Ambas propuestas han sido recibidas con entusiasmo por sus impulsores, pero con fuertes críticas desde el sector técnico y económico, que alertan sobre los riesgos fiscales, la calidad del gasto descentralizado y el debilitamiento institucional. En este contexto, resumimos en cinco claves lo que debes saber para entender qué está en juego.
¿Qué cambios se están planteando sobre el IGV?
Foncomun: Ya es una ley aprobada por el Congreso (autógrafa), pendiente solo de promulgación por parte del Ejecutivo. No reduce la tasa total del IGV (18%), pero redistribuye su composición interna: el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) pasará del 2% al 4% de forma progresiva hasta 2029, reduciendo al mismo tiempo la parte que ingresa al Tesoro Público (de 16% a 14%).
Es necesario aclarar que el IPM es el principal componente del Foncomun, un fondo que transfiere recursos a los municipios para asegurar su funcionamiento y promover la equidad entre gobiernos locales. El IPM representa alrededor del 95% del total de recursos del Foncomun, lo que lo convierte en su principal fuente de financiamiento.
Reducción temporal del IGV: Este proyecto, aún en discusión en la Comisión de Economía, plantea bajar temporalmente el IGV para generar mayor liquidez y consumo. La pérdida de recaudación se compensaría con un aumento temporal del Impuesto a la Renta. Especialmente está dirigido a empresas.
¿En qué se diferencian ambos planteamientos?
Foncomun: Según el congresista y presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Ilich López, la ley tiene un enfoque de descentralización fiscal y busca fortalecer financieramente a los gobiernos locales. Incluye reglas de eficiencia: solo las municipalidades que ejecuten bien su presupuesto accederán al incremento del Foncomun.
Reducción del IGV con alza del IR: Respaldada por López, esta propuesta apuesta por dinamizar la inversión privada nacional y extranjera. El argumento es que reducir el IGV estimula el consumo inmediato, mientras que el IR se paga anualmente y no afecta directamente la liquidez.
Diversos economistas advierten que subir el IR puede desalentar la inversión y que aumentar recursos a los municipios sin mejorar su capacidad de gestión puede derivar en derroche. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, ha cuestionado el uso político de estas medidas sin sustento técnico y el debilitamiento del MEF como ente rector.
¿Cuál es el estado actual de estas propuestas?
Foncomun: Ya fue aprobada por el Pleno del Congreso y está en etapa de autógrafa. El MEF ha manifestado su respaldo, por lo que se espera su pronta promulgación.
Reducción del IGV con alza del IR: Se encuentra en etapa de dictamen en la Comisión de Economía. López ha expresado su intención de que forme parte de una reforma tributaria más amplia, pero aún no tiene luz verde del Pleno ni del Ejecutivo.
¿Cómo impactarían estas medidas en el consumidor?
Foncomun: No modifica el 18% que paga el consumidor, por lo que el impacto directo en precios sería nulo. Sin embargo, al disminuir la recaudación del gobierno central, podría limitar su capacidad de gasto o generar presión para ajustes tributarios en el futuro. El Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el Instituto Peruano de Economía (IPE), han advertido que esta redistribución implica una pérdida progresiva de ingresos para el Tesoro Público.
Reducción del IGV: Sí tendría un efecto inmediato en los precios, con una rebaja transitoria para el consumidor. No obstante, el aumento del IR a empresas podría trasladarse indirectamente en forma de mayores costos si las compañías ajustan márgenes o precios, según analistas.
¿Se reducirá realmente el IGV en el Perú?
Foncomun: No. La ley mantiene la tasa general del IGV en 18%, pero modifica cómo se distribuye internamente entre el Tesoro Público y el Foncomun.
Reducción del IGV: Aún no hay ninguna norma aprobada que reduzca el IGV, pero este proyecto sí lo plantea. Sin embargo, enfrenta cuestionamientos técnicos y fiscales. El IPE, Videnza y otros expertos advierten que tanto ésta como la ley ya aprobada, generan riesgos para la sostenibilidad fiscal del país, en un contexto de baja ejecución presupuestal en gobiernos subnacionales.
Como advirtió el economista Jorge González Izquierdo en entrevista en Canal N, aumentar recursos sin mejorar la gestión municipal puede resultar en derroche. Usar el IGV como herramienta política sin una visión técnica clara puede comprometer aún más la credibilidad del sistema tributario peruano.
