La Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP) presentó una demanda de acción popular ante la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para dejar sin efecto la norma que obliga a los motociclistas a utilizar cascos certificados y chalecos retrorreflectantes con la placa del vehículo impresa en la parte posterior.
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La acción legal, sustentada por el abogado Alfonso Del Carpio Delgado, va dirigida contra el Decreto Supremo 006-2025-MTC, el cual entró en vigencia en Lima y Callao y se extenderá progresivamente al resto del país en junio. Según el expediente 01193-2025-0-1801-SP-DC-01, los demandados incluyen al despacho presidencial de Dina Boluarte, así como a los ministerios del Interior (Mininter) y de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderados por Carlos Malaver y César Sandoval, respectivamente.
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El decreto establece que tanto el conductor como el acompañante deben usar cascos de seguridad certificados de cuatro tipos: integral, cross, modular o abierto. Está prohibido el uso de gorras, celulares, lentes de sol o cualquier recubrimiento debajo del casco.
Asimismo, se exige el uso obligatorio de un chaleco retrorreflectante con la placa de la motocicleta impresa de forma visible, con el objetivo de mejorar la visibilidad y seguridad vial.
Los motociclistas que incumplan esta normativa recibirán una multa de S/ 428, correspondiente al 8% de una UIT, y acumularán 40 puntos negativos en su licencia. Además, la policía podrá retener el vehículo de manera preventiva.
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Reglas para el delivery
El decreto también regula a quienes realizan servicio de delivery con motos lineales. El MTC deberá implementar en 30 días el Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida. Luego, cada municipio deberá inscribir a los autorizados. Estos conductores no podrán llevar acompañantes ni productos fuera de la cajuela. De hacerlo, se enfrentarán a multas equivalentes al 0.8 de una UIT.
Los colectivos de motociclistas aseguran que continuarán con las medidas legales y protestas hasta lograr que se revoque la norma.
