El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, consideró “prudencial” el nuevo plazo de 5 años otorgado por el Tribunal Constitucional (TC) al Poder Ejecutivo para el deshacinamiento de los penales.
En entrevista con Canal N, saludó la decisión del tribunal de ampliar el plazo, que venció el último lunes 26 de mayo, y dijo que es el resultado de una serie de acciones que viene ejecutando su sector.
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Asimismo, el titular del Minjusdh insistió en que el Gobierno pondrá énfasis para cumplir con la sentencia del TC, antes del 2030 si es posible.
“Saludar la decisión del Tribunal Constitucional con mucho entusiasmo, pero también con mucha seguridad en el sentido de que se nos está otorgando cinco años más para proceder al deshacinamientos de los penales”, expresó.
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“Este por supuesto es el resultado de una serie de acciones que ha venido ejecutando el Ministerio de Justicia y que nosotros continuaremos con mucho ahínco, con mucho énfasis para que en el 2030, o si fuera antes, podamos lograr el objetivo que es el deshacinamiento de los penales”, agregó.
El ministro señaló que el Gobierno no había solicitado un plazo específico y que el pasado 24 de abril envió un oficio al Tribunal Constitucional señalando como “circunstancias innegables” para no cumplir con la sentencia la pandemia del COVID-19 y los efectos del ciclón Yaku.
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“Estos fenómenos que eran imprevisibles obligaron al Estado peruano a priorizar otro tipo de situaciones. No pedimos un plazo específico, pero considerábamos que este era un tiempo prudencial para cumplir con la sentencia que fue emitida en el 2020”, sentenció.
Hasta el 2030
Como se recuerda, el Tribunal Constitucional amplió hasta el 2030 el plazo para la ejecución de la sentencia del 2020 para que el Estado resuelva la situación de hacinamiento en los penales del país.
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La resolución difundida este 27 de mayo detalla que los puntos de la sentencia original relacionados directamente con el objetivo central de “superar el estado de las cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios” siga abierta hasta el 2030.
En esta línea, el TC ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que informen en enero de cada año hasta el 2030 sobre los avances concretos y el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
