Ha sido un camino complejo, muchas veces he sentido que tenía que arar en el desierto, muchas veces he sentido como que fuera una voz solitaria, cuando he sido jueza, con votos en minorías, sobre todo en casos de delitos contra las mujeres, sobre todo el tema de libertad sexual, antes era contra el honor y las buenas costumbres. Había que trabajar mucho en la construcción de sentencias que tuvieran la mirada de las víctimas y eso demandaba bastante resistencia.
— La gente no confía en el PJ. En la última encuesta de El Comercio, el 80% no cree en los jueces. ¿Qué hará para devolvernos la confianza?
No podemos negar. Sería algo irresponsable de mi parte decir que toda la población cree en nosotros. Sin embargo, tenemos un nivel de aceptación que responde a un nivel de confianza que debe ser medido de manera distinta.
— ¿En qué sentido?
Vamos a tener siempre un 50% de la población que no quedará satisfecha con una decisión, porque entre las dos partes, una siempre pierde. Sí creo que lo que más reclama la población es la lentitud con la que se resuelven los casos.
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— Su mea culpa va por el plazo no razonable.
Tengo que explicar: si tenemos una posta médica y se presentan mil personas, todas en estado grave o crítico y si hay solo un médico, definitivamente algunos pacientes van a morir. Esa es la realidad judicial: tenemos una cantidad de casos impresionante. Con el impacto de algunas de las normas que ha dictado el Congreso, en tres meses, la Sala Penal Permanente de tener una carga de 3.000 expedientes ha pasado a 14.500.
— ¿Pero qué hace falta?
Falta de todo. Faltan más jueces. Falta más conciencia del uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. En los modelos garantistas que tenemos importa que cada paso que esté debidamente acorde a las leyes y a los derechos de defensa de las partes, pero se ha llegado quizás en algunos casos a abusar de los mecanismos legales.
— ¿Qué mecanismo en particular? ¿Las impugnaciones, las nulidades?
A cada paso que da el juez, si hay unos 10, 15 o 20 abogados en la causa, hay 20 impugnaciones. Asumamos la responsabilidad que nos corresponde y si los jueces no quieren trabajar en función de principios y valores, tienen las puertas abiertas y que se vayan a su casa.
— Hay personas implicadas en procesos por delitos de lesa humanidad desde el 2002.
Hay una corresponsabilidad y lo que nos corresponde a nosotros es repotenciar el área penal.
— ¿Hay malos jueces penales?
Más que hablar de malos jueces penales, hay una necesidad de tener audiencias más seguidas y más cortas, de tener la posibilidad de contar con equipos de apoyo y mirar dónde están los nudos, las trabas para dar respuestas más eficaces.
— ¿Admite que hay una crisis en el Poder Judicial?
No, yo no admito que haya una crisis. Lo que yo señalo es que hay dificultades que tenemos que abordar porque formamos parte de un sistema en el que estamos involucrados todos. Hay centenares de casos para pocos jueces.
— ¿Cree que hay un abuso de la prisión preventiva?
En principio, considero que nunca podemos generalizar y podría haber algunos casos con algunos excesos, pero no es lo general. Los jueces están muy capacitados para resolver en función de los elementos probatorios. En algunas ocasiones, cuando atendemos a las personas y me explican, yo les digo: les puedo creer, pero si no está en el expediente, no existe.
— ¿Y qué piensa del escenario político y de justicia?
El escenario judicial no es el lugar para dirimir disputas políticas. En ese sentido, vamos a ser mucho más drásticos. Estamos generando la confianza de nuestros jueces para que puedan informar y advertir si el proceso está siendo utilizado con fines políticos, que es muy distinto a que políticos puedan ser sometidos a un proceso como cualquier persona.
— ¿Reconoce que se ha judicializado la política?
Tampoco. No ponga palabras en mi boca.
— Le estoy preguntando.
