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Brookfield inició este 12 de marzo un procedimiento arbitral internacional en donde reclama una restitución de más de US$2.700 millones por el valor de Rutas de Lima S.A.C (“Rutas”).
El anuncio de hoy se produce después de años en los que la compañía considera que hubo acciones arbitrarias por parte de la Municipalidad de Lima y otras entidades peruanas, como el Tribunal Constitucional, lo que afirma Brookfield ha privado a Rutas de Lima de su capacidad para cobrar peajes de uno de los tramos de la concesión, indicó Brookfield en su comunicado.
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Asimismo, la compañía de fondos de inversiones indicó que ya dos tribunales internacionales, así como una corte federal en EE.UU. han ordenado el pago de más de US$200 millones en favor de Rutas como compensaciones por reiterados incumplimientos del Contrato de Concesión de Rutas por parte de la Municipalidad de Lima.
Sin embargo, a la fecha, la Municipalidad no habría pagado estos montos. La suma de estas acciones, así como un número de actos adicionales por parte del Estado, han privado a Brookfield del valor de su inversión en Rutas, refirió Brookfield.
“Durante muchos años, Brookfield ha invertido con entusiasmo en el Perú, pero desafortunadamente nuestra confianza se ha visto quebrantada. Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado peruano haya tomado nuestra inversión en contra del estado de derecho y la seguridad jurídica, y traten de engañar al público sobre nuestra compañía y nuestra inversión en Rutas”, cuestionó Ben Vaughan, gerente global de Operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield. La compañía dijo que confía en que el proceso arbitral les permitirá recibir un resarcimiento pleno.
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“Teniendo en cuenta el objetivo declarado del Perú de aumentar la inversión extranjera de escala en el país, mantenemos la esperanza de que podamos encontrar una solución aceptable con el Estado peruano”, finalizó Vaughan, luego de considerar que las acciones del Perú son irrazonables y contraproducentes.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados; por tanto, si bien el proceso se origina por la controversia de la compañía con la Municipalidad de Lima (MML), al ser un proceso de arbitraje, el demandado es el Estado Peruano, no la MML. Es así que el proceso lo sigue y lo gestiona en Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El Perú está involucrado en 39 controversias internacionales de inversión administradas por el CIADI que registra el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) a la fecha. De esta lista, 21 han concluido y el resto mantiene un proceso pendiente, según el portal oficial de CIADI.
El Comercio buscó un pronunciamiento de parte de la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero hasta el cierre de edición no se emitió ninguno. El MEF tampoco confirmó a este Diario si ha recibido alguna notificación respecto a la demanda.
