En el kilómetro 90 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Mala (Cañete), existe un cruce con la antigua Panamericana Sur que ha visto a cerca de 200 personas perder la vida y, a muchas otras, bordear la muerte en innumerables accidentes de tránsito. Es conocido como el Cruce de la Muerte. Desde hace más de diez años, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la concesionaria Coviperú anunciaron la creación de un intercambio vial que aún no ve ni sus primeros cimientos. Ante la falta de soluciones, la población maleña marchará por la carretera este viernes 23 de febrero, con el fin de exigir el inicio de las obras.
Fue en marzo del 2010 cuando el MTC informó oficialmente que –a raíz de una serie de adendas suscritas con Coviperú, empresa concesionaria de la carretera desde Pucusana hasta Ica- se construirá por lo menos siete pasos a desnivel en Cerro Azul, Santa Cruz, Playa Hermosa, Arena, El Manso, Bujama y Boca de Río. Sin embargo, a casi 13 años del anuncio, los vecinos del sector Bujama en Mala no han visto avance alguno. “Este proyecto viene del año 2010. En el transcurso de los años se ha presentado diversas observaciones, pero últimas ya fueron subsanadas por el MTC y se levantó el informe hacia el MEF. Sin embargo, este ha respondido con nuevas observaciones”, contó a El Comercio el alcalde de Mala, Marquinho Espichán.
“Esto tiene años, pero siempre es lo mismo. Me dijeron que se iniciaba el proyecto en el mes de setiembre [del 2023] y hasta ahora, nada”, agregó. El burgomaestre resaltó que por parte Coviperú no hay interferencias, y que las demoras son concretamente de las entidades estatales. “Con la concesionaria, el trabajo es oportuno. No tenemos ningún problema. De hecho, los técnicos de la misma concesionaria nos apoyan en las reuniones [sobre la construcción de la obra] con las autoridades”, dispuso.
El alcalde aclaró que todos los predios necesarios para realizar la obra se encuentran liberados. “Los negocios que estaban en la zona de influencia de la obra fueron retirados desde antes a la pandemia. Se han posicionado en otra etapa, pero no se ven afectados. Ya se liquidó a las familias en la zona de influencia. El último predio que tenía interferencia era el perímetro del estadio [de Mala], pero ya se dio el permiso para que inicien la obra. Tampoco hay interferencias en las redes agua y desagüe, solo existe una interferencia en el cableado de alumbrado público que se subsanará iniciada la obra”, detalló.
Marcha pacífica
Ante la larga demora, se ha convocado a una manifestación para este viernes 23 de febrero con el fin de exigir al Estado la ejecución de esta obra. Esta movilización -que ha sido autorizada por la Prefectura de Cañete- iniciará a las 3 p.m. en el Estadio de Bujama, ubicado a la altura del cruce donde se prevé construir la obra. El alcalde del distrito maleño acompañará a los vecinos, quienes se trasladarán por el carril derecho de la vía en dirección al puente Totoritas para luego retornar al punto inicial. “Esta movilización la ha convocado la propia población de Bujama, son ellos quienes han obtenido el permiso”, recalcó el burgomaestre.
El recorrido —de unos 4,7 kilómetros por tramo— se desarrollará entre las 4 p.m. y las 7 p.m. Cabe señalar que, en esa zona, la carretera solo tiene dos carriles por lado, por lo que la presencia de los manifestantes en uno de los carriles afectará a la circulación de vehículos. El control y supervisión del evento estará a cargo de la Comisaría de Mala, con el apoyo de personal de las Comisarías de Cañete, Asia, San Antonio, la Policía de Carreteras y la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Mala tiene alrededor de 60,000 habitantes. Nosotros esperamos que acudan [a la movilización] cerca de dos mil personas. Yo me he reunido con el comisario de nuestra dependencia para pedir la protección adecuada. Lo que Mala quiere es manifestarse de manera pacífica. No planeamos bloquear las vías ni quemar llantas”, resaltó Espichán.
Zona de riesgo
El límite de velocidad permitido en la carretera Panamericana Sur es de 100 kilómetros por hora para vehículos particulares. Sin embargo, entre los kilómetros 89 y 91 de dicha vía nacional, la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora, al tratarse de un tramo que cruza o circunvala un centro poblado. Es en este punto donde -indicó el alcalde- se han registrado cerca de 200 fallecidos desde el 2010. “La Policía registra alrededor de 50 muertes en el lugar [a causa de accidentes de tránsito]. Sin embargo, ha habido accidentes donde las víctimas han fallecido en clínicas o en el camino a estas. Sumando todo, se aproxima a los doscientos fallecidos”, explicó.
El Reglamento Nacional de Tránsito establece en su artículo 164 que “en vías que circunvalen zonas urbanas [como sucede en el caso de Bujama]” la velocidad no puede superar los 60 km/h, “salvo señalización en contrario”. En este lugar, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) -entidad adscrita al MTC- viene sancionando desde inicios de año a quienes no cumplan con dicho límite. En entrevista con El Comercio, Franklin Barreto, exjefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, advirtió que existe un riesgo cuando el cambio de velocidades -como ocurre en el sector de Bujama- no está bien señalizado.
“Tenemos vías de circulación que tienen un límite de 100 km/h, pero en cualquier momento que se le ocurra a la autoridad, se cambia la velocidad sin previo aviso”, criticó. “Si un vehículo recorre a 100 kilómetros por hora y [al frente otro vehículo reduce su velocidad a 60], vamos a ver que una persona que acate esto puede ocasionar un mayor perjuicio”, contempló Barreto. “Me suena más que el efecto [que busca esta medida] es más recaudatorio que preventivo”, sostuvo, argumentando que la fiscalización en este punto al transporte privado “no soluciona los problemas” que ponen en riesgo a los vecinos de la zona y los usuarios de esta importante vía nacional.
Por su parte, Espichán explicó que la reducción de velocidad en este punto fue una propuesta de la autoridad local, que inició con la declaratoria de zona urbana al sector de Bujama. Respecto a la fiscalización, el alcalde precisó que “los operativos [que realiza la Sutrán] los hacen los fines de semana y en horas puntuales. No es que haya una cámara fija o una constancia, solo vienen unas horas”.
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