La jueza suprema Elvia Barrios, expresidenta del Poder Judicial, cuestionó al Congreso por modificar constantemente el Código Penal, cambiar leyes que afectan al sistema de administración de justicia y hacerlo sin pedirle opinión a los actores involucrados.
“Tenemos un conjunto de normas que antes de facilitar con estas que el proceso sea célere, lo que hacen es lo complejizan y hacen que el sistema se sobrecargue de procesos”, señaló en un video difundido por el Poder Judicial.
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Barrios recordó que la sala plena de la Corte Suprema ha creado una comisión dedicada exclusivamente a evaluar todo el paquete de normas que el Poder Legislativo ha emitido en los últimos meses y que han afectado la labor de jueces y fiscales, ya que se han realizado sin tomar en cuenta la opinión de los magistrados.
“Todos los días nos cambian el Código Penal, por Dios. A cada momento hay una norma que tiene impacto. No me gusta, la cambio. Así, directo, y no nos piden opinión”, reclamó.
La magistrada suprema recordó que los jueces son especialistas y, por ende, en una “línea de respeto y equilibrio que tiene que haber en el trato entre poderse del Estado”, deberían avisar al Poder Judicial si están o no de acuerdo con leyes.
“Pero no, nos mandan un paquete normativo de difícil aplicación que hace que ingresemos en conflicto donde, en muchos casos, no generamos predictibilidad y afectamos a la seguridad jurídica porque cada uno tiene una opinión diversa y aplica -bajo su independencia- los criterios que tiene con relación a esa norma”, aseveró.
Elvia Barrios señaló que se está elaborando en la comisión un informe para llamar a la reflexión al Parlamento.
“Los legisladores legislan y dan una norma sin la opinión nuestra. ¿Acaso ustedes saben que esto tiene consecuencia en la seguridad jurídica? ¿Que la criminalidad organizada criminalidad organizada nos está encimando? ¿Saben acaso ustedes que tenemos tal número de procesos a cargo de jueces mayoritariamente supernumerarios y provisionales?”, resaltó la jueza.
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Como ejemplo, resaltó que ahora la sala penal permanente de la Corte Suprema que usualmente tiene unos 4 mil casos, ahora tiene una carga procesal de aproximadamente 14.500 casos. A esto se suma que hay una nueva norma para que, en caso haya una sentencia de pena privativa de la libertad, “obligatoriamente tiene que ser admitida ante la Corte Suprema el recurso de casación”.
Finalmente, Barrios dijo que cada sector tiene que hacer una autocrítica y asumir que están ocupando sus cargos para “construir, no para destruir, para hacer obra, no para derribarla, para fortalecer las instituciones y no debilitarlas”.