Lo que yo digo es que tenemos que estar atentos. Lo que puedo responder es que ahora tenemos casos de políticos que están siendo juzgados en base a pruebas y me voy a comprometer en ver que los jueces respondan de manera más célere. También he empezado con los llamados a la JNJ para que dicte o convoque los concursos para los jueces titulares.
— ¡La provisionalidad es un gran problema!
Se cree que ha afectado demasiado y no creo que sea un gran problema. La provisionalidad forma parte de la solución que tenemos a la mano. La provisionalidad está referida a jueces y juezas que son titulares de instancias inferiores, que son promovidas a las superiores, no es cierto que este juez puede hacer lo que quiera porque no es titular, es titular de su instancia. Algunos de los problemas que hemos tenido es con los jueces supernumerarios, que son abogados de lo que llamamos la calle. Nos faltan jueces supremos titulares y de hecho la JNJ no ha actuado. Falta que se sincere la carga. Por eso le mencionaba el impacto que ha tenido una ley. No es posible que los autos de enjuiciamiento que nunca fueron impugnables porque responden a una etapa en la que ya se ya se saneó todo y hubo tutela de derecho, ahora puede ser también materia de impugnación.
— Imagino que en años…
Por eso hablo de corresponsabilidad. El Congreso no puede seguir dictando normas sin considerar el impacto.
—¿El Congreso ha sido irresponsable?
El Congreso ha tomado decisiones sin escuchar a quienes aplicamos las leyes todos los días. La fiscalía ya presentó demanda de inconstitucionalidad y vamos a evaluar también la posibilidad de sumarnos a esa demanda. Pero quizá dando este mensaje podríamos escuchar que los congresistas retroceden y no sería un retroceso en el sentido de que alguien pierda o que gane, lo que tenemos que hacer es beneficiar a la sociedad.
— ¿Y cómo ha golpeado al sistema de justicia que Dina Boluarte se siga demorando en promulgar la ley de detención preliminar?
Lo que yo puedo decir es que aquí estamos con la expectativa de que se promulguen las leyes que vayan en la línea de la rectificación.
—¿Cuál es su postura jurídica sobre la ley que acaba de aprobar el Congreso y que señala que en los delitos cometidos antes del 1 de julio del 2002 y que tipifican como delitos de lesa humanidad sí se puede aplicar la prescripción?
Tenemos un análisis que estamos terminando con exposiciones claras en el sentido de tener ya una jurisprudencia que va en la línea de la no prescriptibilidad de los delitos de esa naturaleza y que va de la mano con los pronunciamientos de los órganos de justicia internacionales.
— Lo que está diciendo es que no habrá impunidad en delitos de lesa humanidad y que si tienen que enfrentarse al Congreso lo hará…
No tiene que haber impunidad, en ningún caso.
— ¿Y si el Congreso lo toma como intromisión?
La intromisión sería al revés, la Constitución establece claramente que ninguna autoridad puede abocarse a los procesos de conocimiento del Poder Judicial. Tenemos que ver los límites, todos tenemos competencias, atribuciones y obligaciones que están establecidos en nuestro marco constitucional. Lo que señala la Constitución es que somos tres poderes del Estado en igualdad de condiciones.
— Los congresistas le podrían decir que usted promovió un pronunciamiento en el mismo PJ a favor de Zoraida Ávalos. ¿No fue una intromisión frente a la decisión del Congreso?
Nunca tomamos una decisión a favor de la doctora Ávalos.
— Hicieron un pronunciamiento.
Pedimos una sala plena para analizar los mecanismos que se estaban utilizando. Pero no fue una defensa de Zoraida Ávalos.
— Entonces, niega que sea caviar y que forme parte del grupo de Zoraida Ávalos.
A la doctora Zoraida Ávalos la conozco por ser fiscal. No tenemos ninguna amistad o cercanía. Los adjetivos calificativos forman parte de una sociedad prejuiciosa y estereotipada como la nuestra.
