El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) emitió un comunicado interno que ha generado preocupación entre su personal. Según el documento, la entidad tomó conocimiento de un audio difundido por WhatsApp que contiene mensajes extorsivos que podría comprometer su seguridad.
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Ante esta situación, Osinergmin activó una serie de medidas inmediatas con el objetivo de salvaguardar la integridad de sus colaboradores y el entorno laboral. En primer lugar, se informó a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú para que se inicien las investigaciones pertinentes. Además, se están realizando coordinaciones con las Municipalidades de Magdalena del Mar y Miraflores —donde la entidad cuenta con sedes— para reforzar la seguridad en las zonas correspondientes.
A nivel interno, la Gerencia de Administración y Finanzas también ha dispuesto acciones para intensificar las medidas de seguridad en las oficinas de Osinergmin. Asimismo, se recomendó a los trabajadores que, en caso de recibir mensajes o llamadas sospechosas, contacten al Oficial de Seguridad y Confianza Digital, Jorge Abad Jesús, a través del correo [email protected].
Finalmente, Osinergmin reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus colaboradores. “Confiamos en que, como siempre, enfrentaremos esta situación con serenidad, solidaridad y unidad”, concluye el comunicado.
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Estado de emergencia y aumento de la delincuencia
El gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad. Esta medida permite la suspensión de ciertas libertades civiles y la realización de arrestos sin órdenes judiciales durante 30 días. Se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se han incrementado las patrullas en estaciones de tren y autobús.
Según estadísticas gubernamentales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con los 674 de 2017. Además, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la declaración del estado de emergencia no es suficiente para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha instado a implementar medidas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.
