para personas con discapacidad y zonas rígidas, pues la calles es utilizada como estacionamiento al paso, lo que genera congestión vehicular y pone en riesgo a los transeúntes. Esta situación se agrava en zonas cercanas a hospitales, mercados y centros educativos, donde los conductores, por comodidad o falta de espacios formales, optan por dejar sus autos en lugares prohibidos.
Aunque la situación exige una solución urgente, la Defensoría del Pueblo subraya que ninguna medida puede ir en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos ni contradecir un fallo constitucional.