— ¿Por qué Toledo está preso y Susana Villarán no, con todo lo que se sabe?
Tiene proceso abierto.
— Keiko Fujimori entró tres veces a la cárcel, Susana fue liberada.
Tenemos que tener confianza en que los jueces van a tomar las mejores decisiones.
— Cerrón dice que está prófugo porque no cree en la justicia del Perú, que hay una persecución política. Nicanor Bouluarte, el hermano de la presidenta actual, también está prófugo. ¿Qué piensa de estos dos casos?
En el primer caso, tenemos sentencias condenatorias. El caso está resuelto y si es considerado una persona que se ha escapado de la justicia, tiene que responder porque ya ha sido sometido a juicios y las personas que son condenadas, por lo general, tienden a decir que no creen en la justicia. En el caso de Nicanor, es una persona que está siendo investigada y en su momento tendrá que responder. Nadie puede tener privilegios.
“Todas las personas tenemos que responder ante la justicia”
— ¿Qué piensa del acuerdo con Odebrecht, ahora es público?
Considero que es correcto que conozcamos todo lo que sea de interés nacional; este acuerdo o cualquier otro. Sobre el contenido, dejemos que sean las instancias correspondientes que den las opiniones, porque todavía tenemos muchos casos que se derivan.
— ¿Tiene alguna respuesta para Vizcarra? Dice que es un perseguido del sistema judicial.
Todas las personas, así seamos jueces, congresistas, expresidentes, tenemos que responder ante la justicia.
— ¿Van a mantener acuerdos de capacitación con IDL?
Vamos a hacer una revisión de todos los convenios.
— Le hacía esta pregunta porque aseguran que Gorriti tiene demasiado poder en la Fiscalía y en el Poder Judicial.
Nunca lo he visto pasar por aquí.
— ¿Usted es amiga de Gorriti?
No. Además la historia es un poco larga, pero yo no tengo mayor relación con el IDL desde hace 20 años.
— ¿Por qué? ¿Le tuvieron desconfianza?
No, desconfianza, no.
— Porque era mujer.
No. En verdad, porque teníamos algunas posiciones en las que siempre hemos defendido la independencia y la reserva de las decisiones.
— Usted es jueza de carrera, pero no cree en la ratificación de jueces.
Precisamente por eso, porque si hay algo que yo tengo que responder no vamos a esperar que la junta me ratifique. Nosotros tenemos un sinnúmero de mecanismos que evidenciarán si yo tengo una conducta indebida, porque por mis decisiones no me pueden sacar, salvo que sea una decisión que se demuestre que responde a un interés. Entonces, ¿en qué me ratifican? ¿En qué me otorgan la confianza? Este es un cargo en el que hemos postulado, nos hemos sometido a concurso público de méritos.
— ¿Las nuevas leyes son normas hechas para los delincuentes?
Son normas que hasta el momento no están apostando a reforzar el sistema de justicia.
— O sea, están reforzando la impunidad
No me atrevería a hacer esa afirmación.
— ¿Reconoce abusos en la prisión preventiva?
Podrían haber, no digo que no.
— Igual en la colaboración eficaz.
Le dije al inicio, nunca podemos generalizar. Decir que voy a cambiar el Poder Judicial de la noche a la mañana sería mentir. No puedo decir eso. No puedo garantizar que no va a haber un solo hecho de corrupción y que nunca jamás un proceso va a tardar. No puedo. Si los jueces nos equivocamos, pues tendremos que corregir. Yo soy una ferviente defensora de que el error me permite avanzar. También creo que es necesario recuperar la educación y la decencia.
— ¿Y el decoro? El Caso Lava Jato es una vergüenza. Todos los grandes tiburones libres, colaboradores eficaces, ninguno preso. ¿No deben hacer un mea culpa?
Yo no estoy diciendo que no. He comenzado diciendo que tenemos una corresponsabilidad.
